La gente que no paga

ERA previsible. Autoridades de la Intendencia Municipal montevideana señalaron que un 25 por ciento de los automovilistas del Departamento no pagó la primera cuota de la Patente de Rodados, que se cobra en enero. Suponen asimismo que es probable que ese margen se mantenga en meses próximos, lo cual significa un aumento de la masa de morosos con respecto a ejercicios pasados. Como ha señalado la prensa, y como puede imaginarlo cualquier observador, ese agravamiento del atraso en los pagos "responde a las dificultades que enfrentan los bolsillos uruguayos para hacer frente a sus obligaciones, en el comienzo del quinto año de recesión".

PARA tener una idea de las apreturas que afectan actualmente a los contribuyentes, cabe señalar por ejemplo que durante el año 2002 los precios subieron casi un 26 por ciento, mientras los salarios aumentaban promedialmente un 1,38 por ciento y el peso se devaluaba un 93,4 por ciento. De esa salvaje desproporción surge ahora la incapacidad de pago que afecta a mucha gente y que abarca a sectores de la población cada día más amplios, no sólo a la franja más pobre y no sólo a los desempleados. Como es notorio, el problema castiga con mayor dureza a quienes integran el área laboral privada, un campo donde las empresas pelean desventajosamente por sobrevivir y han recurrido a expedientes tales como los despidos, los pases a seguro de paro y la rebaja general de sueldos: en ese terreno hace ya tiempo que ni se habla de aumentos salariales.

EN la administración pública, en cambio, hay excepciones a la penosa regla, porque los funcionarios del Palacio Legislativo obtuvieron a comienzos de año un ajuste de sueldos que llega casi al 18 por ciento, beneficio defendido por la bancada frentamplista con argumentaciones que al parecer sólo satisfacen a esos parlamentarios. La opinión pública ha juzgado en cambio que parece escandaloso otorgar tales ajustes en un momento en que el gasto público debería retraerse y por cierto que no ha hecho los recortes aconsejados por el sentido común ni la prudencia, sino que ha efectuado algún ahorro no sólo insignificante sino también insuficiente. En tales condiciones, a las que debe añadirse la situación del agro y los márgenes de desempleo en el entorno del 19 por ciento de la población activa, el Estado no parece sentirse obligado a prescindir —digamos— de funcionarios del servicio exterior o beneficiarios de contratos de obra y servicios (a menudo remunerados en dólares) sin los cuales el aparato oficial seguiría funcionando igualmente.

UN reflejo de ese descalabro es la morosidad en el pago de la Patente de Rodados, punta visible del doloroso iceberg que si bien no constituye el sesgo más angustiante del panorama nacional, permite en cambio tener idea de los desequilibrios que van agudizándose en las cuentas públicas y de la sombría perspectiva de futuro que se abre para quienes deben manejar esas arcas. Como complemento del cuadro, la Intendencia Municipal de Montevideo ya ha recibido a la fecha unas 18.000 solicitudes pidiendo una rebaja en la Contribución Inmobiliaria, planteos que se originan en el desnivel entre el monto de ese tributo y el disminuido precio que las propiedades tienen hoy en el mercado inmobiliario. A pesar de ello, y como nuevo índice de la irrealidad que viven los organismos públicos, la Dirección Nacional de Catastro —una dependencia del Ministerio de Economía—ha anunciado que durante el año corriente procederá a reaforar las propiedades montevideanas: "se considera que ese relevamiento aumentará los tributos, al incrementar el valor de los inmuebles", dato inefable que parece dar la espalda a las realidades del mercado, demostrando que las autoridades también están distraídas.

PORQUE luego del reaforo, Catastro remite a la Intendencia los nuevos valores de acuerdo a los cuales se fijarán las futuras Contribuciones Inmobiliarias (y los futuros impuestos de Primaria) aunque "según la reglamentación vigente, ese valor debe estar directamente relacionado con los valores del mercado", que como es notorio han bajado sustancialmente, en ocasiones a la mitad de las estimaciones de hace un par de años. Entonces no se entiende cómo subirán los aforos y los tributos para afectar a propiedades cuyo precio de venta se ha derrumbado. En todo caso, esa contradicción se sumará a las otras que golpean hoy a los contribuyentes, incluido el ajuste del 18,75 que resolvió la Intendencia para aumentar patentes, contribuciones, tributos domiciliarios y hasta para el costo de cualquier trámite que se cumpla a nivel municipal, por no hablar de otros aumentos en luz, teléfono y agua corriente.

La clase política uruguaya debería echar un vistazo a lo que acaba de ocurrir en La Paz (Bolivia) donde una sublevación policial desafió al gobierno luego del anuncio de un nuevo impuesto a los sueldos, provocando muertes en las calles, incendio de edificios públicos y desbordes populares. Todo —hasta la falta de realismo de los gobernantes— tiene un límite, extremo que el Uruguay debería considerar desde ya.