EDITORIAL
diario El País

Me opongo, luego existo

La actitud permanente de la oposición frenteamplista ha sido desde el primero de marzo y aún antes, la de oponerse a todo lo que propone el gobierno. Primero se oponen y después piensan.

Su iniciativa reciente de llevar a la justicia un asunto minúsculo como el de la llamada telefónica entre la vicepresidenta Argimón y un relacionista público, episodio más propio de un programa de chimentos que de un hecho político, pone de manifiesto que se agarran de cualquier cable pelado con tal de criticar a un gobierno que exhibe un respaldo popular ejemplar. Alcanza con contrastar esta pequeñez con la denuncia penal que realizara en 2016 la actual coalición contra el gobierno del FA, a raíz del escándalo de Ancap: la insólita quiebra de una empresa estatal monopólica, que costó a los uruguayos la friolera de 800 millones de dólares.

Encolumnada tras las incoherencias de un muchacho que publica videos selfie cantando "Color esperanza", parece que ahora la dirigencia frenteamplista estuviera buscando una revancha de aquella otra denuncia, bastante más seria, que condujo a la caída de un vicepresidente.

La vocación de realizar demagogia con la excusa de la pandemia es una prueba más del mismo afán.

Primero salieron a reclamar cuarentena obligatoria, tal como la propusieron sus amigos ideológicos del otro lado del charco. Al cabo de las primeras semanas de declararse la emergencia sanitaria, no había frenteamplista que no tratara al gobierno de temerario por su apuesta a un confinamiento asumido como responsabilidad y no como coacción. Hasta el expresidente Vázquez se pronunció sobre el tema. Pero el tiempo pasó y quedó demostrado que el camino elegido por el presidente Lacalle Pou fue el correcto. Entonces no solo se desdijeron, sino que saltaron al extremo opuesto.

Desde la Intendencia de Montevideo, peatonalizaron 18 de Julio los fines de semana, promoviendo riesgosas aglomeraciones de gente sin tapabocas.

En los últimos días, se subieron a la comprensible angustia del sector cultural, que está atravesando una difícil situación económica y reclama con urgencia la reapertura de las salas de espectáculos. Pero vea el lector lo que son las cosas: la semana pasada, los ediles de la bancada opositora elevaron a la Junta Departamental montevideana la propuesta de que la Intendencia exonere los tributos municipales a los espectáculos, a partir del momento en que sean autorizados y por lo que resta del año. Es una medida de estímulo a la actividad, que posiblemente se vea resentida por la reticencia del público a concurrir a las salas, cuando la pandemia aún no ha sido derrotada. La exoneración de impuestos permitiría o bien abaratar el precio de las entradas, o bien ampliar el margen de ingresos para los productores y artistas. Sin embargo, la bancada frenteamplista mayoritaria votó en contra de esa loable iniciativa y la acusó sin más trámite de ser "demagogia de derecha".

Votaron en cambio una larga e inane declaración en que enumeraron lo que han aportado al sector cultural, agregando que dejarán en manos de la Dirección de Hacienda de la Intendencia cualquier iniciativa concreta de modificación impositiva.

Obviamente las redes sociales estallaron de indignación, más por provenir esa marcha atrás de quienes siempre se autoatribuyen la representatividad de los artistas.

El 27 de setiembre, los montevideanos elegiremos si habremos de seguir con un manejo discrecional de los recursos que extraen de nuestros bolsillos.

Pero cada vez son menos los montevideanos que se tragan la pastilla. La negativa a exonerar de impuestos los espectáculos públicos (un rubro que permitió a la Intendencia recaudar, solo en 2019, más de 75 millones de pesos), vuelve a poner al descubierto una política extractiva de recursos que poco tiene que ver con el incentivo a la cultura y mucho con el aceitado por tiempo indefinido de una maquinaria de prebendas, similar a la que el ministro Bartol está develando todos los días en el manejo del Mides frenteamplista.

Algunos ediles oficialistas se defendieron en las redes, aduciendo que ese tributo es el que financia las subvenciones a la industria audiovisual, como si una Intendencia que recauda dos millones de dólares por día no contara con otras fuentes para financiar al cine. Como si el beneficio para una actividad artística solo se pudiera obtener a partir del castigo a otra del mismo tenor.

El 27 de setiembre, los montevideanos elegiremos si habremos de seguir con un manejo discrecional de los recursos que extraen de nuestros bolsillos, o impulsaremos al fin, con Laura Raffo, un imprescindible giro de timón hacia la probidad administrativa, la transparencia y la verdadera sensibilidad social.

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