En estos días ocurrieron dos episodios que no son nuevos lamentablemente y lo que es peor, nada indica que no vayan a ir en aumento. El 19 de junio se supo que un sereno había matado a un ladrón mientras hacía su recorrido por Carreras Nacionales y Saint Bois. El hombre había sido contratado por los vecinos de la zona, asustados por la inseguridad reinante y cansados de ser víctimas de la delincuencia a cada rato. Después, el compañero del que robaba fue apresado por la policía. El 23 de junio, la prensa dio cuenta de que el hijo del propietario de un pequeño comercio situado en el centro de la ciudad, en la calle Tacuarembó entre 18 de Julio y Colonia, había dado muerte a un rapiñero que había ingresado armado al local intentando pegarle un tiro, aunque felizmente la bala no salió.

Mientras el primero fue procesado con prisión, el otro quedó en libertad en etapa de presumario. Si bien ambos actuaron en contra de la delincuencia, la situación de cada una de estas personas es hoy diferente. Depende de lo que entienda el juez de acuerdo al Código Penal en lo que respecta a "legítima defensa". Pero lo que es igual en sendos casos, es la solidaridad que hay para con ellos entre la gente. Y no solo entre la cercana, ya sea por vecindario, amistad o familia. Lo que está sucediendo en nuestro país, especialmente en la capital y sus alrededores, aunque también crece en el interior, no es únicamente el continuado avance de una delincuencia salida de madre, que no siente ni siquiera, temor de la autoridad, algo característico sobre todo entre los infanto juveniles que cada vez son más temerarios y se han convertido en permanente azote de la sociedad, sino que hay un transvasamiento de valores y principios en la ciudadanía, reflejo de la indefensión e impotencia en que se encuentra la gente.

Uno de los principales cometidos de un Estado es justamente, ocuparse de brindar seguridad a los habitantes, pero en Uruguay tenemos un Estado que se dedica a una multiplicidad de actividades que deberían estar en manos del sector privado, en vez de abocarse eficazmente a los que sí corresponden a los tres poderes que lo integran. Enseñanza y Salud Pública gratuita de calidad, para quienes no pueden pagar; Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas, impartir Justicia, elaboración de las leyes y poco más.

En cambio, tenemos un Estado que es dueño de casinos, hoteles, produce alcohol y bebidas, cemento y portland, distribuye nafta, tiene estaciones de servicio, es parte de una línea aérea, sostiene producciones antieconómicas como la caña de azúcar y monta plantas de la misma especie como Alur, refina combustible carísimo en lugar de importarlo, es monopólico en los distintos servicios públicos con empresas todas superpoblados de empleados, más un largo etc. que incluye una multiplicidad de organismos y firmas, funcionando algunas bajo derecho privado, que no se rigen por las normas de control estatal.

Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el combate al delito, tanto en la prevención como en la represión, el sistema carcelario y el accionar de la justicia, deja tanto que desear, que poco a poco se va haciendo carne en los uruguayos, la idea de que la justicia por mano propia es lo único que queda para defenderse. Y si se muere un rapiñero, un ladrón, un violador o un asesino, más vale así: "es uno menos en la calle". Porque se sabe que ni los que van presos tienen chances de regenerarse, ni todos los que cometen delitos, siempre y cuando sean descubiertos y mandados a prisión, purgarán sus condenas en las debidas condiciones o el tiempo dictaminado. Y ni que hablar del escándalo que son las "internaciones de seguridad", de los menores infractores.

Por lo que no es de extrañar que ciudadanos como Rafael, un carnicero del Cerro que terminó matando a un malhechor, la tercera vez que fue asaltado en su negocio, diga "la policía está saturada, entonces saquen al ejército a controlar las calles. No tengo ningún problema de que vuelva, porque cuando estuvo no había ladrones y no molestaban a los trabajadores".