El próximo 28 de noviembre se cumple medio siglo de las elecciones generales de 1971. Fueron las últimas antes de la dictadura iniciada en junio de 1973. Vale la pena analizarlas con perspectiva histórica.

En primer lugar, fueron elecciones plurales que se llevaron adelante en un contexto político e institucional muy difícil. Por un lado, la acción guerrillera izquierdista, sobre todo protagonizada por los Tupamaros, había entrado en una escalada de atentados, secuestros y asesinatos muy graves. Además, en setiembre se sumó la fuga de la plana mayor de la dirigencia terrorista tupamara de la cárcel de Punta Carretas, por lo que en pleno año electoral corría enorme riesgo la estabilidad de la democracia: fue a partir de ese episodio, y no antes, que el presidente Pacheco encomendó a las fuerzas armadas el combate a la guerrilla.

Por otro lado, la decisión de agosto del presidente Pacheco de ir por la reelección inmediata, intentando así promover una reforma constitucional que debía votarse en simultáneo con las elecciones de noviembre, cambió el signo general de los comicios. En efecto, la fuerte impronta de Pacheco se hizo sentir en el proceso proselitista, y quien terminó ganando las elecciones por el régimen vigente, es decir Juan María Bordaberry, no ocupó el lugar de candidato protagónico acorde a una fuerte figura presidencial.

En segundo lugar, el afianzamiento de la izquierda en torno a un frente político común tuvo su primer éxito electoral en esa instancia de noviembre. El Frente Amplio llevó a Seregni como candidato presidencial; canalizó en el sector de Erro la simpatía electoral que podía llegar a tener el movimiento guerrillero; reunió a algunas figuras escindidas de los partidos tradicionales; y en todos los casos, tuvo un discurso crítico de la democracia nacional en el que predominó la visión izquierdista radical que mucho debía a la concepción marxista leninista de la historia, ya sea protagonizada por el Partido Comunista, o ya sea esputada por el socialismo de Trías, que hoy todo el mundo tiene claro que fue un vulgar espía internacional y un traidor a la Patria.

Las elecciones de noviembre definieron así el rumbo del país. Hubo una fuerte participación ciudadana, cercana al 90%, lo que ayudó a legitimar el resultado. Pero, al mismo tiempo, los escasos 13.000 votos que separaron a los colorados de los blancos, junto al torcido protagonismo de Pacheco y a algunas denuncias de irregularidades electorales, hicieron que las nuevas autoridades electas no arrancaran con buen pie. Además, lejos de aceptar los resultados, los tupamaros retomaron sus acciones guerrilleras inmediatamente: no solamente cometieron el infame asesinato del peón Pascasio Báez en diciembre, por ejemplo, sino que también a fin de año tomaron el aeropuerto militar de Paysandú y el poblado Constancia de ese departamento.

El sistema electoral de aquellos comicios tampoco ayudaba a consolidar una autoridad presidencial con gran respaldo político. En efecto, el doble voto simultáneo fijaba que el ganador fuera el candidato más votado dentro del lema más votado. En concreto, Bordaberry, que había dejado en la campaña el lugar protagónico a Pacheco, había recibido individualmente menos votos que su oponente blanco Ferreira; no tenía mayoría absoluta partidaria propia en el Parlamento; y ni siquiera podía considerarse jefe de ningún sector dentro del Partido Colorado.

La esperanza de salir de la crisis política mediante el instrumento preferido de los uruguayos que son las elecciones libres y plurales, se vio así frustrada en 1971. Pero si bien esto es una constatación histórica evidente, no es menos cierto que la interpretación izquierdista que se ha querido hacer de esta época ha sesgado tremendamente la visión que tenemos de aquel Uruguay de hace medio siglo.

En este sentido, quizá el peor ejemplo de ese sesgo sea el de la ley n° 18.596, que en su artículo 2 miente descaradamente al pretender fijar una responsabilidad estatal “en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973”.

El relato izquierdista procura así, por ley, dar inicio a la dictadura en 1968. Niega de esta manera, entre otras cosas, el protagonismo democrático de esta histórica elección de 1971 que tan importantes consecuencias tuvo para el país.