Editorial

El fracaso del FA en la lucha contra la delincuencia deja un flanco abierto a la oposición, en vísperas del año electoral, para presentar propuestas que proporcionen la seguridad tan reclamada por la gente.

La inseguridad —antes que la economía o la educación— es la primera preocupación de los uruguayos. No hay noche en que la televisión deje de mostrar las protestas por la delincuencia que amenaza a todo el país. La criminalidad se convirtió en un fenómeno imparable desde que el Frente Amplio llegó al poder en 2005 con su idea de que lo esencial no era reprimir sino atacar "las causas sociales" de la violencia.

En esos primeros años la izquierda dio muestras de debilidad ante el hampa. Debutó con un ministro del Interior más preocupado por los victimarios que por las víctimas de los delitos. Fue el mismo que liberó a cientos de presos y trasmitió un mensaje de cierta tolerancia con los delincuentes.

El resultado fue tan catastrófico que en 2010 un folleto oficial de la campaña del FA —el que postulaba la fórmula Mujica-Astori a la postre triunfadora— reconocía que el tema de la inseguridad era "la gran asignatura pendiente" del gobierno frentista.

Es que el aumento de los delitos —es decir, la realidad— fue convenciendo a la izquierda de que las acciones basadas en aquel discurso social y sus acciones no eran la respuesta adecuada. Así lo advirtió la opinión pública y voceros de la oposición sin obtener soluciones. Hoy, al menos, esa batalla dialéctica está ganada. El FA parece cada vez más convencido de que su política de seguridad erró el camino. Tanto es así que sus dirigentes lo admiten abiertamente.

Por ejemplo, el más reciente de los precandidatos frentistas, Mario Bergara, declaró que los gobiernos de izquierda otrora preocupados por las causas del delito hoy balancean esas inquietudes con la necesidad de apelar a la represión, una palabra que solía excluirse del léxico del buen progresista. Otra prueba de evolución la dio el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en ocasión de una correría sangrienta de los maleantes, cuando declaró que el problema es "entre nosotros y ellos". Esa expresión disgustó a algunos de sus compañeros del MPP, pero la mayoría del país estuvo de acuerdo con Orsi. Hace pocos días, con motivo de otro asesinato de un comerciante, la reiteró el también "emepepista" alcalde de Toledo, una ciudad de Canelones transformada últimamente en "zona roja".

"Nosotros", los ciudadanos del común, y "ellos", los que nos atacan sin tregua.

Ese es el combate que se libra en Uruguay, como lo demuestra el temor imperante entre los ciudadanos que hoy financian decenas de empresas de seguridad para que cumplan las funciones que están a cargo del Estado. La sensación de inseguridad ha llegado a un punto en donde se dan situaciones inauditas como la del "Complejo Quevedo", en donde la policía acaba de desbaratar un fortín narco. En vez de alivio y alegría, en el vecindario hay descontento porque la policía destruyó el muro perimetral erigido por los narcotraficantes y las cámaras de seguridad allí instaladas. Ahora, sin la protección de los narcos, los vecinos se sienten desprotegidos, a merced de los delincuentes.

Así las cosas, en vísperas del año electoral no es extraño que el debate sobre la inseguridad y las formas de combatirla figuren en primer plano en la agenda de los partidos y sus candidatos. Uno de ellos, Luis Lacalle Pou, acaba de difundir los lineamientos de su programa de gobierno, entre los cuales figura un capítulo titulado "Recuperar la convivencia". Se recuerda allí que el primer semestre de 2018 fue el peor en la historia del país en materia de delitos.

El documento contiene una serie de atinadas propuestas entre las cuales están "el fortalecimiento jurídico y simbólico de la policía", una "reorganización profunda" de ese servicio devolviéndole a las comisarías su papel de unidades operativas básicas, el desarrollo de un "combate frontal contra el crimen organizado" y una reforma radical del sistema carcelario.

Del mismo modo, el también nacionalista Jorge Larrañaga ha demostrado su inquietud ante la inseguridad recolectando firmas para plebiscitar una reforma constitucional que permita dar una respuesta más firme ante el desborde criminal. La fuerte aceptación que recibió esa iniciativa es otra prueba del padecimiento de la gente ante el azote de la inseguridad.

El país ha pagado muy caros los preconceptos y errores de los gobiernos progresistas sobre la delincuencia. Hoy está claro que hay otras maneras de abordar el problema. El principio de autoridad y la defensa del ciudadano deben primar antes de cualquier otra consideración. Y la gente votará el año próximo pensando en eso.