EDITORIAL 

Si el tema de la inseguridad se ha convertido en los últimos años en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, las últimas noticias surgidas del ámbito policial y judicial agregan datos muy graves: la irrupción en nuestro país del Primer Comando Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales del Brasil.

Surgido en el año 1992 tras un sangriento motín en la cárcel de Carandiru de esa ciudad, cuando las fuerzas de seguridad mataron a más de un centenar de presos, su objetivo inicial fue presionar a las autoridades brasileñas por mejores condiciones carcelarias. Para ello, mientras se organizaban en los penales, los integrantes del grupo desde afuera, convertidos en banda, se dedicaban a obtener recursos a través de sus actividades delictivas: comprar drogas y armas, planificar secuestros o robos y sobre todo -al mejor estilo mafioso- la amenaza y la extorsión.

Su influencia -alentada por la alevosa inexistencia de los derechos humanos de los reclusos- se propagó rápidamente hacia otras prisiones y a las calles del país, donde los choques con la policía fueron reiterados y tremendamente violentos. Se estima que actualmente revistan más de 40.000 miembros en la banda, casi todos brasileños aunque también hay paraguayos, bolivianos y ahora también uruguayos.

En Brasil ha sido responsable de innumerables atracos a bancos y financieras y controla buena parte del narcotráfico. Pero también generó dos grandes revueltas carcelarias que abarcaron todo el país. En 2001 logró cerrar 29 prisiones y en 2006 tomaron 70 penitenciarías por varios días y mataron a más de 150 personas

El PCC saltó a la fama internacional en 2017 cuando un grupo de entre 50 y 60 hombres fuertemente armados y con vehículos pesados llevó a cabo el asalto a la sede de Prosegur en Ciudad del Este, y se llevó un botín estimado en más de 10 millones de dólares. El ataque con explosivos demolió prácticamente el edificio de la compañía de seguridad y en las calles adyacentes se observaban restos de proyectiles de armas pesadas y vehículos abandonados por los delincuentes. Entre ellos había tres camionetas blindadas, una de las cuales mostraba una ametralladora antiaérea.

Un informe de la BBC de Londres de ese año recoge la opinión del Centro de Investigación del Crimen organizado que considera que “esta organización criminal es la más grande y mejor organizada del Brasil, cuenta con miembros en la mayoría de los estados del país y controla las rutas de tráficos de drogas entre Brasil. Bolivia y Paraguay”. Y más adelante apunta que “cada vez hay más evidencia de que el grupo está incursionando en otros países del continente, incluidos Perú para el tráfico de cocaína y Uruguay para la exportación de drogas a África y Europa”, algo que suena bastante conocido.

Hace una semana, cuatro delincuentes asaltaron una estación de servicio ubicada en la ruta 11, se alzaron con $ 80.000 y se fugaron con dirección a Progreso, en el departamento de Canelones, donde fueron detenidos. Pero debieron ser liberados por estar más de 24 horas sin garantía judicial.

Allí intervino la Fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero y los acusó de Asociación para Delinquir, lo que fue aceptado por la jueza Beatriz Larrieu que los procesó. La acusación de Ferrero fue categórica y decisiva. Entre otras cosas estableció su conexión con el Primer Comando Capital, a través del cabecilla de la banda, un sujeto de nombre Fernando Otalvio Frabasil Gómez, con diez antecedentes penales por homicidio, rapiñas, encubrimiento, narcotráfico y desacato, que había reclutado a sus compañeros y sobre el cual había sido advertida la policía uruguaya por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a mediados de año.

Pero el dato más preocupante, fue la afirmación de la fiscal Ferrero de que en nuestro país ya hay 84 delincuentes que están asociados al PCC, de acuerdo a una serie de escuchas telefónicas realizadas tras el aviso de la ABIN (El Observador, 12-12).

No sabemos cómo serán los pasos siguientes del PCC. La inseguridad ha sido una marca indeleble del FA en estos últimos 15 años. No hay garantías por parte del gobierno y su ministro del Interior. Hoy, los derechos humanos de los ciudadanos y de la sociedad toda pueden incluir cualquier cosa, menos la vida y la propiedad.

Lo que sí parece claro es que el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tendrá una nueva y muy grave asignatura para enfrentar y bienvenido sea. Los uruguayos aspiran a vivir mejor y en paz.