EDITORIAL

Lula corrupto

Dentro de su adolescente entendimiento del mundo, nuestra izquierda política y sindical considera que la actuación judicial acerca de Lula forma parte de un complot contra las fuerzas progresistas del continente.

La ratificación judicial unánime de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, de la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil Lula da Silva, vuelve a señalar el estrecho vínculo que caracterizó a los gobiernos de la región llamados progresistas con la peor corrupción histórica de Sudamérica.

Todo resulta de la investigación que ya lleva prácticamente cuatro años conocida como "Lavajato" y que involucra a la empresa Petrobras. Un centenar de condenados en el mundo político y empresarial brasileño ha sido una de las principales consecuencias de esta gran tarea judicial que ha mostrado cómo operaba una amplia red de coimas que aceitaba contratos públicos en beneficio de empresas particulares, a la vez que también servía para el financiamiento oculto de varios partidos políticos, entre los cuales se destacaba el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

Ha sido como consecuencia indirecta de la denuncia y represión de todo este esquema multimillonario de corrupción que los tres jueces del tribunal de apelaciones confirmaron que Lula había aceptado sobornos de la constructora OAS, una de las principales empresas vinculadas a este fenomenal escándalo de tráfico de influencias. Decidieron incluso agravar la condena de prisión que el juez Moro había definido en primera instancia, de 9 a 12 años.

Este conjunto de valientes decisiones muestra un camino de independencia del Poder Judicial de Brasil que es fundamental para la buena salud de cualquier democracia. Pero tiene al menos dos consecuencias políticas muy graves. La primera es que termina de cubrir con un manto de feroz corrupción lo que fueron los años de gobierno del PT (2003-2016) en Brasil, algo de lo cual, por lo demás, nadie que haya revisado la información generada en particular por los casos del "Mensalão" o del "Lavajato" puede tener la más mínima duda. La segunda es que al haber elecciones presidenciales a fin de este año, si por razones de plazos legales termina pudiendo inscribirse ante las autoridades electorales la anunciada candidatura de Lula, se estaría generando un escenario de fuerte incertidumbre institucional para todo Brasil.

Las consecuencias de la bien argumentada condena judicial del expresidente brasileño son también internacionales. En efecto, Lula fue quien dio inicio a la ola progresista en la región. Como presidente del país más relevante del continente, extendió su influencia y fue símbolo de un tiempo político nuevo que hablaba de poner a los pobres en el centro de la atención de las políticas públicas y acabar con la vieja trama de acomodos y coimas con los que se beneficiaban las viejas élites vinculadas al poder. Fue ese mismo signo rupturista, por cierto, que predominó en la propaganda kirchnerista en Argentina o en la que expandió Chávez y el chavismo por todo el continente.

Empero, en todos los casos pero particularmente en el de Lula y el Brasil, lo que va quedando claro es que esa izquierda que traía aires refundacionales y pretendía ser la dueña de la moral pública, en realidad, era tan o más corrupta que cualquiera de sus antecesores en el poder. Incluso más, ha quedado claro cómo en países como Perú o Argentina, por ejemplo, el amplio esquema de corrupción que vinculaba al protagonismo político de Lula con grandes empresas constructoras brasileñas intentó beneficiarse de licitaciones de obras públicas millonarias, y expandió así su ahora bien conocida podredumbre por toda la región.

Llama la atención en este sentido el caso de Uruguay. Por un lado está el convencido apoyo del Frente Amplio y del Pit-Cnt a Lula, que se tradujo por el envío de sendas delegaciones a Porto Alegre para hacer explícito su alineamiento con la peor corrupción del continente. Dentro de su adolescente entendimiento del mundo, nuestra izquierda política y sindical considera que la actuación judicial acerca de Lula forma parte de un complot contra las fuerzas progresistas del continente: algo así como una ramificación del imaginario plan Atlanta, pero esta vez dirigido contra el líder brasileño. Memorizadas las consignas de su pequeño manual infantil de leninismo ilustrado, suponen, balbuceantes y dogmáticos como lo hiciera Sendic, que "si es de izquierda no es corrupto".

Por otro lado, ya es hora de que la opinión pública preste atención al análisis con lupa de Gas Sayago y la Regasificadora que está en manos del Parlamento. Porque Gas Sayago contrató con OAS mientras el corrupto Lula conservaba influencia en el gobierno de Brasil y su amigo Mujica era presidente de Uruguay.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos