Cada vez está más claro que la decisión del gobierno de José Mujica de traer a Montevideo a los ex presos de Guantánamo fue improvisada y mal negociada con los Estados Unidos.

Es cierto que a Mujica, por entonces candidato al Premio Nobel de la Paz, la llegada de los islamistas —convertida en una gran operación de marketing político— le sirvió para redondear su imagen de humanista preocupado no solo por la suerte de los uruguayos sino por los dolientes del mundo entero. Pero al país le dejo como legado un problema complicado que hoy amenaza erosionar nuestras relaciones con Estados Unidos.

En efecto, dos semanas atrás, el presidente de la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, el republicano Ed Royce, le envió una carta al secretario de Estado, John Kerry, denunciando que la transferencia de los seis musulmanes a nuestro país "no resulta consistente con la legislación de Estados Unidos". Al mismo tiempo criticó al gobierno uruguayo por no haber "dado los pasos necesarios para mitigar los riesgos" que esos ex presos suponen para su país.

Las quejas de Royce reflejan la irritación por las manifestaciones desarrolladas por los egresados de Guantánamo ante la embajada de Estados Unidos en Montevideo. Según el diario Wall Street Journal, la publicidad de esa protesta ha reducido el interés de otros países en aceptar a ex presos, lo que complica los planes del presidente Obama de cumplir con su promesa de vaciar Guantánamo antes de terminar su segundo mandato.

"Amenaza potencial", "riesgos" y otras expresiones usadas por funcionarios estadounidenses para calificar la situación generada por los "guantanameros" muestran la falta de seriedad del gobierno de Mujica cuando aseguraba que su presencia entre nosotros no generaría problemas de ningún tipo. Hoy, transcurridos varios meses de aquella operación marketinera, aumentan las dudas sobre qué hacer con ellos y cómo canalizar su estadía en Uruguay, así como organizar la llegada de sus familiares. Según explicó Julia Frifield en nombre del Departamento de Estado, las medidas a adoptarse están detalladas en una serie de "documentos clasificados y resúmenes de discusiones" aprobados conjuntamente con el gobierno uruguayo.

De tales documentos —"notas verbales" las llamó técnicamente la cancillería que dirigía Luis Almagro— se sabe muy poco, cosa que tiene irritada a la oposición desde el pasado período de gobierno que alegó con razón que, tratativas internacionales de esta naturaleza, deberían como mínimo ponerse en conocimiento del Senado. Así de mal hizo las cosas la dupla Mujica-Almagro. Heredero de esta situación enojosa, el gobierno de Vázquez tendrá que resolver los dilemas que plantean los islamistas y, en particular, proporcionarle a Estados Unidos las seguridades que reclama, aunque casi nadie sabe en qué consisten esas seguridades.

Originalmente se había hablado que Washington prohibía que se dejara salir a los ex presos de Uruguay por un lapso de dos años. Aunque Mujica lo negó enfáticamente es cada vez más evidente que carecen de libertad ambulatoria, una situación que solo fue violada por uno de ellos, cuando salió unas horas rumbo a Buenos Aires, pero regresó rápidamente a Montevideo en medio de un gran revuelo en las cancillerías de Uruguay y Estados Unidos. Se había dicho que los ex presos tendrían plena libertad de nuestro país, lo que a todas luces no es verdad. Sus movimientos están limitados y sometidos a permanente vigilancia aunque conviene anotar la progresiva ausencia de los acompañantes sindicales que al principio les colocó el Pit-Cnt. Tal parece que los dirigentes de la central sindical comprendieron finalmente que ayudar a Mujica con la atención a los conflictivos "guantanameros" era un viaje de arena gruesa.

Nadie sabe a estas alturas en que terminará esta aventura internacional que tejieron Mujica y aquella dicharachera embajadora estadounidense que tantas promesas dejó tras de sí. Con los presos de Guantánamo al tope de la agenda, el ex presidente uruguayo logró que se le abrieran las puertas de la Casa Blanca para tener un mano a mano con Obama. Dijo primero que aceptaría recibir a los presos pero que no lo haría "gratis" y que pasaría "la boleta" por el servicio aunque luego se retractó —no es propio de los humanistas cobrar por su generosidad— y dijo que lo haría en realidad por un sentimiento de fraternidad con personas que habían padecido tanto como él las terribles penas del cautiverio. Mucha palabrería, pero todo muy confuso, contradictorio, atadito con alambre (como decía aquel spot publicitario de Daniel Martínez refiriéndose autocríticamente a la gestión municipal de la izquierda) y con final incierto. Hoy es un intríngulis del cual ni Uruguay ni Estados Unidos saben bien cómo salir.

Editorial