Habla más de Juan que de Pedro, dice el viejo refrán. Y es muy aplicable a las primeras reacciones -destempladas casi todas- que provocó en el todavía actual oficialismo el articulado del anteproyecto de ley de urgente consideración divulgado anteayer por el gobierno electo.

Las reformas liberales, imprescindibles para que el país salga adelante después de años de estancamiento, son miradas con recelo y alarma por quienes se escudan en ideologías perimidas para proteger el statu quo.

Alfredo Asti ha dicho que las medidas que por fin corrigen la imposición abusiva de la bancarización obligatoria, eufemísticamente llamada "inclusión financiera" (¡qué buenos que fueron los frenteamplistas edulcorando sus barbaridades con nombres bonitos!), son "un misil en la línea de flotación de la lucha contra el lavado de activos, la evasión y la informalidad del trabajo".

Resulta que el supuesto "misil" da libertad al trabajador de elegir si desea que le paguen a través de una cuenta bancaria o en efectivo, o sea que lo libera de la coacción a transformarse en cliente cautivo de un banco (una institución que, para la izquierda de otros tiempos, representaba derecho viejo todos los males del mundo...).

Por otra parte, la saludable línea de incentivos del anteproyecto a la inversión extranjera, muy lejos de promover el lavado de activos, estimula la incorporación de capitales que reimpulsarán la cadena productiva y se traducirán en más trabajo para los uruguayos. Algún día la izquierda populista que nos malgobernó durante quince años tendrá que entender que esta inversión puede obtenerse por un camino diferente al de los convenios secretos y entreguistas que a ellos les agrada firmar, de espaldas al control parlamentario.

Otra crítica de antología es la de José Carlos Mahía, que subraya dos renglones de un artículo del anteproyecto, tratando de identificar en ellos una idea "temeraria". En defensa de la seguridad pública, tan menoscabada por las tres administraciones del Frente Amplio el artículo 21 mandata al personal policial a "identificarse como tal y dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con el tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista peligro inminente para su vida o integridad física o de terceras personas. En este último caso, el personal policial queda eximido de identificarse y de advertir". Mahía subraya esta última frase, interpretando en ella un desborde represivo.

Es curioso que habiendo formado parte del gobierno durante tantos años, no se haya enterado de la cantidad de homicidios de los que fueron víctimas tanto policías como civiles, debido a ese impedimento legal que la nueva norma procura enmendar.

Así funcionan: niegan una realidad que rompe los ojos, asumen actitudes maximalistas sin entender el desastre que se vive, sobre todo en las zonas más vulnerables del país, y después se sorprenden de que la ciudadanía les haya dado mayoritariamente la espalda en las últimas elecciones.

Ojalá valoraran a cabalidad lo bien que suena para los ciudadanos la declaración del futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, al semanario Búsqueda: "tras quince años de fracasos, el gobierno va a reprimir, y al que no le guste la palabra se la va a tener que tragar". ¡Al fin alguien lo dice así de claro!

Resultaron significativas otras repercusiones de frenteamplistas alineados al sector "moderado", un post-astorismo en franca declinación en la correlación de fuerzas frentistas. A Pablo Ferreri le hace gracia que uno de los artículos habilite a las carnicerías a producir embutidos (¡cómo les molesta todo lo que es liberalización!) y Pedro Apezteguía malinterpreta intencionadamente una breve disposición que tiene que ver con la higiene en la vía pública, obligando a los tenedores de animales a recoger sus deposiciones.

Este jerarca de la OPP responde que “cuando escribís cientos de artículos, terminás haciendo que la gente junte caca" (sic). Es un comentario que se le perdonaría a uno de esos trolls anónimos que inundan las redes de tonterías, pero que no parece corresponder a alguien que ha tenido y tiene altas responsabilidades de gobierno.

Sin embargo, la palma de oro la lleva Fabiana Goyeneche. Para ella, el anteproyecto es una “ley de atropello que elimina libertades, restringe derechos y atenta contra la clase trabajadora”. Y agrega que “es tiempo de unidad, organización y resistencia. Estamos juntxs”.

Vaya oposición la que nos espera...