EDITORIAL

Insensibilidad que lleva al hartazgo

En medio de un panorama de despilfarros y favoritismos debemos soportar que uno de los sectores más frágiles de la sociedad, el de las personas que se sumen en una depresión tal que piensan en atentar contra su propia vida, quede desprotegido.

Los teléfonos móviles de la ONG Último Recurso debieron ser apagados el pasado domingo. En el país con más alta tasa de suicidios de América Latina, desde hace cinco días no existe una línea telefónica que asista a las personas que enfrentan ese durísimo trance.

La ONG, conducida durante casi tres décadas por la psiquiatra Silvia Peláez, debió cancelar su operativa al caer el último de los apoyos estatales que estaba recibiendo.

Atendían un promedio de quince llamadas por día, con positivos resultados en el rescate psicológico de las personas que recurrían a ellos.

Ahora el gobierno aclara que en las próximas semanas empezará a funcionar un servicio similar, dentro de la órbita de ASSE. Lo mismo viene diciendo desde hace siete años, según un revelador informe publicado por la periodista Carolina Bello en El Observador de anteayer. En 2011, bajo la presidencia de Mujica, formularon un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluía una línea telefónica de apoyo, prometida para 2015, pero que nunca se concretó. Cuando hace dos años la cantidad de autoeliminaciones se elevó a 709 ¡superando las 692 acaecidas en 2002!, el actual ministro Jorge Basso también prometió que su cartera incorporaría una línea de estas características. Nada ocurrió. En julio de 2017, la entonces subsecretaria Cristina Lustemberg anunció que "en dos semanas" la pondría en funcionamiento. Tampoco pasó nada. Y ahora que forzaron a Último Recurso a dejar de funcionar, vuelven a anunciar que estará operativa "antes de finales de abril".

Veremos. Lo cierto es que si la ONG estaba atendiendo a quince compatriotas por día, desde el domingo pasado hasta fines de abril habrá medio millar de pedidos de ayuda sin respuesta, ni pública ni de particulares. ¿Se puede ser más omiso? ¿Tenemos que soportar pasivamente que el gobierno retire el apoyo a una institución sin fines de lucro que venía funcionando desde hace tanto tiempo, a cambio de crear un servicio nada menos que bajo la órbita de ASSE, con la penosa y vergonzante hilera de irregularidades a que esta nos tiene acostumbrados?

Se trata de una muestra de insensibilidad de las autoridades, que no se compatibiliza con la gravísima falencia de política estatal en prevención del suicidio. Para colmo, en más de una oportunidad algunos profesionales con responsabilidad de gestión en la salud han declarado a la prensa que el récord continental en Uruguay no tendría que tomarse tan a la tremenda porque, según ellos, se debe a que en el país medimos bien, mientras que en otros de la región se registra en forma insuficiente. Penoso consuelo de la uruguayez: convertir un dato alarmante en motivo de orgullo, porque se detecta.

En los últimos días, distintos medios de prensa han recogido testimonios de personas a quienes, literalmente, la ONG Último Recurso les salvó la vida. Desde una posición liberal, hay quienes creen que el Estado debería prescindir de proteger la vida de los que procuran auto-eliminarse, respetando ese acto como un ejercicio de libertad personal. Es un grueso error. Porque la depresión que conduce al suicidio dista mucho de ser libremente elegida: es un grave trastorno psicológico del que la persona tiene derecho a salir y el Estado la obligación de ayudarla.

Pero en el país donde directores de hospitales públicos de distintas ciudades se han estado alquilando sus propias ambulancias, y donde altas autoridades se han comprado shorts deportivos y otras menudencias con el dinero de todos, debemos soportar que uno de los sectores más frágiles de la sociedad, el de las personas que se sumen en una depresión tal que piensan en atentar contra su propia vida, quede desprotegido.

El hecho no solo revela la incapacidad del gobierno en resolver problemas prioritarios. También es indicativo de su permanente desdén por la gestión privada de los servicios públicos, el mismo por el que un consejero de Primaria acusó de "pinochetistas" a los defensores de la propuesta educativa de los liceos Jubilar e Impulso.

A esta altura, cabe preguntarse si esa soberbia se origina solamente en un prejuicio ideológico colectivista, y no vendrá más bien de la voluntad de seguir acaparando funciones, que permitirán más poder, más licitaciones, más cargos, sueldos y privilegios para repartir entre los amigos políticos.

Hagan lo que quieran: borren de un plumazo el esfuerzo de un grupo de particulares que salvó tal vez a cientos o miles de vidas de uruguayos. Pero sepan que nos estamos hartando.

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