EDITORIAL
diario El País

La LUC y el accionar policial

En los últimos días, hemos experimentado una fuerte ofensiva mediática de los representantes de la organización que nuclea a los defensores de oficio.

Esto a raíz de una carta que enviaron a la Suprema Corte, alertando sobre una supuesta avalancha de abusos y violaciones a derechos básicos de los ciudadanos, que estarían percibiendo desde la entrada en vigor de la Ley de Urgente Consideración.

Como lamentablemente sucede cada vez más en este país, esa gira mediática ha contado con una complacencia, falta de mirada crítica, y hasta del natural espíritu desconfiado que solía ser requerimiento esencial para trabajar en periodismo. Todas características que parecen reservadas para hurgar en los posteos en redes de figuras de cuarto nivel de Cabildo Abierto, pero que brilla por su ausencia en casi todo lo demás.

Pero volviendo al planteo de los defensores de oficio, una lectura atenta de su carta deja algunas cuestiones interesantes sobre la mesa que, de nuevo, no parecen haber sido adecuadamente atendidas por sus difusores.

Lo primero que hay que decir es que la carta no aporta pruebas, evidencias, testigos, nada concreto que sustente una acusación de semejante gravedad. Según los defensores, esto se debería a que las víctimas de todos estos atropellos tendrían miedo de denunciar. Pero, por otro lado, allí se deja en claro que cada vez que ha habido una denuncia, el sistema actuó y sancionó al oficial policial que excedió sus potestades.

Estos son elementos claves para el análisis. Primero porque todos los sistemas donde hay humanos implicados, y en especial cuando a esos humanos se les brinda una autoridad, implican la posibilidad cierta de un abuso. Eso es parte de la naturaleza humana. Lo importante es que ese sistema prevea formas de control y sanción de esos abusos. Y, según lo que dicen los propios denunciantes, eso ha pasado siempre que ha habido evidencias firmes.

El problema es que los defensores dicen hacerse eco de comentarios, impresiones, y sentimientos de quienes son objeto de operativos policiales. ¿A qué persona le gusta ser objeto de tales procedimientos? ¿Alguna vez en la historia alguien a quien la policía allanó su casa, se mostró satisfecho y agradecido por la forma del operativo? Es más, ¿cuánta gente de la que está hoy presa, si le consultan, admitiría haber cometido un delito? Como se dice irónicamente en la jerga legal, las cárceles están llenas de gente inocente.

Entremos ahora en algo más conceptual. El gran problema que tenía Uruguay, y que todavía tiene en buena medida, es que el vínculo entre autoridad y ciudadano está completamente desvirtuado. Quien haya podido viajar y conocer otras realidades, sabe bien que en cualquier país desarrollado, el agente policial, quien representa a la autoridad legal en la sociedad, merece y tiene un respeto muchísimo más elevado que el que tiene en Uruguay. Usted no ve en Nueva York o en París a adictos fumando pasta base en la esquina de una seccional policial como en Montevideo.

Esta situación ha generado un esquema de convivencia malsano. Porque cuando no hay respeto por la autoridad legal, lo que rige en la calle es la ley de la selva. Los ciudadanos quedan indefensos ante los patoteros y delincuentes, porque quienes tienen el legítimo uso de la fuerza asignado, no cumplen su función al no tener respaldo legal, social, de sus jerarquías.

La denuncia de los defensores públicos sobre una supuesta avalancha de abusos policiales a partir de la vigencia de la Ley de Urgente Consideración, genera más dudas que certezas.

Eso es lo que vino a cambiar la Ley de Urgente Consideración, porque eso es lo que demandaba crecientemente la sociedad. Y con todo derecho, además.

Por último, hay que mencionar un tema poco simpático, pero que no puede ser obviado. Hay una estrategia del Frente Amplio y sus organizaciones satélites, de desgastar al gobierno utilizando grupos profesionales y sociales afines, para que vayan minando cada una de las acciones que este impulsa. Lo que pasó con el Sindicato Médico desde el primer día de la pandemia, ocurre en muchos otros niveles. Alcanza investigar un poco las posturas políticas de los portavoces de estas organizaciones, para ver claramente su intención.

Nada de esto justifica, desde ya, ningún tipo de avasallamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y mucho menos de aquellos de menores recursos que son quienes apelan a defensores públicos. Compartimos desde aquí su reclamo de una mayor presencia de cámaras y elementos que faciliten la supervisión posterior de los hechos que se puedan denunciar. Porque dan garantías a todos. Y, sobre todo, porque siempre han sido contundentes en dar por tierra con todas las denuncias de este tipo.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados