La comisión parlamentaria que investiga las acciones de los servicios de inteligencia militar y policial desde la restauración de la democracia debería indagar también lo que se hace actualmente con el sistema de espionaje conocido como “El Guardián”.

En todos los países, incluidos los democráticos, funcionan servicios de inteligencia del Estado. Quiénes los dirigen, con qué fines, cómo se ejecutan y quién los supervisa son algunas de las preguntas que los ciudadanos se formulan. Aunque a nadie le gusta que se inmiscuyan en su vida privada es sabido que el Estado lo hace —al menos en teoría— en defensa del bien común. Esa acción tiene límites y, precisamente, una comisión parlamentaria investiga si en nuestro país esos límites han sido transgredidos en el pasado. Y hay algo más importante que debiera averiguar: si actualmente siguen existiendo tales transgresiones.

El problema con los servicios de inteligencia se suscita cuando el gobierno de turno los utiliza para espiar a políticos, jueces, periodistas, sindicalistas u otras personas con la intención de obtener ventajas indebidas o entrar en manipulaciones ilegales en torno a las víctimas del espionaje. En un sistema democrático como el uruguayo sería muy grave comprobar el desarrollo de ese tipo de actividades. Y bien, las primeras pesquisas de la comisión parlamenta- ria indican que ese tipo de espionaje que podría caratularse como político se desarrolló en nuestro país desde la restauración de la democracia en 1985 hasta 2015.

Sí, 2015, esa es la fecha que se marca como cierre de las operaciones ilegales sin que nadie explique bien por qué, y sobre todo sin que nadie esté seguro sobre si tales operaciones continúan o no hasta hoy. Según comentarios de los miembros de la comisión, el espionaje estuvo a cargo de militares, lo que era sabido, y de policías, lo que es más novedoso. Se dice también que entre los métodos empleados para invadir el fuero privado de las personas figuraba el uso de falsas cuadrillas de Antel y de OSE que, so pretexto de realizar trabajos en domicilios particulares, aprovechaban la ocasión para colocar dispositivos de escucha o seguimiento.

Las escenas que tantas veces se han visto en el cine y la TV habrían sido una práctica corriente entre nosotros en épocas y circunstancias aún no bien determinadas. Algunos frutos de esa intromisión estatal se conocen después que se incautaron archivos de inteligencia en unidades militares e incluso entre las pertenencias de un militar retirado ya fallecido. Desde hace meses se viene publicando información que muestra que los espías estatales siguieron en funciones bajo gobiernos democráticos al menos hasta hace dos años, según fuentes parlamentarias.

Coincidentemente, hace dos años el ministerio del Interior trajo el aparato de espionaje conocido como "El Guardián", un mecanismo que permite interceptar las llamadas de 800 celulares y 200 teléfonos fijos así como también intervenir 100 servicios de correos electrónicos y monitorear 3 redes sociales. Poco más se sabe de este sistema porque el ministerio guarda total reserva al respecto. Da la impresión que se toma el año 2015 como punto final de esas tareas clandestinas de inteligencia porque "El Guardián" se instaló para actuar con ciertos requisitos destinados a garantizar los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, el problema subsiste. Si bien el nuevo aparato solo puede actuar con la correspondiente autorización judicial en cada caso concreto, el sistema informático que debe controlar sus funciones aún no estaría operativo. Al menos así se denunció meses atrás desde la Suprema Corte de Justicia. No se ha confirmado todavía que el software conocido como Sistema Autorizado de Interceptaciones Legales (SAIL), previsto para "dotar de transparencia el procedimiento", haya entrado en acción. Todo lo cual impide que los jueces penales que dieron la autorización puedan después supervisar cómo se procedió, qué resultados se obtuvieron o cuál será el uso que se dará a la información obtenida. En el protocolo sobre el SAIL se decía que el Poder Judicial y el Ministerio Público podían realizar auditorías sobre las medidas de interceptación y también se señalaba que el ministerio del Interior debía remitir cada tres meses un reporte a la Corte con la lista de operaciones. Sería bueno saber si todo esto se cumple.

Ahora se informa oficialmente que la vigilancia electrónica y el espionaje cibernético que se hacían de manera clandestina en el pasado hoy se efectúan bajo control judicial solo para actuar contra delincuentes, el crimen organizado o el terrorismo, y no con otros fines. Sin embargo, persisten dudas y ambigüedades en torno a las acciones del presente y en particular sobre el despliegue de "El Guardián". También sobre este tema debe investigar la comisión parlamentaria.

EDITORIAL