EDITORIAL

En la próxima campaña electoral los partidos políticos deberán presentar sus planes en materia de seguridad pública y a su candidato a ocupar el ministerio del Interior. Así de importante se ha vuelto el problema de la criminalidad.

A estas alturas nadie puede dudar que la inseguridad pública será uno de los temas centrales de la campaña electoral del año próximo. No es necesario leer las encuestas para saberlo porque la preocupación se palpa en la calle y en los hogares de todo el país. Esto va más allá de la tasa récord de homicidios sino que se relaciona con el persistente aumento de los crímenes, en especial las rapiñas, esas que Tabaré Vázquez prometió que bajarían en un 30% y no han hecho más que acrecentarse.

Se trata sin duda del punto más débil de los tres gobiernos del FA. Al principio eran los propios gobernantes quienes lo reconocían. Un divulgado folleto de la campaña de 2010, la que elevó a José Mujica a la presidencia, admitía que la seguridad pública era "la gran asignatura pendiente" de la administración Vázquez. Allí mismo se postulaba para el cargo de ministro del Interior a Eduardo Bonomi, presentado como un experto en resolver las "misiones que no pueden fracasar". En su primer gobierno, Váz-quez había descartado a Bonomi porque este había asesinado a un policía. En cambio a Mujica, que de eso sabía, no le importó y puso a su antiguo compañero tupamaro al frente del ministerio del Interior. Así nos fue.

Desde el comienzo se notó el despiste de Bonomi. "Yo no me animo a recomendarle a la gente que se arme, ni que no lo haga, es una cuestión de responsabilidad de cada uno", declaró pocos meses después de asumir. Fue un comentario demasiado arriesgado que levantó polvareda. Dos predecesores de Bonomi en el cargo, sus correligionarios José Díaz y Daisy Tourné, le salieron al cruce de inmediato. Para Díaz el discurso oficial "debe ser contrario al uso de armas por parte de particulares". Según Tourné "un mensaje así de ambiguo puede llevar a pensar que se está habilitando el gatillo fácil". El entonces presidente Mujica acotó que "son cosas del fuero interno de cada uno" en tanto su ministro de Defensa, Fernández Huidobro, admitía que "no hay más remedio por ahora que armarse".

Estas dudas y discrepancias, vigentes hasta el día de hoy, revelan que en la coalición de izquierda no hay un mínimo consenso sobre tan grave asunto. El comerciante y en general cualquier ciudadano que se siente cada vez más desprotegido sigue planteándose el dilema de si armarse o no para defenderse del hampa. Un dilema agravado porque ahora los delincuentes consuman los atracos y además matan a sus víctimas con una naturalidad desconocida en nuestro país. Convendría saber si después de casi ocho años de gestión, Bonomi y su elenco tienen algún consejo para darle a la gente respecto al uso de las armas. Porque el "no se resista" aconsejado oficialmente a los empleados de supermercados y comercios podía ser válido cuando al delincuente le alcanzaba con llevarse el botín, pero sin segar vidas. Ahora es distinto.

En vez de encarar seriamente dilemas de este tipo, el Frente Amplio sigue jugando a esconder la cabeza para no ver la realidad. Cada vez que Bonomi y su elenco son llamados al Parlamento la bancada oficialista vota un apoyo en bloque sin aceptar observaciones de especie alguna. Pocos, muy pocos dentro del gobierno se animan a pregonar su inquietud a pesar de que la presión de la gente en busca de más seguridad sigue subiendo no solo en Montevideo y Canelones sino a lo largo de todo el país. Un ejemplo de ello es el caso de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, dirigiéndose al Poder Ejecutivo para reclamar que se autorice un patrullaje militar por la otrora pacífica ciudad de Minas.

Hoy está claro que quienes aspiren a gobernar el país durante un quinquenio deben prepararse a resolver el drama de la inseguridad. Si antes era inconcebible que un candidato opositor se presentara sin identificar a su ministro de Economía ahora está obligado a revelar quién será su ministro del Interior. Una persona que, por supuesto, debe reunir las condiciones morales adecuadas, demostrar autoridad a infundir respeto. Y además tiene que hilvanar un plan justo y posible para reducir el delito. Un plan que le haga llegar al delincuente la certeza de que el crimen no paga y que tarde o temprano será capturado. Es decir, exactamente lo contrario de lo que sucede ahora, en donde gran parte de los delitos, especialmente los más graves como el homicidio, quedan sin aclararse.

En conclusión, el debate sobre la inseguridad será un eje de la campaña electoral. Si los candidatos de oposición toman conciencia de ello y se preparan debidamente, la continuidad del Frente Amplio en el gobierno estará gravemente amenazada.