EDITORIAL

Si bien la idea de la regasificadora, lanzada en simultáneo con la "grata visita" de Nicolás Maduro al Uruguay, fue uno de los tantos inventos de Mujica, el presidente Tabaré Vázquez ratificó su construcción a principios de 2016.

Como ocurrió con Ancap, el desastre de la Regasificadora se hará sentir en los bolsillos de los contribuyentes. Se estima que las pérdidas registradas hasta el momento trepan casi hasta los 200 millones de dólares, pero hay varios juicios en trámite contra Gas Sayago (UTE y Ancap) y no hay aún una evaluación definitiva del costo total que ha tenido o tendrá para el Estado uruguayo. Además no hay solo una pérdida para el Estado -otra vez con la marca Frente Amplio- que paga el pueblo con impuestos sino que también están afectadas más de 300 empresas nacionales de distinto porte y de los rubros más variados.

Y que quede claro, si bien fue uno de los tantos inventos de Mujica lanzado en mayo de 2013 cuando recibimos la “grata visita” del venezolano Nicolás Maduro, el actual presidente, Tabaré Vázquez, ratificó su construcción a principios de 2016: “Se va a cumplir y la vamos a terminar en un tiempo prudencial”. Dos gobiernos consecutivos del Frente Amplio apoyaron esta obra, que a todas luces fue siempre un verdadero disparate. Veamos algunas de sus características:

1) La inversión alcanzaba los 1.125 millones de dólares y UTE y Ancap -las dos empresas públicas más poderosas del país- se constituyeron en “fiadores ilimitados, lisos y llanos” de Riaklur (posteriormente GNLS), empresa adjudicataria de la obra. Además, el Estado otorgó una “garantía soberana” en caso de que se incumpliera “cualquiera de las obligaciones garantizadas”, firmada por el presidente Mujica y su ministro de Economía, Fernando Lorenzo. En dos palabras: quedamos hipotecados.

2) Se había solicitado a la empresa naviera japonesa MOL la construcción del buque tanque más grande del mundo (¡sí señor!), de 345 metros de largo por 55 metros de ancho, con una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos, que sería arrendado por Uruguay. La capacidad total de producción de la regasificadora sería de 10 millones de metros cúbicos de gas diarios y se podía ampliar hasta 15 millones de metros cúbicos si la demanda lo requería.

3) De acuerdo a lo que explicaban los voceros frenteamplistas, la demanda de gas uruguaya comprendería el 10% del gas, en tanto el 90% se exportaría en la región, sobre todo a Argentina, por un mínimo de 10 años. Un abierto sin sentido: Argentina tiene enormes reservas de gas natural, que no solo le permiten autoabastecerse sino que también le permiten vender, como por ejemplo a Uruguay (que es lo que hace). Además, tiene dos regasificadoras instaladas y si precisa más, no parece que en la época kirchnerista se “perdiera” esa posibilidad de inversión.

Lo cierto es que en muy poco tiempo pasamos de la utopía a la realidad. Con las obras paradas desde 2015, convirtiéndose en chatarra por su larga siesta a la intemperie y problemas a montones, pocos meses después del anuncio presidencial de continuidad, Vázquez salió a decir -¿de golpe y porrazo?- que “para el Estado ha dejado de ser prioritaria la instalación de una planta regasificadora”. La doctrina Mujica de una cosa y la otra en todo su esplendor.

Sobre este mamarracho de negocio que se abrió con la Regasificadora sobrevuela el fantasma de la corrupción. OAS es una filial del gigante Odebrecht que está asociada a los pagos de sobornos en toda la región, y que en Brasil forma parte del “Lava Jato” que llevó a la cárcel a empresarios, políticos e incluso al expresidente Lula da Silva. Se trata de uno de los principales capítulos de las conclusiones de la Comisión Investigadora Parlamentaria que funcionó para conocer el tema y sus entretelones, integrada por Pablo Abdala, Amín Niffouri y Mario García del Partido Nacional; Alejandro Sánchez, Carlos Varela, Julio Battisoni, Pablo González, Roberto Chiazzaro y Macarena Gelman del Frente Amplio; Walter Verri del Partido Colorado; Daniel Radío del Partido Independiente y Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Los respectivos informes serán presentados el miércoles y según se adelantó, los representantes de la oposición pedirán el pase a la Justicia.

Lo que queda en claro por ahora es que el país se embarcó en una aventura muy costosa, con muy escasa base de estudio previo, pero con muchos deseos de notoriedad, kusturicas y premios Nobel. Ahora se están pagando las consecuencias. Y como ocurrió con Ancap, Pluna, el Fondes, ASSE, los negocios con Venezuela y antes los casinos municipales, la responsabilidad de lo ocurrido no es de aquellos que pueda identificar la justicia o la Jutep: es de todo el Frente Amplio. Desde el primero al último.