Lo más grave es perder el humor. Por eso suele ser tema de charla en la redacción de El País que, en tiempos de crisis generalizada de los medios, si el diario recibiera 10 pesos cada vez que es mencionado en algún órgano periodístico nacional, su situación patrimonial sería esplendorosa. Y eso que muchos se suelen “comer” las citas cuando levantan cosas publicadas aquí.

La reflexión viene a cuento por una pieza publicada en la última edición de Brecha (medio que siempre nos tiene muy presentes) en la cual el redactor de la “Ley de Medios”, Gustavo Gómez realiza una pretendida “investigación” en torno al tratamiento que a su proyecto habría dado este diario. La misma llega a una conclusión realmente removedora: El País habría tenido una postura editorial contraria a la ley.

Más complicado es cuando se pretende encasillar el trabajo informativo del diario, y a sus periodistas, en el marco de una postura empresarial contraria a la ley debido a que habría detectado apellidos comunes en algunos medios afectados y los de directivos del diario.

Como es difícil de creer que alguien que ha llegado a cargos tan altos tenga carencias informativas tan importantes, no hay más remedio que poner en tela de juicio la ética del inquisidor. Desde hace más de una década que El País no tiene vinculación institucional con medios audiovisuales (salvo El País TV). Hay algunos accionistas del diario que tienen intereses en alguna señal de cable, debido a que son negocios conexos en un mercado microscópico, por lo cual no es nada extraño. Pero una gran mayoría no, por lo cual sería muy despreciativo de la inteligencia de estos últimos creer que se usaría el diario para defender una postura comercial que no los implica. Y no son los únicos a los que el autor de la ley y el pretendido estudio subestiman en forma insultante.

Lo hace con los periodistas que trabajan en esta casa, a los que cree capaces de sumarse a una campaña en la que no les va nada. Pero, sobre todo, agravia a la sociedad en general, en algo que es muy común entre la visión ideológica que notoriamente defiende Gómez, al creer que son una masa de ignorantes ovejas, que precisan que un preclaro intelectual como él, les venga a informar que ese medio que él mismo sostiene cuenta con “un poder enorme” en la agenda informativa nacional y en la formación de opinión pública, los viene engañando vilmente desde hace casi 100 años.

¿Cómo cree Gómez que El País logró ese estatus de referencia? ¿Por qué pasa con El País y no con otros, que seguramente son más de su gusto y que han hecho coberturas, esas sí, realmente flechadas a la hora de cubrir este tema? ¿Por que no habló del tema cuando hace apenas unos meses se le hizo una extensísima entrevista en un informe de fin de semana en El País, para que explicara el impacto de los sucesivos fallos de la SCJ contra su proyecto? A los que apenas ayer se sumó uno nuevo, vale señalar.

En este país no existe la autocrítica. Pero sería interesante que el autor de un proyecto que tuvo al sistema político enfrascado en una discusión estéril por meses, explicara como fue que la ley que redactó lleva ya tres fallos en contra por inconstitucionalidad. Eso sería más ético, seguro, que pretender hacer un estudio seudocientífico independiente sobre el tratamiento periodístico a un proyecto de ley que... ¡él mismo escribió!

Otro detalle, para sepultar algunos argumentos de guardería. Uno de los grandes defectos de esta ley es su amplitud. Allí hay reglas que van desde la regulación de la concesión de ondas de TV, plazos, cánones, hasta controles de contenidos. Y el proyecto original era peor. Si hay algo que nadie criticó nunca, al menos en El País, ha sido la parte de las concesiones. ¿Por qué entonces los impulsores siempre se victimizan afirmando que hay una campaña contra el proyecto justamente porque toca esos intereses? Acá lo que se cuestiona es una ley mesiánica que quiere decirles a los medios lo que pueden o no decir, en base a argumentos burocráticos absurdos.

Hay una cosa que ya parecía innecesario explicar, pero que estos hechos obligan a repetir. Un diario publica en el papel que compra, con la tinta que compra, el producto del trabajo de sus trabajadores (que paga) y defiende las posturas que cree importantes. Y el que decide si está bien o no, si lo apoya o no, es la ciudadanía, y a lo sumo un juez. Creer que hay un grupito de “genios” que saben más que la gente misma lo que a esta le conviene, eso sí es antidemocrático. Que el autor de esta ley defienda esta postura, dice mucho más sobre el espíritu que la impulsó que ninguna cobertura de El País.

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