Es así porque siempre se hizo así”. Perfecta síntesis de la burocracia, es esta frase. Cualquiera que haya trabajado en el Estado la ha vivido en carne propia y ni qué decir de aquellos que la sufren desde afuera.

Se aplica a la Administración Central, Departamental y a las Empresas Públicas y a este punto hace una oportuna referencia el trabajo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), hoy dirigido por el Ec. Ignacio Munyo. Elaborado por un grupo de técnicos, hinca el diente en la siempre postergada reforma de los monstruos sagrados de la economía uruguaya; la UTE, la OSE, Ancap, Antel y parte de los servicios financieros. Ya sea en régimen de monopolio absoluto como lo indica su nombre o ligeramente perforado, aunque no mucho, en algunos casos.

Al ser las EEPP actores tan importantes de la dinámica comercial y productiva, representan un factor clave para la competitividad y el bienestar de los consumidores, por empezar los de menores recursos, quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de bienes y servicios que ofrecen las EE PP. Si fueran más eficientes, Uruguay sería un país menos caro en dólares. Aumentaría su atracción turística, se facilitarían las exportaciones y sería un llamador para las inversiones necesarias para un crecimiento económico y sostenido.

Las EEPP se enfrentan en la actualidad a exigencias tecnológicas y de gestión moderna. Se requiere acceso a instrumentos nuevos de financiamiento, interacción con inversores internacionales y análisis de nuevas opciones. En pos de esos objetivos se necesitan cambios y consciente de ello, el nuevo Presidente, actuó en consecuencia, a pesar de las multiplicadas dificultades generadas por la pandemia. El envío al Parlamento de la Ley de Urgente Consideración (LUC) apenas asumida la Presidencia, puso en evidencia que no se estaba ante un gobierno improvisado. Por el contrario, hubo una preparación a conciencia, para conducir al país y hacer transformaciones. Dentro de lo posible, claro está. Con una oposición hostil y atrincherada y liderando una coalición multicolor, tan inédita como compleja.

De ahí se explica el ambicioso proyecto de la LUC, apostrofada desde la vereda de enfrente como ley ómnibus no aceptable, la que sin embargo fue sancionada en hora y fecha, tras interminables debates.

Tuvo que perder varias plumas por el camino y los picoteos no provinieron solo de los opositores, siendo un gobierno que agrupa nada menos que a cinco partidos. Una buena razón para decidir avanzar con rapidez en tren de llevar adelante el esquema de gobierno pensado y sin duda, un logro importante para el Presidente Lacalle Pou, a tres meses de ocupar la Torre Ejecutiva.

Entre los muchos puntos que abarcaba la LUC, que de los más de quinientos artículos, quedó finalmente con cuatrocientos y pico, uno de vital significado económico era el de la libre importación de combustibles. Algo ya contemplado en el tratado del Mercosur y que sin embargo, nunca se llevó a la práctica, dada la fuerte mentalidad estatista que aun gobierna a buena parte de los uruguayos. El rechazo de la bancada frentista, así como desde el Partido Colorado (la historia se repite) llevando Ciudadanos, la voz cantante, mas algunos otros legisladores, hicieron desaparecer ese artículo. La idea de liberalizar a mucho connacional le resulta impensable.

Eliminada esa posibilidad, la novedad será que a partir de 2021, el precio de los combustibles no los fijará Ancap en acuerdo con el Ministerio de Economía, según su situación o los requerimientos de Tesorería, sino que dicha responsabilidad dependerá de la unidad regulatoria (Ursea) y la tarifa se fijará según la paridad de importación. Medición que ya realizaba esta oficina, pero que de ahora en más, tendrá otro peso. Quiere decir que si los números no cierran en Ancap, no es cuestión de arreglar la rentabilidad acudiendo al método más fácil e histórico. El aumento del combustible en vez de bajar los elevados costos de la empresa estatal, a partir de una gestión más eficiente. Ni tampoco por exigencias de Rentas Generales. Para que esto suceda , la existencia de una firme voluntad política detrás, es indispensable.

El gobierno en 180 días a partir de la vigencia de la ley, tiene la posibilidad de formar una comisión de expertos y presentar a la Asamblea General, una propuesta integral de revisión, legal y reglamentaria del mercado de combustibles. ¿Por ejemplo, que hay de la actual obligación de agregar 10% de etanol a la nafta y al gasoil 7% de biodiesel, proveniente solo de Alur, a un precio completamente anti económico?