Editorial

El Poder Judicial

A lo largo de estos años, los gobiernos del Frente Amplio se acostumbraron a gobernar con una abundancia de recursos y un nivel de recaudación nunca visto en setenta años, gracias a las favorables condiciones externas, además de contar con la aplanadora proporcionada por las mayorías parlamentarias.

Sin embargo, se encontraron con que había otro Poder del Estado al que no podían doblegar. Entonces idearon una eficaz forma de extorsión: el ahogo financiero. A no ser, claro está, que muestre otra actitud más alineada. Por ejemplo, siendo favorable a la ley de medios, para cuya aplicación sí le han destinado recursos. De ser así, puede que le prometan algo en cuotas anuales, esfuerzo de rubros mediante.

Da la impresión de que al gobierno de Tabaré Vázquez, o tal vez habría que decir, del Plenario del Frente Amplio, lo del título les molesta. Y mucho. Por lo tanto, la consigna es bien clara. Se le ignora por completo en la redacción del nuevo Presupuesto Nacional. Es como si no existiera. Hay que neutralizarlo como sea. No lo respetan. Mujica fue muy claro, con la recordada frase aquella de "lo político sobre lo jurídico". Descreen de la Administración de Justicia, uno de los tres poderes básicos del sistema democrático de gobierno, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, equivalente en absoluto a los otros dos desde el punto de vista institucional, y cuya independencia hace, justamente, a la sabia separación de los poderes que proponía Montesquieu.

Desde hace un tiempo se empezaron a oír cuestionamientos a la forma de designar a los jueces, y alguna ONG compañera apareció con una propuesta: "la democratización de la justicia". Comenzó a usarse este particular argumento, exactamente igual que en Ecuador, Bolivia y Venezuela, cuyos gobernantes han conseguido que hoy la justicia no sea más que una parodia. Y en Argentina, se ha maniobrado de diversas maneras para desestabilizarla. Aún no lo han conseguido totalmente, y la Corte Suprema es el último bastión en la vecina orilla que continúa resistiendo más allá de los embates.

En Uruguay, ha pasado algo semejante: a partir de que la SCJ no titubeó en marcar la inconstitucionalidad de varias de las leyes sancionadas en un parlamento de supremacía frenteamplista, cuyas bancadas han elaborado proyectos mal redactados y en contraposición con lo que indica la Carta Magna. Y con tanta soberbia que hasta pretendieron, en un momento, que los magistrados fueran a dar explicaciones al Palacio Legislativo respecto de su dictamen.

Y se llegó al extremo nunca visto —hasta entonces Uruguay se destacaba de su entorno latinoamericano por no ser escenario de atropellos como los observados en naciones vecinas—, de una asonada e invasión del venerable recinto por parte de un grupo de iracundos disconformes con un fallo. Donde para colmo, se hallaban trabajando los integrantes del máximo tribunal.

Lucía Topolansky además de apoyar esa iniciativa, que en el fondo lo que busca es obligar a los jueces a peregrinar por los despachos para obtener el respaldo oficial, al mejor estilo kirchnerista, no se ha quedado ahí. También habla de la conveniencia de crear un Tribunal Constitucional. En otras palabras, de quitar de su órbita uno de sus principales cometidos: el de velar por la legalidad constitucional. La actual estrategia no puede ser más evidente. Mientras que a la Fiscalía de Corte, hoy encabezada por Jorge Díaz, se le han aumentado los recursos, han sido obviados la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No se tuvo en cuenta el presupuesto presentado por la SCJ, aun cuando fue sancionada una reforma del Código del Proceso Penal que contó con el impulso del presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, en pos de agilizar los trámites judiciales con el fin de hacerlos más eficaces y por lo tanto más justos, ya que la proverbial lentitud de nuestro sistema resulta en lo opuesto. No es posible sin más medios montar esa nueva estructura que demanda más jueces, más fiscales y más juzgados.

En las últimos tiempos de la legislatura anterior se votó la Ley N° 19.310, que en el Art. 9 estableció que el Poder Judicial debía hacerse cargo de pagar de su exiguo presupuesto, si el Estado era condenado en un juicio en su contra. Ahora, según el Art. 667 del nuevo Presupuesto, se trata de corregir ese disparatado concepto, pero su redacción presenta dificultades interpretativas. Quien haya obtenido sentencia favorable contra el Estado, verá su pago largamente diferido.

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