Las reformas estructurales prometidas todavía esperan. La madre de todas ellas tiene como resultado 60.000 funcionarios públicos más, sin contar las sociedades de derecho privado como ALUR o Gas Sayago donde se pagan sueldos tan indecentes como irritantes.

Todo gobierno debe afrontar dificultades provenientes del escenario global, algunas contagiosas derivadas de la vecindad y otras nacionales originadas por la "la exuberancia irracional" como la definiera Alan Greenspan.

De esa forma es que puede definirse la actuación del Poder Ejecutivo y del equipo económico encabezado por el ministro Astori. Una exuberancia irracional que se expresa a primera vista en el proyecto de Rendición de Cuentas; un documento impresentable técnica y políticamente. Una respuesta a la presión política de gastar sin control de la mano de nuevos impuestos y medidas tan ilegales como inconvenientes.

Veamos. Un déficit fiscal del 4% se mantiene acompañado de un desempleo del 8% y de un endeudamiento externo que alcanza los niveles más altos de la historia. La inversión en infraestructura es deficiente, y si algo faltaba, los socialistas y estatistas apuestan a una inversión privada que reclama una infraestructura de transporte inexistente.

Las reformas estructurales que se prometieron desde el 2004 todavía esperan. La madre de todas ellas, la del Estado, tiene como resultado 60.000 funcionarios públicos más, sin contar los que figuran en las sociedades de derecho privado como ALUR o Gas Sayago donde se pagan sueldos tan indecentes como irritantes.

La reforma de la Educación invocada por el Sr. Mujica en su discurso inaugural muestra resultados que comprometen por los menos dos generaciones y sólo es noticia cuando se agrede a una maestra o se hace un sumario a una Directora por "violar" el principio de laicidad. Las pruebas PISA ni se mencionan, mientras los institutos privados que respaldan la educación en los barrios más carenciados son perseguidos por la furia ideológica que despierta sus logros en formación e inclusión social.

Pueden agregarse tres temas que hablan de la falta de seriedad de la política económica.

El primero, es el "mordiscón" al sistema de Retiro de las Fuerzas Armadas; se afectan derechos adquiridos por una norma inconstitucional. Lo mismo sucedió con la recordada ley de Pluna relacionada con un episodio que determinó la intervención de la Justicia y el procesamiento de las máximas jerarquías del equipo económico.

El segundo, es el artículo 15 del Proyecto que declara la impunidad del Estado en juicios que lo condenen, haciendo depender el pago de las sumas definidas a la voluntad del Poder Ejecutivo, es decir el demandado, incluyendo Arbitrajes que se realizan en el marco de Tratados que obligan al país.

La defensa de la seguridad jurídica es nuestro principal escudo, pero poco le importa al Frente Amplio y a su equipo económico salvo hacer todos los deberes para quedar bien con los miembros de la OCDE; bueno sería que algún inquieto legislador preguntara sobre los juicios arbitrales actuales contra el Estado y las sumas que se reclaman, ¿no existirá alguno en proceso que involucre sumas millonarias?

El tercero es la propuesta de aumentar la tasa consular acompañada con declaraciones del Ministro de Economía afirmando que "no le hubiera gustado aplicarla...". Una medida de este tipo nos hace perder toda autoridad para reclamar contra la conducta de otros países, sobre todo, porque no tendremos argumentos ni la capacidad de reparar los daños que nos causen medidas similares. ¿Cómo se va a defender el sector automotriz cuando todavía se beneficia de un reintegro del 10% que se viene extendiendo en la OMC? ¿Qué le podríamos decir a las autoridades aduaneras brasileñas o argentinas cuando nos apliquen decretos o medidas no ajustadas a derecho para proteger algunos de sus sectores?

Todos los uruguayos nos preguntamos ¿pero qué rumbo tiene el gobierno? ¿No hay nadie del Frente Amplio que levante la voz a favor de gastar menos y mejor? Un poder del Estado como la Justicia, garantía del principio de separación de poderes, ¿puede seguir sufriendo el "bullying" del equipo económico? No se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta que un gobierno bolivariano como el nuestro no tolera una Justicia independiente que cuando deba actuar, no se someterá a presiones políticas.

Vamos mal por este camino.

La credibilidad del gobierno está más que comprometida. Los problemas estructurales se agravan y los episodios de todos los días invaden los noticieros a pesar del esfuerzo del gobierno por ocultar la realidad.

Alcanzó con que el tiempo de las "vacas gordas" se terminara para que la respuesta más fácil sea quitarle los recursos ilegalmente a los titulares de derechos adquiridos, no se concreten las inversiones básicas en infraestructura y se ataque a la Justicia y a la seguridad jurídica desde el frío altar de los números populistas. Una gestión que quedara como un triste recuerdo.

EDITORIAL