EDITORIAL

Lo importante es el pasajero

Desde que apareció Uber mucha gente se vio beneficiada. Tiene más y mejores opciones; dejó de depender de un único mecanismo que no siempre conforma y cuyo servicio no goza de la confianza de muchos vecinos.

La semana pasada unos cien propietarios de taxímetros presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia contra un decreto aprobado por la Junta Departamental capitalina que habilitaba el funcionamiento de las plataformas electrónicas en servicios como Uber, Easy Taxi y Cabify.

La noticia tuvo impacto por cuanto estos servicios han ido sumando usuarios en forma acelerada y plantearon tensos conflictos con los taximetristas tradicionales.

El recurso sostiene que estas nuevas disposiciones violan los principios de igualdad y de seguridad jurídica que establece nuestra Constitución. Los propietarios de taxis acudieron a un destacado abogado, Juan Andrés Ramírez, catedrático de Derecho Civil, exdecano de la Facultad de Derecho y que en algún momento tuvo actividad política como ministro y como candidato a presidente por el Partido Nacional.

El objetivo de los taxistas es que si la Corte resuelve que el decreto municipal es, en efecto, inconstitucional, éste no puede aplicarse. Ramírez lo explicó con claridad: “si cae el decreto, caen Uber y las demás aplicaciones. Quedan solo los taxis. Ahí sí podría definirse un aumento de la cantidad de taxis en función de la demanda”.

Los taxistas sostienen que las nuevas modalidades de transporte cuentan con ventajas que ellos no tienen. No pagan matrículas que ellos sí pagan y eso provoca una “competencia desigual” ya que los permisos para los taxímetros son carísimos. Asimismo el decreto permite que el ingreso de choferes (con sus autos) a estos sistemas se hagan sin constatarse si hay o no más demanda, mientras que para los taxis, la adjudicación de nuevos coches la hace la Intendencia, por licitación, y solo en caso de que sea necesario ajustar la oferta de vehículos según la demanda de los pasajeros. Para los taxistas, esa ventaja otorgada a los nuevos sistema distorsionará todo el sistema.

Ciertamente no son iguales los requisitos exigidos para los taxis que los que se dan a los Uber y a otros nuevos sistemas. Tal desigualdad es la que pretende desmontar el recurso planteado.

La pregunta que habría que hacerse es porqué, en caso de que la Corte de cabida al reclamo, necesariamente “Uber cae”.

Lo razonable sería que caiga el pesado andamiaje que regula el servicio tradicional de taxis con su recarga de exigencias y normas muchas de ellas innecesarias o redundantes y cuyo único mal resultado es hacer caro el servicio, y por lo tanto difícil de competir con Uber y otros similares.

La solución no es liquidar a Uber ni establecer un monopolio, sino darle iguales ventajas a los taxis y permitir una sana competencia. Que estos no tengan la pesada carga que los pone en evidente desventaja. El problema es la sobreabundancia de normas y costos que desde el Estado se le impone al sistema tradicional y que lo encarece.

Para que se mantengan los principios constitucionales de igualdad y de seguridad jurídica, debería lograrse que los taxis funcionen en forma parecida a los Uber y no al revés.

Planteadas como están las cosas, lo que hay es un enfrentamiento entre intereses de dos grupos. Los taxistas por un lado y las nuevas plataformas por el otro y ello obligaría a la Suprema Corte a favorecer a unos y perjudicar a otros.

Sin embargo, hay un olvidado tercero en juego al que a nadie le importa en este Uruguay excesivamente estatizado y corporativista. Nos referimos al público, al cliente, al pasajero, que se supone debe ser el beneficiario de estos servicios.

Lo cierto es que desde que apareció Uber mucha gente se vio beneficiada. Tiene más y mejores opciones, dejó de depender de un único mecanismo que no siempre conforma y cuyo servicio no goza de la confianza de muchos vecinos.

Si bien los taxis son celosos de la cantidad de “permisarios” que circulan para que no haya coches sobrantes, hay horas en que al pasajero le es imposible conseguir uno. Un día lluvioso, en que es natural que suba la demanda, se vuelve un drama para el cliente. Asimismo, un pasajero puede pasar un mal momento si busca un taxi en esa inefable hora en que todos hacen el cambio de turno a la misma vez. Aún así, la competencia ayudó a una moderada mejora.

En conclusión, si bien urge resolver una desigualdad evidente, la solución no es liquidar lo que vino para bien, sino mejorar lo que ya era un problema. La igualdad y la seguridad que con justicia se reclama, solo tiene sentido si se logra favorecer al pasajero, destinatario final de estos servicios. Y para ello no es que deba “caer Uber”, sino cambiar cuanto antes los normas que regulan en exceso a los taxímetros tradicionales.

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