EDITORIAL
diario El País

Legítima defensa

La importancia de la separación de los tres poderes del Estado, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, como soporte de los principios republicanos de gobierno es esencial en lo que a democracias se refiere, al menos en el mundo occidental.

No es posible obviar la transcendencia que la justicia tiene en cualquier sociedad civilizada. Su valor está ligado a ella por un vínculo tan sutil como potente.

Por lo tanto, no es saludable y sí preocupante, que el escepticismo respecto de la justicia crezca a nivel de la sociedad, al tiempo que el descreimiento en su accionar se esparce entre aquellos que viven bajo la ley.

Es un fenómeno pernicioso que cobra fuerza y se extiende más o menos silenciosamente, en el Uruguay de hoy cuando la ciudadanía se encuentra angustiada por la inseguridad en la que debe vivir. Los representantes de la justicia y el ministerio público, van cayendo en el descrédito a raíz de resoluciones y fallos que van en desmedro de la confianza hacia dicha institución. Contribuyen a este negativo estado de cosas, sucesos como la reciente acusación de la fiscal a cargo de un hecho ocurrido el 29 de abril, la cual acaba de pedir 7 años de prisión para la persona que atemorizada por el ruido de su alarma y la inmediata obscuridad que se produjo en su vivienda, intentó protegerse con un arma, lo mismo que a su mujer e hija de 4 años.

Tras oír en la negrura de la noche que estaban forzando el portón y sin saber si eran uno, dos, tres o cuatro los que avanzaban hacia la casa a pesar de los gritos para que se vayan, al hacer un disparo, a ciegas y para abajo, impactó en la pierna del delincuente, quien murió poco después.

El suceso vuelve a poner en la palestra el debate sobre la legítima defensa. En el redacción que abarca a la seguridad, uno de los artículos de la LUC, justamente busca aclarar el concepto y fortalecerlo legalmente. A ello hizo mención el penalista Diego Durand, uno de los abogados del involuntario protagonista de este trágico episodio. En el proyecto de ley se es más específico en lo que refiere a la legítima defensa. Ayudará a evitar confusiones de fiscales y jueces en lo que hace a la propiedad, que no se reduce a solo las cuatro paredes de la morada sino también al jardín, los galpones, garaje o predio adyacente.

El año pasado, en una ocasión semejante en cuanto a la resolución de una fiscal que pareció completamente reñida con el sentido común, el exprofesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Católica, Amadeo Otatti, opinaba que “jueces y fiscales suelen hacer una lectura incompleta de los elementos habilitantes del eximente de responsabilidad penal, lo que restringe erróneamente su ámbito de aplicación. La fiscal pudo perfectamente haber considerado que el causante de la muerte había actuado en legítima defensa y en consecuencia no había cometido delito alguno. Incluso, hasta pudo haber entendido que actuó en defensa de terceros”. Comprobada la existencia de una agresión ilegítima, la respuesta de la víctima se analiza tomando en consideración solamente si fue para repeler, sin advertir que conforme al artículo 26 del C.P. ella pudo también ser empleada para impedir el daño físico, emocional o económico que podría causar la rapiña. Dice la ley, “Se hallan exentos de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro”.

Deberían ser atenuantes varias características de este fatal incidente como la nocturnidad, la imposibilidad de actuar de otra manera, la voz de alto, un solo tiro y hacia abajo y tal vez lo mejor, una normativa más benigna a votarse dentro de la LUC.

Cuesta entender que la fiscal Morales solicite una condena de 7 años, “por un homicidio a título de dolo eventual” (en idioma no leguleyo: que no quería matar pero si lo hace acepta el resultado), para un ciudadano que estaba tranquilamente en su hogar después de un día de trabajo, que de inmediato tras el hecho, fue a informar a la policía. Tampoco que la jueza Vargas haya hecho lugar al petitorio de la fiscal, decretando el inicio del proceso penal.

Diferencia importante con otros casos en los que se ha reconocido la legítima defensa a personas que han pasado por situaciones de esta índole. Pero los jueces suelen ser muy cautos y en esas ocasiones no llegan a juicio. En nuestra jurisprudencia se acostumbra a dejar de lado el instituto de la Legítima Defensa, cosa que hace más ardua que en otros delitos, defender al acusado y víctima. La utilización de armas es como un tema tabú y en parte explica la postura de la fiscalía. Deberían servir como atenuantes muchas de las características de este fatal incidente, como la nocturnidad, la imposibilidad de actuar de otra manera, haber dado la voz de alto infructuosamente, un solo tiro hacia abajo y tal vez lo mejor, el cambio a una normativa más justa, a votarse dentro de la LUC.

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