EDITORIAL

El debate en torno a la “ley trans”, ha descarrilado. En buena medida, porque el gobierno y sus impulsores han tenido éxito en que no se discuta sobre la norma en sí, sino sobre las intenciones que cada uno tendría al ponerse de un lado u otro de la misma. Cualquiera que critique la ley pasa a ser un homofóbico, y todo el que la apoye, se cubre de inmediato con el manto sagrado de la probidad bienpensante. Así se pervierte la democracia.

Las leyes son textos redactados por seres humanos de carne y hueso, y son buenas o malas según lo que dicen, no de acuerdo a las intenciones o aspiraciones de sus redactores. En ese sentido, la 19.684 es una mala ley.

Para empezar es una ley voluntarista, redundante y que no respeta la estructura republicana de la Constitución. Dedican casi un tercio de sus 24 artículos a garantizar derechos que ya tienen todos los uruguayos, por el hecho de ser tales. Derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a la vivienda, a no ser discriminado, todo eso ya está en la Constitución. Si en la realidad esos derechos no se concretan, es porque los gobiernos no han logrado hacerlo. Es irónico que un partido que gobernó 15 años, cuando no logró efectivizar estos derechos que están incluidos en la ley superior, crea que lo va a logra declamando en una norma inferior. O sea, puro grito para la tribuna.

Un segundo aspecto conceptual que se puede criticar de la norma es el voluntarismo. ¿Es verdad que el sexo se define voluntariamente por la persona? Eso es muy discutible. Toda persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, en tanto no perjudique a terceros. Y a nadie debe importar, o al menos a la ley no le debe importar (la moral es otra cosa), lo que haga alguien en su dormitorio. Ahora, los cromosomas no se ven impresionados por las leyes, va el aviso.

Poco hay para decir sobre uno de los aspectos más discutidos, el criterio reparatorio a las personas trans discriminadas en tiempos de la dictadura. Es un número ínfimo de gente, es un dinero que no le cambia la vida a nadie. De todas formas es un poco ridículo, ya que es atribuir aspectos políticos, a discriminaciones que tenían que ver con cuestiones culturales. Gobiernos en las antípodas ideológicas de la dictadura militar, como la dictadura cubana, hicieron cosas mucho peores a esa población.

Vamos a meternos entonces con el aspecto más polémico, que es el del artículo 21, referido a los tratamientos para el cambio de sexo. Acá se ha dicho mucho disparate de un lado y de otro.

La ley no habilita a cambios de sexo irreversibles quirúrgicos, a menores de edad sin autorización de padres o representantes legales. Punto. Ahora bien, sí habilita a iniciar tratamientos hormonales a menores sin esta autorización. Y el gran tema, según muchos expertos, es que estos tratamientos sí pueden tener efectos irreversibles, entre los cuales estaría la imposibilidad de tener hijos.

¿Podemos creer que un menor de 18 está capacitado para valorar la gravedad de esta decisión sin apoyo de sus padres? Eso es discutible. Lo que resulta difícil de entender es que la misma gente que cree que un homicida de 17 años no está en condiciones de valorar la trascendencia de sus acciones, piense que alguien de 12 sí lo está para definir algo así.

Otro tema importante es el regulado por el artículo 12, que establece que el 1% de las vacantes en el estado debe ser llenado con personas trans. Una cosa tan absurda que teniendo en cuenta que la población trans es de 850 personas en todo el país, significaría que en cuatro años, toda la población trans de Uruguay sería funcionario público. Vale decir que normas semejantes votadas para discapacitados, o afrodescendientes, ya existen y no se cumplen.

A todo esto hay que sumar la creación de nueva burocracia, con comisiones, programas y organismos de todo tipo y color. Esa soberbia normativa de creer que se va a rediseñar la sociedad desde el Palacio Legislativo. Y la obsesión por incluir una “perspectiva de género” en el esquema legal, cuando la misma es el producto de minorías tan soberbias como alejadas de la realidad.

Resumiendo, estamos ante una ley mal redactada, petulante, alejada de las urgencias de la sociedad uruguaya. Pero, lo que es más grave, que no va a mejorar en nada la vida del grupo de personas frágiles y necesitadas a las que se dice querer ayudar. Y a las que en el fondo solo se usa como arma arrojadiza para dividir a la sociedad, e imponer un debate infantil y polarizante. ¿Vale la pena ir a votar para eliminarla? Eso es decisión de cada ciudadano. Lo que es seguro es que si la ley desaparece, ni la población específica ni la sociedad en general, perderán nada con ello.