La marcha atrás

L a semana pasada, entre los muchos elogios que el Vicepresidente de la República atribuyó a su gobierno al despedir el segundo año de su gestión, se ufanaba en anunciar que teníamos un gobierno "con marcha atrás" queriendo significar que cuando se encaraba un rumbo, se resolvía una medida, si se tomaba conciencia de lo equivocado de esa decisión, no se tenía inconveniente en rectificarla.

Esa forma de gobernar puede o no ser una virtud. La mayor o menor trascendencia de la cuestión, la reiteración de las reculadas, pueden influir para que lo que se ve como un mérito se transforme en una ligereza. Pero también hay marchas atrás que condenan a un gobierno. Son aquellas en que el cambio se pone para dejar de cumplir con una promesa electoral, y peor cuando de ella se ha hecho un eslogan para tentar adhesiones que terminan defraudadas.

No, las marchas atrás no siempre son buenas, y las que se ponen para no cumplir promesas, afectan la credibilidad de un gobierno. Este del Frente Amplio ha puesto el cambio demasiadas veces al precio de su credibilidad, generándose problemas entre sus distintos sectores y situaciones personales que han llegado a extremos cruciales, en algún momento, entre sus ministros. El tratamiento a dar a las deudas de productores rurales, la formalización de un TLC con Estados Unidos, las vacilaciones del Presidente en torno a este último tema e incluso en el de las pasteras de Fray Bentos, son apenas algunos de los ejemplos que se pueden citar como pruebas de la inestabilidad de las decisiones que se toman y se cambian de un día para otro. Pero lo más grave es cuando en un programa de gobierno signado por lo que ha sido una gestión de oposición sistemática a determinadas políticas de gobiernos anteriores se anuncian cambios sustanciales, para después en definitiva hacer todo lo contrario de lo que se prometió: éste es el caso de la reforma tributaria, sobre cual el doble discurso de quienes fueron oposición y ahora son gobierno se traduce en asombrosas contradicciones.

En veinte años de oposición sistemática, recalcitrante, maciza, el Frente Amplio se opuso siempre a los impuestos sobre retribuciones de trabajadores y jubilados, denunciándolos escandalosamente como impuestos al trabajo, como rebajas de sueldos, como castigos despiadados a las retribuciones de dependientes laborales públicos y privados y de pasivos. No se trata de justificar la puesta en práctica de esos gravámenes que aunque se quisieron justificar por diversas razones -algunos de ellos para asegurar equidad salarial en el Estado, otros como desesperados recursos para evitar déficits fiscales perniciosos, en situaciones de graves crisis- en todo caso siempre tuvieron en común la inconstitucionalidad de la quita a las pasividades y su imposición con carácter transitorio. De lo primero, nadie se agravió por las vías correspondientes, y de lo segundo quedó demostrado que se cumplió con el compromiso de eliminar a estos gravámenes cuando llegara el caso y así se hizo.

Pero el Frente accedió al gobierno en ancas de un programa que prometió una reforma tributaria que tendría como eje el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas. Si bien en el concepto global caben las rentas que sean producto del trabajo -como los salarios- en la esencia de este Impuesto está, a escala universal, la posibilidad de deducciones por la situación de cada contribuyente, sus cargas familiares, sus gastos para la generación de esas rentas. Y repugna a su vez, a la esencia del mismo, su aplicación a las pasividades, por la sencilla razón que no son rentas.

Con las cartas arriba de la mesa, queda en evidencia que el gobierno maquilló su promesa y mintió. Lo que se acaba de aprobar no es un Impuesto a la Renta sino a los Ingresos Brutos, que afecta por igual a los desiguales, y que recorta las pasividades, lo cual genera a su vez , y adicionalmente, el vicio insubsanable de una inconstitucionalidad.

Pero además nada de esto será transitorio. Esta reforma aspira a ser definitiva por lo menos hasta que un rapto de pudor gubernamental la modifique o el Poder Judicial declare, en lo pertinente, la inconstitucionalidad de la ley.

Se ha pretendido justificar esta marcha atrás que dejó crujiendo la caja de cambios del país con el cinismo que lo que se propone en la oposición no tiene por qué hacerse desde el gobierno.

Es peor la enmienda que el soneto.