El llamado "estadito paralelo", compuesto por decenas de empresas estatales que se rigen por el derecho privado, sigue aportando malas noticias. Aunque el apogeo que alcanzó en los gobiernos del Frente Amplio suele justificarse por la necesidad de tornar más competitivo al Estado, su gestión sigue siendo deficitaria en varios casos.

Es lo que sucede por ejemplo, con las sociedades colaterales de Ancap y Ute que el año pasado sumaron pérdidas por casi 60 millones de dólares.

Así lo comprobó un estudio realizado por el semanario Búsqueda sobre el balance correspondiente al 2015 de algunas de esas colaterales en donde se verificaron pérdidas. Se trata de sociedades pertenecientes a Ancap (44 millones) y Ute (15 millones). Son dineros que esos entes deben reponer ya sea con fondos propios o apelando al erario público. Este es un dato que el gobierno no debería soslayar en momentos en que se reclama mayor contención del gasto y se postergan inversiones para ahorrar recursos.

Fracasado el primer intento de Tabaré Vázquez por reformar el Estado ("la madre de todas las reformas" frustrada una década atrás), los sucesivos gobiernos de izquierda alimentaron como nunca ese Estado paralelo. Nuevas agencias, institutos, sociedades anónimas y fideicomisos se poblaron de una nueva clase de funcionarios cuya actividad escapa a los controles habituales del sector público, que acceden a los cargos por designación directa, que ganan mejores sueldos y que no están alcanzados por prohibiciones e incompatibilidades propias de los funcionarios públicos.

Tiempo atrás, un documento de las cámaras empresariales expresó su preocupación por ese enjambre de entidades que no son estrictamente ni públicas ni privadas, al tiempo que pidió nuevas normas para encuadrar sus acciones. El documento incluyó una lista detallada de empresas —40 personas públicas no estatales y 60 sociedades anónimas— algunas de las cuales, como la Corporación Vial del Uruguay, recaudan bastante más dinero que otras ventanillas del Estado.

Los excesos más notorios son los de Ancap, según reveló la investigación parlamentaria cuyos resultados están ahora en manos de la justicia penal. Con una veintena de estas instituciones, algunas de las cuales operan a sus anchas en el exterior, el ente petrolero sigue perdiendo recursos. Hay casos emblemáticos como Cementos del Plata, cuyo déficit crónico se agranda, o el de la folclórica empresa Caba, consagrada a la fabricación —también deficitaria— de una línea de perfumes, un hallazgo de la pesquisa parlamentaria que dejó estupefactos incluso a los legisladores oficialistas.

Es que el crecimiento del "estadito paralelo" fue una tendencia incontenible en los últimos años a pesar de que los gobiernos de izquierda siguieron declamando su aprecio por un Estado robusto e interventor. Sin embargo, en los hechos estas empresas no estatales se multiplicaron del 2005 a la fecha sin mayores controles y con escasa información sobre sus andanzas. El problema se agrava si se considera que existe "una tercera generación" de sociedades anónimas que son propiedad de compañías creadas con anterioridad, en donde el conocimiento de sus actividades se hace aún más difícil. Para seguir con el caso de Ancap, esa es la situación de la Distribuidora Uruguaya de Combustible S.A. (Ducsa) que tiene inversiones en cinco sociedades anónimas y en una sociedad de responsabilidad limitada.

Al igual que los dos gobiernos precedentes, el actual manifiesta su inquietud ante este panorama de empresas que manejan recursos públicos, pero que se rigen por el derecho privado para dotarlas, se proclama, "de mayor eficiencia" (nótese la crítica que este argumento implica para la actuación del Estado siempre tan defendida por la izquierda).

Se indica que el Poder Ejecutivo está siguiendo con mayor atención el funcionamiento de ciertos entes y sus colaterales. Al respecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto examina la posibilidad de crear un "holding de entes", es decir una figura jurídica que los englobe a todos para facilitar una administración conjunta mejor coordinada y con mayor supervisión oficial.

Cuesta ser optimista sobre el éxito de este tipo de iniciativas pues ya se sabe que todo cambio en la gestión de los entes estatales debe sortear la resistencia de los gremios de funcionarios siempre interesados en mantener el statu quo. De todos modos la mayor atención de la Opp puede servir para poner la lupa y aplicar medidas sobre esta constelación de nuevas sociedades que crecieron y se multiplicaron a la sombra del Estado.

EDITORIAL