Las vueltas de la historia hacen que casi 30 años más tarde, el imperativo parlamentarista que sugerían Pareja, Peixoto y Pérez como mejor mecanismo para asegurar la gobernabilidad terminará en la forma parlamentaria de funcionar del futuro gobierno.

En el lejano 1992 tres excelentes universitarios uruguayos, Carlos Pareja, Martín Peixoto y Romeo Pérez, escribieron el libro “La alternativa parlamentarista”. Allí se defendía con brío la lógica parlamentaria de ejercicio del poder en democracia, mucho más flexible que los presidencialismos clásicos de Sudamérica, y además mucho más adecuada a la historia de protagonismos de nuestros partidos políticos.

Luego de aquella reflexión, se aprobó en 1997 la reforma política y electoral fundamental que nos rige hasta nuestros días. Siempre se señala al balotaje como su principal cambio, y es verdad que a partir de 1999 el país se ha dado los mecanismos para elegir un presidente con amplísimo respaldo directo en las urnas, algo que no ocurrió antes con ninguna de las constituciones bajo las que vivimos en el siglo XX.

Pero también hubo otros cambios muy importantes para los partidos políticos: elecciones internas de voto no obligatorio que fijan un candidato presidencial único por partido; fin de la acumulación por sublema a nivel de diputados; y definición de hasta un máximo de 3 candidatos por lema para las elecciones de intendente municipal. Estas tres reformas tuvieron consecuencias gravísimas sobre todo para los partidos fundacionales.

En efecto, acostumbrados a acumular desde distintas candidaturas al cauce común partidario, y también acostumbrados a abrir un amplísimo espectro de ofertas electorales locales a través de distintas candidaturas a diputados que sumaban entre sí, propiciando alianzas amortiguadoras de poderes locales relevantes, la reforma de 1997 les impuso un talante electoral y proselitista muy diferente.

Desde 1999, blancos y colorados han penado por adaptarse a ese régimen nuevo. El caso de los blancos ha sido evidente: muchas veces fue el partido más votado de las elecciones internas, allí donde bullen sus distintas agrupaciones en el país, y luego terminó siempre con una relativamente menguada representación parlamentaria, al tener que aceptar el fórceps de la candidatura presidencial única y los candidatos a diputados sin suma por sublema.

Por todo ello, lo que ocurrió en este ciclo 2019 es muy importante. Hubo en efecto una disposición política nueva, asentada en el convencimiento de principales líderes partidarios -en particular, Sanguinetti, Lacalle Pou y Manini Ríos-, de que la primera vuelta electoral debía dar como resultado una fotografía parlamentaria que sería el sustento de apoyo para el candidato presidencial que, de esta coalición, enfrentara en el balotaje al candidato frenteamplista.

No hubo engaños. Quién votó en octubre a Manini Ríos o al Partido Colorado sabía perfectamente que en el balotaje ellos acompañarían al que hubiera obtenido la mayoría mayor para pasar a noviembre. Por supuesto que esa misma tesitura fue la de Lacalle Pou, quien desde la campaña hacia octubre se ocupó de señalar que, de ganar, lo que habría en marzo sería un gobierno multicolor. Se paseó incluso por todo el país con los programas de gobierno de esos otros partidos, rivales pero aliados, para señalar las concordancias capaces de gestar esa administración partidaria plural.

Así las cosas, fue como que la primera vuelta electoral de octubre permitió legitimar ante la gente un amplio abanico de candidaturas y propuestas de partidos distintos entre sí, pero que terminarían todos sumando luego en la lógica parlamentarista de un gobierno común. Salvando las distancias, algo parecido ocurría dentro de cada partido antes, cuando las distintas propuestas y candidaturas sumaban al caudal partidario común: así fue la variedad que permitió el triunfo de 1958 al Partido Nacional por ejemplo; o así fue la oferta que permitió al Partido Colorado alcanzar la mayoría absoluta en 1966.

Las vueltas de la historia hacen que casi 30 años más tarde, el imperativo parlamentarista que sugerían Pareja, Peixoto y Pérez como mejor mecanismo para asegurar la gobernabilidad del país terminará traduciéndose en la forma parlamentaria de funcionar del futuro gobierno: porque Lacalle Pou es presidente por ser líder electoral de una amplia coalición, y porque su gobierno tendrá el respaldo de partidos que, juntos, aseguran mayorías en el Parlamento para poder gobernar.

La elección de 2019 no solamente terminó con la era frenteamplista. También abrió la puerta a una forma parlamentarista de entender la política que, si logra tener éxito en la gestión del gobierno, seguramente se transforme en un gran modelo a seguir para futuros triunfos electorales.