EDITORIAL

Importa diferenciar: no hay que politizar el tema de la inseguridad y el aumento del delito, pero sí reconocer que es un asunto político que exige soluciones prácticas.

El pedido del presidente del Frente Amplio de no politizar el tema de la inseguridad fue bien recibido por diferentes sectores partidarios. Sin mencionarlo, intentó salirle al cruce al legislador correligionario Marcos Otheguy, que de algún modo culpó al senador Jorge Larrañaga por el asesinato del joven grafitero Felipe Cabral en Punta Gorda, la semana pasada.

Otheguy buscó ensuciar la cancha y partió del supuesto de que el asesino era un fanatizado por la campaña de Larrañaga para reunir firmas para reformar la Constitución. Sin embargo, el crimen sigue sin aclararse.

La campaña del precandidato blanco fue civilizada y seguida por gente alarmada por el grado de criminalidad que afecta al país. A nadie se le pidió que tomara medidas por fuera de la ley. Solo había que firmar. Si bien consiguió una abrumadora cantidad de adherentes, no todo el mundo (incluso dentro de la oposición) comparte esa postura. Eso es parte del saludable debate que toda democracia necesita. Se discute, se intercambian ideas, pero no se lanzan provocadores golpes bajos vía twitter, tratando de mostrar que hay víctimas buenas y víctimas malas en esta ola de violencia.

No politizar es una cosa. Otra es evitar asumir las responsabilidades políticas que tienen el gobierno y el Estado en esta cada vez más alarmante situación. El gobierno las tiene por la manera en que viene manejando (o más bien, no viene manejando) la creciente inseguridad. El Estado las tiene porque sus otras instituciones (fiscales y jueces) no están a la altura de las circunstancias.

Por eso importa diferenciar: no hay que politizar el tema pero sí reconocer que es un asunto político que exige soluciones políticas.

Quienes gobiernan no desean resolver el problema. Se muestran indiferentes. Se conmueven si la víctima es ideológicamente afín pero no lo hacen con muchas otras muertes que suceden a diario. A veces las subestiman por entender que son “ajustes de cuentas” como si fueran hechos que ocurren dentro de un “circuito cerrado”, ajeno a la sociedad. Nada más falso. Esos hechos responden a una creciente realidad criminal, de narcotráfico, que nos está envenenando a todos.

Dan poca importancia a los asesinatos de comerciantes, almaceneras o cajeras, pero se espantan cuando uno de estos al responder a un robo, termina matando al delincuente. No debería ocurrir. Pero menos debería ocurrir que sea algo común andar robando a mano armada.

Los pronunciamientos de algunos fiscales y jueces alarman. Parecería que viven en otro país. Razonan con una lógica carente de lógica. En caso de que a partir de marzo 2020 gobierne otro partido, por más reformas que haga, los fiscales y jueces seguirán siendo los mismos, con sus mismas actitudes y posturas.

La Policía no parece saber qué hacer, o no sabe qué se espera de ella. Quizás tenga órdenes de actuar así. Y aun si no las tuviera, ¿qué sentido tiene correr riesgos al atrapar delincuentes si después con argumentos inverosímiles, son soltados?

Larrañaga quiere hacer su reforma, Novick estudia alternativas, Lacalle Pou insiste, y con razón, de que nada se puede hacer si no cambia el gobierno y viene otro partido. Que es una manera de decir que este gobierno no hará nada, ni quiere hacerlo. Lo cual es verdad.

Es pasmosa su inacción. Es tan así, que los mal pensados creen que tanta ineficacia responde a algún interés: quizás la de suponer que hay votantes propios en tantos delincuentes. Implicaría adjudicarle al gobierno una enorme maldad.

Por eso mismo, para evitar ese tipo de suspicacia y desmentir esos supuestos, debería ser más eficaz. Pero no lo es.

Y ahora surge este escándalo tratando de mostrar que el asesinato de grafitero es algo distinto. No lo es; sigue siendo parte del mismo clima de inseguridad que rige en el país y donde matar se ha vuelto algo sencillo, fácil y cosa de todos los días. Lo hacen los ladrones, lo hacen los narcos, lo hacen quienes quieren defenderse.

A eso se suma un cierto fastidio oficial a las “vecinocracias”, o sea los grupos de vecinos que en diferentes barrios se organizaron para defenderse. Por supuesto no es bueno que eso ocurra y ni siquiera los vecinos quieren caer en esto. Pero alguien tiene que cubrir ese vacío dejado por el Estado. Si la Policía no responde, si los fiscales y jueces actúan como si vivieran en otro planeta, el descontrol será mayor y terminará en un enfrentamiento entre la población. El “ellos” y “nosotros” crecerá por culpa de un gobierno que optó por estar omiso y no actuar