Editorial

Maduro y el factor Bachelet

La expresidenta deberá decidir cuál será su política en materia de protección de derechos humanos en el mundo. O los defiende sin importar ante quién o elige y actúa conforme a sus afinidades ideológicas.

Desde el 1° de septiembre, Michelle Bachelet ocupa el cargo de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Socialista, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) primero por la Concertación y luego por Nueva Mayoría, deberá desempeñarse ahora en un puesto que por lo general no genera muchos amigos y, por el contrario, enfurece a los autócratas que pululan por el mundo. Su antecesor, el jordano Zeid Ra’ad al Hussein, tuvo notorios choques con gobiernos considerados de derecha como el de Vicktor Orbán en Hungría o Rodrigo Duterte en Filipinas y con otros que se alinean en la izquierda, como el de Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.

Para el régimen de Maduro, Al Hussein hipotecó "desde el comienzo de su mandato, la majestad del cargo que representa para colocarlo al servicio de la estrategia de agresión permanente que se desarrolla contra la República Bolivariana de Venezuela". Para el presidente de Nicaragua el jordano es (o fue) "un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia". Su pecado fue denunciar flagrantes violaciones de los Derechos Humanos a cargo de los gobiernos de esos países. Ocurre que en el caso de Nicaragua (país pobre, satélite de Venezuela), nadie quema tinta ni tiempo en defenderlo. Hasta el gobierno de Tabaré Vázquez se sumó a otros 12 países de la región para expresar "su preocupación por la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia (…) que han provocado la lamentable pérdida de 300 vidas humanas".

En el caso de Venezuela el informe de Derechos Humanos de Al Hussein fue tremendamente categórico, pero el gobierno de Tabaré Vázquez no considera que el régimen de Maduro pueda ser cuestionado. Deja de lado, directamente, acusaciones de homicidios ("ejecuciones extrajudiciales" la llaman Al Hussein), el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (163 muertos), detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. "Entre los métodos usados —dice— figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados; la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte —y en algunos casos con la violencia sexual— a ellos y a sus familiares". El informe también deja al descubierto el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa el país por lo que se refiere a los derechos a la alimentación y a la salud.

Ahora es el turno de Bachelet. La médica chilena cuenta con el lamentable antecedente del también chileno José Miguel Insulza en la OEA —que llegó con la aureola de hombre duro y republicano tras enfrentar la dictadura de Augusto Pinochet— que trasmitía un escenario de esperanza en la región, pero que a lo largo de 10 años de gestión se transformó en un pobre títere sumiso del régimen chavista. Aunque también tiene el antecedente del uruguayo Luis Almagro, que accedió al cargo con un pasado harto preocupante, pero no le tembló el pulso a la hora de sepultarlo y enfrentar a la autocracia venezolana, arropada en una torpe parodia de democracia, donde no hay elecciones libres, donde el Poder Judicial es cualquier cosa menos independiente; donde no existe la libertad de expresión y de prensa; donde se violan los derechos humanos, se apalea y mata a estudiantes en manifestaciones y se apresa sin más a dirigentes opositores.

Bachelet tiene un enorme prestigio en la región y puede extenderlo al mundo si defiende la democracia por encima de todo, sin importar con qué mano comen o se lavan los dientes los dictadores de turno. Empezó bien su mandato en la ONU como Alta Comisionada: entre sus prioridades se encuentran "las graves violaciones documentadas" de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. "Desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela en junio (el de Al Hussein), la oficina ha seguido recibiendo información de violaciones de derechos económicos y sociales, como casos de muerte relacionados con malnutrición o enfermedades que pueden prevenirse, así como violaciones de derechos civiles y políticos". Y Maduro "no se ha mostrado abierto para adoptar medidas de rendición de cuentas" sobre asuntos relacionados con las protestas masivas de 2017".

Veremos cómo sigue, pero no hay dudas que el tema de los derechos humanos en Venezuela no puede esperar más. Y que aunque al gobierno uruguayo no le guste (¿por qué será?), la Venezuela de Maduro es una dictadura y solo cabe su condena. Por el pueblo venezolano.

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