EDITORIAL

Las declaraciones del Director de Policía vuelven a poner la culpa por fuera de una gestión que ha tenido todo para enfrentar la situación de inseguridad, y 10 años después no tiene un solo índice, un solo dato con los que disimular su fracaso.

Las declaraciones del Director Nacional de Policía, Mario Layera, alertando sobre el panorama negro a futuro en materia de inseguridad, y denunciando la falta de coordinación entre las distintas oficinas del Estado, han generado una tormenta. Aunque tal vez por los motivos equivocados.

Layera se dedicó a hacer un diagnóstico de tipo sociológico sobre la situación social en las zonas pauperizadas del país. Y llegado el momento no dudó en disparar contra todo lo que camina: contra la Justicia, contra el Mides, contra la sociedad en general. Como si fuera un recién llegado que viene a cambiar el mundo, no hizo en ningún momento un mínimo mea culpa sobre la gestión de la que es parte.

Esto hay que repetirlo hasta el hartazgo, porque parece que hay gente que no lo quiere entender. El ministerio del Interior, y la cúpula de la cual Layera es parte destacada, han venido administrando las políticas de seguridad desde hace una década. ¡Diez años!

En ese plazo han tenido todos los recursos, todo el apoyo político, todo el viento a favor. Y pasado ese tiempo, no hay un solo dato que permita creer que han tenido un impacto positivo. Ni uno.

En cualquier empresa, en cualquier gestión de lo que sea, desde un club de fútbol hasta una murga, si usted tiene todo a favor durante diez años, y no mejora nada de nada, la consecuencia es obvia. En el Uruguay progresista parece que no.

Pero profundicemos un poco en las palabras del funcionario que, vale señalarlo, ha sido respaldado por su jefe inmediato, el hermano del presidente y viceministro de Interior, Jorge Vázquez.

Según el jerarca en los barrios marginados no hay códigos ni respeto por la vida debido al auge de la droga, los "malandros" locales se han perfeccionado en técnicas de sicariato y violencia en su relación con delincuentes extranjeros en las cárceles, y el panorama a futuro es negro porque la sociedad no asume que tiene que tomar medidas más de fondo.

Empecemos por el principio. ¿Por qué hay esa proliferación de drogas en los barrios marginales? ¿Quién es el responsable de evitar que eso ocurra? ¿No es la Policía? ¿No es Layera? Y ¿que pasó con aquel anuncio pomposo del entonces presidente Mujica de las medidas para la convivencia y la paz? ¿Se evaluó eso? ¿Sirvió para algo?

Se dice que el problema siempre empieza en las cárceles. Muy poético, pero... ¿quién maneja las cárceles? Porque hasta no hace mucho eran responsabilidad el Ministerio del Interior, cuya cúpula integra Layera. ¿Eso cambió? ¿Quién tiene la responsabilidad de que pase lo que pasa en las cárceles?

Sobre el acceso a las bases de datos del Mides y otros organismos, hay que decir una cosa. Y no será esto por defender a la gestión ruinosa y agraviantemente politizada de ese ministerio. Pero ¿qué cree Layera que va a lograr con el acceso a las bases de datos del Mides? ¿No tiene inteligencia policial? ¿Qué va a cambiar si la Policía tiene acceso a esas bases de datos?

Vale señalar que hay cuestiones de reserva informativa que son centrales en cualquier país civilizado. En EE.UU. si a usted lo detienen por un delito cualquiera, el Policía no tiene derecho a saber su estatus migratorio. Al menos hasta que llegó Trump. Y así con una cantidad de cosas. Porque el ciudadano tiene garantías que van más allá de lo que quiera el vigilante de turno. Es como el tema de los allanamientos nocturnos, primero reclamado por Bonomi, y ahora por el senador Larrañaga. La Policía tiene mucho para hacer, para tener más eficiencia, sin necesidad de afectar derechos constitucionales de la gente honesta.

Por último, hay un tema más profundo. Muchas de las cosas que dice Layera, serían interesantes si las dijera un dirigente político, que a la vez tendría que plantear ideas para mejorar, y después salir a pedirle el voto a la gente para implementarlas. El problema es que Layera no es un político, es un policía.

Y no cualquier policía. Es el Director Nacional de Policía. Su tarea es enfrentar la delincuencia y garantizar la vida y propiedad de los ciudadanos que le pagan el sueldo. Si tras diez años de gestión para la cual contó con todo lo que puede pedir un profesional, y con los números dramáticos que tiene el país hoy en ese rubro, lo mejor que puede hacer es ponerse a hacer complejas explicaciones sociológicas, el tema es que le erró de vocación. Tendría que entrar a la facultad de sociología, a la de antropología, o tal vez a la arena política. Pero cuando hace esas declaraciones desde el cargo que ocupa hoy, suena demasiado a un rosario de excusas para tapar el notorio fracaso de la gestión de la que es parte.