EDITORIAL
diario El País

La insostenible farsa de Maduro

Dos noticias recientes que provienen de la ONU, echan luz sobre la realidad de las dictaduras de izquierda y, una de ellas, desafortunadamente, involucra a Uruguay.

Anteayer, una misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas e integrada por el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe que denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela, perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro. Se señalan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones, que llevan a cabo los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares.

La noticia que recoge nuestra edición de ayer, a partir de fuentes de EFE y AFP, refiere a unas 4.600 muertes (entre 2015 y 2017 fueron más de 5.000) a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas, y más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas. También afirma que los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes a "violencia sexual, así como palizas o descargas eléctricas en los genitales".

Por supuesto que el sátrapa de Maduro acusa a Estados Unidos de haber pagado ese informe, pretendiendo desconocer la independencia técnica de la misión y apelando a la práctica goebbeliana de satanizar al enemigo.

Todo el horror de este ejercicio prepotente del poder no se vive en nuestro país desde lejanas décadas, en que la subversión primero y la dictadura después avasallaron de forma semejante los derechos humanos.

Pero vergonzantemente, la otra noticia que viene de la ONU nos salpica en nuestro pasado más reciente: la organización europea Prisoners Defenders ha denunciado ante esa organización y la Corte Penal Internacional, la infamante esclavitud a que fueron sometidos los médicos cubanos “exportados” a otros países, que fueron explotados económicamente al punto de que ellos cobraban apenas el 22% de lo que tales naciones pagaban a Cuba por sus servicios. Entre esos países cómplices de una práctica aberrante, abolida en las naciones civilizadas desde hace más de un siglo, está Uruguay.

El informe del periodista Nicolás G. Keusseian establece que de acuerdo con un convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la Habana y nuestro Mides del gobierno anterior, "el Estado paga US$ 4.500 mensuales a Cuba por cada médico y US$ 2.500 por los licenciados en tecnología de la salud. Sin embargo, estos profesionales reciben en la mano US$ 1.000 y US$ 790, respectivamente".

La injusticia ya había sido denunciada en la legislatura pasada por el exsenador Pedro Bordaberry. En su crónica, Keusseian recoge la opinión de un médico cubano que trabajó en distintas misiones en Venezuela y Brasil y que hoy se encuentra en Uruguay. Declara sin ambages que el programa “es una esclavitud", porque Cuba medra con el trabajo de los profesionales, cuya única forma de progresar es emigrando a otros países.

Se señalan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones, que llevan a cabo los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares.

La denuncia presentada por Prisoners Defenders añade datos aún más escabrosos: un médico que renunció a uno de los programas e intentó volver a Cuba, por enterarse de que su hijo estaba enfermo, "fue notificado que no podría entrar al país" y que le correspondería “una pena de ocho años por haber desertado de una misión médica”. Así son las cosas, uruguayos: hemos estado financiando con recursos públicos a la dictadura "compañera".

Lo peor de todo esto es escuchar a José Mujica recomendando a los venezolanos "no ponerse delante de las tanquetas" o a Óscar Andrade despotricando contra los sistemas de salud del capitalismo, como se explayó en una insólita entrevista concedida esta semana al programa matutino de Radio Sarandí. ¿Qué sistema político están defendiendo? ¿Pueden hablar con propiedad de democracia y justicia social, mientras amparan estas prácticas totalitarias? Y más grave aún: ¿son estas las cabezas que representan a los sectores mayoritarios de la izquierda nacional?

La resolución del Parlamento Europeo del año pasado, que condena por igual al comunismo y al nazismo por sus "asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a una escala nunca vista” y que exhorta a los países del continente a erradicar de sus espacios públicos símbolos de exaltación de ambos totalitarismos, se ve que no ha prendido mucho en nuestra ciudadanía, a juzgar por la simpatía popular que aún despiertan estos curiosos personajes.

¿Cuántas denuncias más de organismos internacionales serán necesarias para que alguna gente despierte por fin?

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