Han pasado 10 años desde que se promulgara la ley N° 17.826 sobre Delito de Abigeato y aún más tiempo, desde que en esta misma página se escribiera sobre el tema, pero lamentablemente, la situación en el campo sigue siendo de gran indefensión.

El desamparo existe desde el punto de vista de la justicia, del económico y de la seguridad personal. Una grave coyuntura que no hace más que aumentar la desmoralización reinante entre pequeños y grandes productores, que sufren en carne propia la impunidad con que operan los delincuentes.

Para un hacendado grande, la muerte y el robo de un animal puede resultarle un daño mayor e menor, dependiendo si era una vaca preñada o no, si de pedigree, si eran buenos terneros o novillos, si un toro de cabaña, lo cual representa la pérdida no solo de su valor comercial, sino de los años y esfuerzos económicos y de trabajo, invertidos para mejorar la genética del ganado uruguayo. Para un colono o un tambero pequeño, puede representar su ruina, la suya y la de su familia. No es de extrañar entonces, que ese estado de cosas sea una de las causas del despoblamiento de la campaña, tal como lo comentaba Mario Buzzalino de la Comisión de Fomento Rural, al hablar con El País sobre las "decenas de productores que han dejado el campo por la inseguridad".

Una inseguridad que no solo se refiere a lo material, sino a lo individual. La gente que vive en el campo está muy expuesta a los malhechores que naturalmente, se van haciendo cada vez más atrevidos y sanguinarios en proporción directa con la falta de temor al castigo que saben que o no llega o es muy leve.

Por ejemplo, a pesar de que en la actualidad hay otros instrumentos como las brigadas del Ministerio del Interior (Bepra) destinadas a este combate, y herramientas para descubrir a los maleantes como las pruebas de ADN que se realizan en algunos laboratorios, resulta que luego ante la contundente prueba, al ladrón no se le procesa por robo, sino por faena clandestina, con una pena más leve. Así ocurrió este verano, en el caso de un toro campeón que había sido cuereado en el predio y su carne fuera después descubierta en ciertas carnicerías.

Lo cual además, muestra que estas actividades delictivas encierran, un serio peligro para la sanidad de la población. Algo que debería preocupar seriamente a las autoridades del ramo, por sus consecuencias en la salud de las personas que se suman a los otros perjuicios.

Es sabido que mucha gente ha renunciado a la cría de ovinos porque son continuamente saqueados, como aquel productor de Soriano, del cual hablábamos en un editorial en febrero del 2003. Rendido y amargado ante la impotencia para proteger su majada, diezmada continuamente por los cuatreros, mandó todo lo que le quedaba a remate, abandonando para siempre, la producción a la que había dedicado toda su vida. En 40 meses había perdido 400 ovinos, de los 750 que poseía.

Las actitudes de mal entendida tolerancia, aquello de pensar que robarse un animal no es tan grave en la suposición de que lo hace para comer, están en la base de la descomposición social que proviene de no proteger el derecho de propiedad y los bienes de quien trabaja honestamente y cumple con la ley. Aparte de que es notorio que detrás de este accionar delictivo, en la mayoría de los casos, lo que prima es el interés de hacer un negocio, chico o grande. Porque está claro que muchas veces se trata de bandas organizadas, cuando no algún vecino que se hizo rico de esta manera.

El reciente comunicado emitido por seis gremiales rurales, pone en evidencia que se trata de un problema importante que merece un golpe de timón. Si bien con la ley antes mencionada y las nuevas posibilidades tecnológicas, la justicia podría actuar con mayor firmeza de la que le es habitual, es conveniente ampliar y aggiornar la legislación al respecto. Tanto para incluir los nuevos elementos técnicos que hoy existen para luchar contra estos delitos, como para dar mayor protección a los ciudadanos.

Era lo que buscaba el proyecto que fue presentado años atrás y que terminó, aunque había aparentemente buena disposición en el Parlamento, cajoneado en algún rincón.

Uno de los puntos de fricción giró alrededor de la figura de legítima defensa, la cual debe extenderse más allá de la casa habitación, también a los galpones o a cualquier otra instalación de las que forman parte de cualquier establecimiento de campo, a partir de los copamientos en distintos departamentos y los robos violentos a mano armada. En esa iniciativa hoy se trabaja.

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