Si hay algo que no pudo tomar de sorpresa a nadie, fue la realización de auditorías varias en empresas del Estado y la Administración Pública, ya que el actual presidente Luis Lacalle Pou anunció su intención de llevarlas a cabo una y otra vez, durante la campaña electoral.

Después de 15 años de gobierno de un mismo partido, el Frente Amplio, y ante la poca transparencia característica de ese período, era una medida más que pertinente, esperada por sus votantes. En cambio, a quienes antes detentaban el poder no les hace ninguna gracia lo que sale a la luz y contraatacan como sea, aunque es tan gordo lo que aparece que no tienen mucho con que defenderse. Si bien a cinismo no les gana nadie, como lo acaba de demostrar la representante del FA en el directorio de UTE, el mayor accionista de la rocambolesca empresa Gas Sayago, inventada bajo el gobierno de Mujica. Todo lo cual va hoy rumbo a la justicia tras conocerse en profundidad, cómo se ha tirado la plata de los uruguayos, sin la menor consideración por los contribuyentes. Por todas las personas que pagando impuestos y haciendo frente al alto costo país, trabajan durante largos meses sin ganar un peso, solo para cumplir con los elevados aportes al Estado, ya sea directamente a la DGI, las tarifas y un copioso etcétera.

En aplicación de la trillada argucia de apuntar al mensajero y no al corazón del embrollo de modo de desviar la atención, la directora Fernanda Cardona esgrimió que la auditoría de la conocida consultora PWC, era ¡intrascendente y cara! Se olvidó, evidentemente, de lo que le ha costado al Uruguay, (y todavía le cuesta) el disparatado invento de la gasificadora. A medida que se conocen los detalles de su gestación no se sabe si la ineptitud era el rasgo principal de las autoridades del momento, o si se mezclaron otros ingredientes como la pura y dura indiferencia y falta de escrúpulos al momento de gastar dinero que no era el suyo sino del país. Así como tampoco se puede descartar que la corrupción haya hecho acto de presencia.

Es inconcebible aquella gigantesca embarcación para traer gas, (se decía que era la mayor del mundo en esa época) aparte de que el “joint venture” con la Argentina se cayera como era de esperarse de un país que tiene abundantes yacimientos gasíferos, además de que ni siquiera contara el emprendimiento con un estudio de viabilidad ambiental. Cuando por fin decidieron no seguir adelante con el proyecto, ya se habían clavado una serie inútil de pilotes en la bahía, cuya remoción demanda al menos US$ 8 millones. De acuerdo a la auditoría contratada por UTE, de los US$ 213 millones de pérdidas de la empresa Gas Sayago creada a ese fin, US$ 132 millones corresponden a tres obras que no sirven; una escollera, el dragado de una parte del Río de la Plata y un gasoducto. En 2012, UTE previó US$ 390 millones para construir esas obras y sin embargo, la auditoría detectó que los contratos firmados por Gas Sa-yago en 2013 y 2014 representaban US$ 718 millones. Una diferencia de solo un 84%. Finalmente no fueron desembolsadas porque bajó el telón de la mascarada. A esto deben sumarse los US$ 37 millones por eventuales condenas iniciadas contra la firma. Ello aparte de los US$ 3 millones que gasta Gas Sayago anualmente, aunque ya no opere.

Buena excusa para que el personal haya seguido cobrando sus suculentos sueldos, (de acuerdo a la media del mercado), en una empresa que prácticamente no existe. Para terminar con esta situación absurdamente onerosa, el Poder Ejecutivo enviará próximamente un proyecto de ley al Parlamento, donde de seguro habrá agitación política, que permita poner en marcha la liquidación y terminar con dicha sangría. La iniciativa prevé transferir a sus accionistas, UTE y Ancap, socio minoritario, tanto los activos como los pasivos.

Más allá de que no está claro por qué se siguió adelante con tamaña aventura, luego de haber cobrado una multa de US$ 100 millones de rescisión por incumplimiento del contrato principal, el informe de PWC muestra la mala gestión imperante. Según contó la presidenta del Directorio, Silvia Emaldi, “no se encontró documentación que acreditara que UTE y Ancap hubiesen aprobado un plan de negocios, ni un estudio integrado sobre la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero o el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de contratos”.

Pero como sucedió con Sendic en Ancap, con sus gastos con la tarjeta corporativa mientras al buraco de cientos de millones de dólares los puso Juan Pueblo, ahora son las clases de piano y los miles de dólares en comidas, viajes y frutos secos, lo que acapara la atención.