Es preocupante que el Poder Ejecutivo y la coalición del Frente Amplio no parezcan darse cuenta de las contradicciones esenciales (y groseras) que existen entre algunas de sus políticas.

Hace unos días, el Presidente de la República le solicitó al ministro de Relaciones Exteriores que nuestro país abandone las negociaciones para el proyecto de tratado de libre comercio de servicios (Trade in Services Agreement TISA). Lo hizo, no invocando el interés nacional, sino en obediencia a lo resuelto por un órgano interno de la coalición que nos gobierna, el Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido el 5 de septiembre. Esta resolución del Plenario se encuentra estrechamente vinculada a la campaña contra el TISA iniciada hace un tiempo por el Pit-Cnt.

Es importante resaltar que todavía nos encontramos en la etapa de las negociaciones para el TISA y que falta mucho para que el acuerdo esté pronto para ser suscrito por los países que han tomado parte en las tratativas. La elaboración de este tipo de acuerdos es una empresa muy técnica y compleja. Con frecuencia cada acuerdo está asociado con un conjunto más amplio de negociaciones y tratados.

Tiene razón el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando dice que hay uruguayos que opinan sobre el TISA pero no saben de lo que hablan. Pero le falta observar que, en este caso, la decisión de abandonar las negociaciones refleja las peculiaridades de la estructura orgánica del Frente Amplio y del equilibrio interno entre las fuerzas que componen la coalición.

Poco después del anuncio del cambio de rumbo en las negociaciones, el presidente Vázquez se reunió con el Secretariado del Frente Amplio con el fin de emitir un mensaje de unidad y curar, en la medida de lo posible, las heridas dejadas por los enfrentamientos recientes. Además de recurrir a la gastada cantinela de "no hacerle el juego a la derecha que busca dividir" (lo que no deja de reflejar un cierto sentido de la ironía, porque, como vemos todo el tiempo, la oposición no tiene que hacer nada porque las principales divisiones se hallan dentro de la coalición), el mandatario explicó la importancia de aprobar el proyecto de Presupuesto elevado por su gobierno al Poder Legislativo como está o con modificaciones menores.

En esencia, el Presupuesto Nacional es un intento para conciliar las siempre crecientes demandas, reclamos, aspiraciones y necesidades del obeso Estado uruguayo, con los limitados recursos de que dispone nuestra sociedad. A lo que se debe agregar que, en este caso, el Pit-Cnt, no contento con influir decisivamente en la política exterior de nuestro país, también ha decidido asumir un rol protagónico en la definición de la política económica del Estado y propone incrementar aún más los impuestos que soporta la ya agobiada sociedad uruguaya.

La discusión política en nuestro país parecería estar fundada en la premisa fundamental de "menos estudio y más ideología". El realismo mágico latinoamericano vive y goza de buena salud en el seno de la coalición del Frente Amplio.

Porque basta meditar un poco para darse cuenta de tres hechos fundamentales y que rompen los ojos.

Primero, el Uruguay solamente tiene una población de 3,4 millones de habitantes. Segundo, la carga impositiva ya es muy alta y es dudoso que el Estado pueda extraer una proporción sustancial de fondos adicionales sin dañar la capacidad de producir de nuestro país (no es razonable matar a la gallina de los huevos de oro). Tercero, nuestra sociedad, naturalmente, desea avanzar hacia una sociedad más justa y mejorar su calidad de vida. Para ello se necesitan más recursos (no tiene sentido repartir la pobreza).

La única forma de responder a esas legítimas aspiraciones no es continuar en la carrera del aumento de los impuestos, sino en la de producir más y mejor. Para ello es imprescindible expandir el mercado para los bienes y servicios producidos en nuestro país. Y el único camino para conseguirlo es liberar la economía y abrirnos al ancho y ajeno mundo exterior globalizado.

La decisión de apartarnos de las negociaciones para un TISA significa darle la espalda a esa realidad, aislarnos de mercados para nuestros servicios, empobrecer el país y, como consecuencia, disminuir los recursos con los que puede contar el Estado para atender, en forma sustentable, a las necesidades y las aspiraciones de los uruguayos.

Cerrarnos, como parecen preferir algunos, significa el retroceso.

Editorial