Editorial

Ley de riego: el Pit-Cnt contra el FA

Otra vez las corporaciones estatistas encabezadas por la central sindical se oponen a la aplicación de una ley necesaria para el agro. Una ley propuesta e impulsada por el Frente Amplio con apoyo de la oposición.

La ley de riego, aprobada el año pasado con votos de legisladores del gobierno y la oposición, es cuestionada en estos días por el Pit-Cnt, que redoblará esfuerzos para juntar firmas con la intención de anularla mediante un referéndum. El movimiento contra esa ley, impulsada por el ex ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, se inició hace varios meses a instancias del gremio de OSE que la tildó de inconstitucional.

Aunque se oyen objeciones del punto de vista jurídico, la utilidad de esa ley es innegable en un país que apenas retiene —para usarla durante las sequías y para aumentar la producción— el 5 por ciento del agua de lluvia mientras el resto se escurre. La ley permite a los productores asociarse para acceder a ese recurso, busca atraer inversiones privadas y procura darle estabilidad a los cultivos poniéndolos a resguardo de los cambios en el régimen de lluvias. La novedad de sus normas es que posibilitan la creación de asociaciones formadas por productores partidarios de que el riego no sea solo individual sino que tenga carácter colectivo. Estas asociaciones podrán admitir fondos de inversionistas privados para llevar adelante las obras sean o no productores rurales.

Nada de esto le cae bien a los estatistas a ultranza para quienes la privatización es siempre una mala palabra. Lo llamativo es que el gobierno del Frente Amplio desoyó en este caso las críticas gremiales y parece dispuesto a seguir adelante con la aplicación de la ley. En el pasado, las concesiones del FA a la presión de los estatistas inutilizaron con excesivos requisitos la aplicación de leyes como, por ejemplo, la de participación público-privada (PPP), algo que no debería ocurrir con la ley de riego que, como dijo Aguerre, le pone "un segundo piso a la producción".

Quienes hoy se movilizan para convocar el referéndum contra esa ley, además de invocar sus presuntos perjuicios para el medio ambiente, se amparan en el artículo 47 de la Constitución, aquel artículo que el Frente Amplio plebiscitó exitosamente en 2004 al grito de "el agua es vida". Esa reforma constitucional le agregó varios párrafos al artículo 47 para establecer que el manejo del agua está en manos exclusivas del Estado sin que se permita injerencia alguna de los particulares. Fue un triunfo del gremio de OSE temeroso de la competencia de los servicios del sector privado establecidos por entonces en nuestro país.

Tal vez algunos recuerden todavía el dramatismo que tiñó los discursos de esa campaña de la izquierda en 2004, en la cual se denunció el intento de multinacionales extranjeras de apoderarse del vital elemento, con particular inquietud por la suerte del acuífero Guaraní, que piratas de parche y garfio planeaban robarnos. Un enjambre de eufóricas oenegés apoyó aquel plebiscito para reformar la Constitución adjudicándole todas las potestades al Estado.

Vale recordar que una vez votada la reforma el Estado asumió una larga lista de deberes entre los cuales figuraba cuidar la calidad del agua potable con "una gestión sustentable de los recursos hídricos" con especial atención de las cuencas hidrográficas. Ganadas aquellas elecciones del 2004, ya asumido el gobierno, el Frente Amplio se despreocupó de un tema que había sido su caballito de batalla. Recién ocho años después de votada la reforma el ministerio responsable del cuidado del medio ambiente resolvió tomar cartas en el asunto cuando el mal sabor y peor olor del agua levantaban quejas entre los usuarios de OSE.

El exceso de estatismo de aquella reforma es lo que el Frente Amplio debe sortear con esta ley. Esto demuestra que es un grave error cargar a la Constitución con estrictas normas que terminan siendo un corsé a la hora de modernizar nuestro país o de adaptarse a las nuevas circunstancias. Precisamente esa adaptación es la que pretende la ley de riego, consciente de que el cambio climático puede generar sequías nunca vistas. Cambio climático e inquietud por la ecología que, casualmente, hoy invocan antes que otra cosa los opositores a la ley de riego.

Una ley cuya reglamentación quizás merezca correcciones, pero que está bien orientada.

El desperdicio del agua de lluvia en nuestro país suele llamar la atención a expertos extranjeros del primer mundo acostumbrados a aprovechar al máximo los recursos naturales. Esa actitud de apertura al cambio es la que se necesita más allá del interés de las corporaciones, encarnadas en particular por el Pit-Cnt que una vez más se aferra al estatismo conservador. Uruguay necesita aplicar la ley de riego. Revocarla sería un grave error.

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