EDITORIAL

Ley de medios, justicia y oposición

Los recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Medios se han multiplicado. Algunas sentencias de la Suprema Cor-te de Justicia así han declarado a varios artículos y se anuncia, entre otros, una lluvia de recursos contra el artículo 56 inciso 1 que prohíbe a los canales cable vender paquetes con la modalidad "triple play" que refieren a banda ancha, voz y televisión.

Lo sucedido no es de extrañar porque en la consideración del proyecto, aprobado solo con el voto de la mayoría, se recibió la opinión de los más destacados especialistas en Derecho Público que, por unanimidad, "destrozaron" la consistencia jurídica de la norma y advirtieron respecto de las impugnaciones que se realizarían, como viene sucediendo.

La impulsora del Proyecto, la entonces presidenta de Antel y actual ministra de Industria con competencia en el tema, volvió a hacer gala de la improvisación jurídica que caracterizó al gobierno del Sr. Mujica, porque no solo le ha quitado importancia a los recursos de inconstitucionalidad que han tenido sentencias favorables por no "integrar la columna vertebral de las telecomunicaciones", sino que adelantó su criterio de aguardar hasta el último fallo de la Suprema Corte de Justicia, para proceder a su reglamentación. En términos inadecuados y hasta despectivos, agregó que desde "el punto de vista ingenieril y electrónico lo que viene sucediendo con estas inconstitucionalidades decretadas" solo son ruidos en las líneas "que no afectan el panorama de las telecomunicaciones en el país". La señora ministra no debería permanecer un día más al frente de esa Secretaría de Estado. Su desconocimiento y falta de respeto a la Constitución y a los titulares de derechos en un área de esa importancia, no hacen más que demostrar que su concepto del ejercicio del poder no admite más límites que sus interpretaciones personales, teñidas de una ideología monopolista tan antigua como arbitraria. Por su parte, el actual presidente de Antel reconoce que está a la expectativa, en virtud de que los resultados de los fallos escapan a su jurisdicción y que tienen que resolverse en otros ámbitos del gobierno.

Frente a esto cabe plantearse algunas interrogantes: ¿los ámbitos a que se refiere el Sr. Tolosa es el Ministerio que encabeza la Sra. Cosse? ¿Antel no es un Ente Autónomo que tiene que ajustar su accionar a las sentencias del Poder Judicial? ¿Acaso va a esperar que un nuevo cuerpo normativo se presente ante el Parlamento con el mismo espíritu que inspiró a la Sra. Cosse cuando presidió Antel? ¿O no se recuerda que durante la primera Presidencia de Vázquez fueron destituidos los tres directores designados por el Poder Ejecutivo por irregularidades y delitos que hasta vergüenza ajena despertaron en la sociedad?

Sin embargo, lo expuesto no agota el tema, porque hay otro a plantear que tiene la misma gravedad y que se relaciona con el rol de la oposición, no solo a nivel parlamentario, sino en el propio Directorio de Antel. Ante este descalabro jurídico no se ha escuchado la voz de la minoría representada en el ente respecto de propuestas destinadas a modificar aquellas normas que en oportunidad de ser discutidas en el Parlamento, sufrieron categóricos cuestionamientos jurídicos que la Justicia está reconociendo.

Y esta situación no es nueva, por lo que no pueden repetirse las razones que motivaron la renuncia del delegado de la oposición durante la pasada Administración, quien no admitió ser ignorado en la mayoría de las decisiones que marcaban el rumbo del ente. La oposición no solo debe controlar, sino plantear alternativas que reflejen lo defendido por su partido en la discusión de la ley aprobada por el parlamento con su voto contrario. Su representante en la empresa debe mantener comunicación con el Directorio y con la bancada del partido para diseñar una estrategia que interprete la voluntad de la colectividad toda y no una opinión personal o sectorial insuficiente.

Por otra parte, la construcción del Antel Arena parece gozar de salud y continúa sin claros cuestionamientos respecto de la presión sindical, asociada a un protagonismo personal de la expresidenta, que extendió las competencias del ente a actividades ajenas al principio de especialidad al que debe ceñirse.

La Sra. Cosse y el Sr. Sendic representan el desborde del poder, el desprecio por lo jurídico (cuya paternidad es conocida) y parecen no tener una oposición que reivindique el Estado de Derecho, patrimonio moral del partido que celebra sus 180 años y que nació y vive bajo la digna divisa de "Defensores de las Leyes". La Justicia hace bien en pronunciarse con la independencia que jerarquiza las instituciones republicanas.

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