Ninguna autoridad del gobierno o dirigente político concurrió a su entierro, ni hubo ningún acto simbólico que enalteciera la trayectoria de tan digna agente policial. Nadie se acercó para testimoniar su dolor o su rebeldía.

El atentado que mató a la joven policía Ingrid González Martínez dice mucho de la verdadera situación cotidiana que sufre la policía, sobre todo en las zonas populares metropolitanas.

Se trató de un atentado incendiario con bombas molotov, a altas horas de la noche, contra el apartamento del Block H del complejo de Aparicio Saravia y San Martín, en barrio Borro, donde residía la policía con su familia. Sin embargo, no fue un atentado salido de la nada: varias señales previas dejaban entrever que se podía terminar en esa tragedia.

En efecto, un vecino declaró que una noche anterior al atentado se tiraron bombas de estruendo hacia dentro del apartamento para intimidar a la agente. La madre de Ingrid González también declaró que hacía días que sufrían el acoso de vecinos. Además, se supo que cada vez que Ingrid volvía del trabajo a su casa, en la calle le cantaban que "a los milicos hay que matarlos porque crecen como piojos".

Un dirigente del sindicato de funcionarios policiales de Montevideo señaló que las amenazas habían sido denunciadas y que no se tomó ninguna medida para proteger a la policía y a su familia. En este sentido es sabido que ya han ocurrido varios casos similares al de Ingrid González, de policías que terminan teniendo que abandonar sus casas. A veces, porque se hace insoportable la presión social que sufren, ya que viven acosados por el simple hecho de ser los representantes del orden estatal en el barrio. Otras veces, más graves, los policías han tenido que partir de sus casas porque ellos o sus familias han sido directamente atacados.

No se trata de policías corruptos. No se trata de gente encumbrada y que, como si fuera la trama de alguna novela de ficción, ejerciera un poder desmedido beneficiándose personalmente con prebendas ilegales y vida a todo lujo. Es todo lo contrario. Los policías que vuelven amargados después de cumplir con su deber, con la cabeza gacha y debiendo sufrir el oprobio de vecinos del barrio que los insultan y degradan, y que en algunos casos terminan mudándose de casa por temor a vivir ataques como el que sufrió Ingrid González, forman parte por lo general del personal subalterno.

Por vocación o porque fue el trabajo seguro que pudieron conseguir sin que se les exigiera mucha formación, como es el caso de los requisitos para ser policía, se trata de personas que decidieron desde muy jóvenes integrarse a esa fuerza para ganarse la vida dignamente. La mayoría de las veces son buenos funcionarios, que incluso como en el caso de Ingrid González, se destacan por lo estudioso, disciplinado y proveniente del ministerio de Defensa. La mayoría son gente de origen humilde, que cree en el respeto de la ley y que cumple con esmero una tarea de servicio encomiable.

Esa policía está pidiendo a gritos más respaldo para su tarea. Primero, porque percibe que la población ha perdido el respeto hacia quien porta el uniforme policial, y eso lleva a que los delincuentes ataquen a mansalva y sin ningún prurito a los agentes en la calle o en sus casas. Se impone así un endurecimiento de las penas para quienes ataquen a la policía. Segundo, una parte de la policía también pide cambios legales para tener mayor seguridad al momento de actuar. Las quejas pasan porque por un lado, si en plena acción el policía dispara contra un presunto delincuente, puede ir preso porque su actuación se entiende que no fue lo suficientemente prudente. Pero si por otro lado decide quedarse quieto para extremar esa prudencia, el policía corre el riesgo de que una delincuencia mucho más agresiva que antes lo hiera de gravedad o lo termine matando.

El asesinato de Ingrid González no quedó impune. Un joven de 18 años, vecino de la agente, fue procesado por el "delito de incendio especialmente agravado con el resultado de muerte de una persona y lesión de varias". Sin embargo, no hubo una reacción de parte de las autoridades del ministerio, ni del sistema político en general, de respaldo contundente a la agente y a su familia: ninguna autoridad del gobierno o dirigente político concurrió a su entierro por ejemplo, ni hubo ningún acto simbólico que enalteciera la trayectoria de tan digna agente policial.

No se trata de reclamar desde aquí que se haga politiquería barata y demagógica. Pero sí de que los dirigentes políticos de gobierno y de oposición den claras señales de respaldo y solidaridad frente a estos actos infames en los que se asesina a quienes cumplen con la obligación de defender la libertad en el orden.

El país pide a gritos este respaldo. Y no es mucho pedir.

EDITORIAL