EDITORIAL

Las reparaciones a las víctimas de los tupamaros están todavía pendientes sin que la Institución Nacional de Derechos Humanos -hoy preocupada por los problemas de la murga “Cayó la cabra”- se digne ocuparse del tema.

Hace más de diez años, en su primer gobierno, Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley sobre reparaciones a las víctimas del "terrorismo de Estado" que incluía también a las víctimas de la guerrilla tupamara. Allí se adjudicaban compensaciones a familiares directos de los 66 policías, militares y civiles asesinados por los tupamaros. El proyecto fue bloqueado por los sectores más radicales del Frente Amplio, deseosos de retacear todo reconocimiento a los caídos en defensa de las instituciones democráticas o civiles que fueron víctimas inocentes de las fechorías de la guerrilla.

Tiempo después, con motivo de un homenaje a los cuatro soldados ejecutados cuando estaban de guardia, un ex jefe tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, por entonces ministro de Defensa Nacional, justificó el homenaje diciendo "no hay dolores de primera ni de segunda, ni hay muertos de primera y de segunda". Con ello aludía al injusto tratamiento dado a esas otras víctimas cuya muerte, así como el dolor de sus deudos, merecen tanto respecto como el de las víctimas de la dictadura. Al igual que con el proyecto de Vázquez sus declaraciones cayeron en el vacío.

Ante tanta pasividad podría pensarse que en nuestro país no hay organismos públicos a los que pueda acudirse en busca de justicia. Sin embargo hay uno. Es la Institución Nacional de Derechos Humanos que funciona hace unos ocho años y que hasta ahora nunca se dio por aludida sobre el tema, pese a que la ley 18.466 le otorgó competencias para investigar violaciones de derechos humanos y proponer a las autoridades la adopción de medidas reparatorias para los afectados. Esa actitud de indiferencia la mantiene hasta hoy con relación a los "muertos de segunda", al decir de Fernández Huidobro. Está claro que están demasiado ocupados en otros asuntos que consideran de mayor relevancia.

Así, por ejemplo, la susodicha Institución tiene tiempo de analizar en estos días los actos de censura contra una murga que habría aplicado la empresa Tenfield en sus trasmisiones televisadas de los espectáculos de carnaval. La murga en cuestión es "Cayó la cabra" que se atrevió a cuestionar en su cuplé a esa empresa y a su propietario en tono humorístico. Créase o no, la Institución entendió que debía intervenir de oficio en defensa de los derechos del público y de los indignados seguidores de "Cayó la cabra".

En tanto, no se les ocurre ocuparse de los familiares de los cuatro soldados masacrados en 1972 —es decir antes del golpe de Estado— por un comando tupamaro. Tampoco les pareció que debían interesarse por el caso de la limpiadora del bowling que pereció cuando los tupamaros lo incendiaron o del peón rural Pascasio Báez, ultimado a sangre fría porque tuvo la desdicha de descubrir un reducto clandestino. O de aquel civil que fue asesinado en la balacera durante el absurdo intento de copar la ciudad de Pando. La misma indiferencia es la que reciben las familias de los policías asesinados a sangre fría por resistirse a entregar sus armas a los insurrectos que, a mediados de los años sesenta, seguían la consigna pintada en los muros capitalinos: "ármate y espera".

Lo mismo sucede con los que sufrieron hurtos, copamientos, extorsiones y amenazas de los tupamaros, así como las personas secuestradas en las ignominiosas "cárceles del pueblo" que pagaron su privación de libertad con secuelas de todo tipo para ellos y sus familiares. En la lista también podría incluirse a quienes fueron aprehendidos y torturados por comandos integrados por militares y tupamaros como reveló una investigación publicada sobre el tema con testimonios de los actores de tales tropelías.

Corresponde recordar además que en la anterior legislatura el Partido Nacional presentó un proyecto de ley para reparar esta situación de injusticia. El entonces senador Luis Alberto Lacalle denunció que "el proyecto de resarcimiento para las otras víctimas, que son tan víctimas como cualquier otra, aunque no fue rechazado por el Parlamento, se lo dejó morir". En este como en otros casos el Frente Amplio hizo uso de su mayoría parlamentaria para bloquear el proyecto.

Nada de esto le movió un pelo a los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo con plenos poderes para intervenir en la materia. La disparidad de criterios respecto a las víctimas de la violencia sigue instalada sin que ese organismo —hoy ocupado con los problemas padecidos por la murga "Cayó la cabra"— pueda dedicarle un minuto de su tiempo. ¿Será que como dijo aquel ministro en Uruguay hay "muertos de primera y de segunda"?