La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizó un paro el miércoles. Tiene derecho. Pero lo cierto es que ese paro incluía a los docentes y funcionarios de la enseñanza y se dio la situación de que 346 escuelas permanecieran con sus puertas cerradas.

Los niños volvieron a ser rehenes: no solo se reiteró el desconocer su derecho a estudiar al hacerles perder un día de clase (hace un mes ya habían perdido otro por el paro del Pit-Cnt contra la LUC) sino que además 41.029 alumnos se vieron impedidos de sus almuerzos programados en sus centros educativos. Sin clases y con hambre, así de simple.

No cuestionamos el derecho de huelga o los paros, ¿pero es necesario que los niños paguen las consecuencias de esas medidas?

Sensibilidad cero, por más que se rasguen sus vestiduras de sacrificados maestros. Parece que a la hora de sus prioridades, los pequeños no cuentan y poco les preocupan si se alimentan, porque con una guardia gremial quedaba solucionado al menos ese tema.

Tampoco les preocupó que hace año y medio que la educación presencial no existe por la ofensiva de la pandemia. Que a corta edad el tele-estudio se hace muy difícil y no todos pueden acceder a una computadora y que sin conocimientos es muy difícil que esos chicos tengan futuro. Y, por último, que el art. 70 de la Constitución que establece que “Son obligatorias las enseñanza primaria y media…” podemos mandarlo al tacho por obra y gracia de los docentes politizados de estas épocas. No hubo clases ni comida, pero sí un mensaje de la Coordinadora de la Enseñanza del Uruguay celebrando las 800.000 firmas conseguidas en la campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y llamando a movilizarse para conseguir el respaldo popular en el referéndum que tendría lugar en el año próximo.

Lo peor es que este mensaje de indiferencia hacia los niños por parte de los gremios docentes no es nuevo para nada. Vale recordar que allá por el mes de marzo, cuando la pandemia se había desbordado y habían llegado las primeras vacunas, se clasificó a ese sector en el grupo prioritario para inocularse. Era lógico, se trataba de asegurar la educación y estaban en contacto con sus alumnos. Pero un importante núcleo de ellos (el 39%) se negó a hacerlo. Los docentes y todos los uruguayos tenían la libertad de decidir si se vacunaban, ¿pero era necesario arriesgar la salud de sus educandos por un pinchazo?

Al no ser obligatoria la vacunación el gobierno debió buscar otros caminos. En ese marco fue que el presidente Lacalle Pou anunció que en la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Salud Pública Daniel Salinas había propuesto que todos aquellos docentes que decidieran no darse la vacuna, se realizaran cada semana un test de antígenos (un análisis rápido a través de un hisopado) para descartar el Covid. Como bien dijo Salinas, los docentes que se niegan a vacunarse tienen derecho, puesto que nadie los obliga, pero “no tienen derecho a infectar a los niños y sus familias”.

Pero dirigentes sindicales de profesores y maestros ni siquiera compartieron las urgencias del gobierno y menos las propuestas de sustituir las vacunas con un test de antígenos que garantizara a los alumnos que no iban a ser contagiados por sus docentes. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) se argumentó que “la idea de Salinas es inviable, no es ni siquiera posible de instrumentar” y no creen que se “imponga” porque “el gobierno tiene la línea de la libertad”. Mientras que para la Asociación de Docentes de la Educación Secundaria (ADES) se “sigue ofreciendo una solución que escapa a la realidad… Acá hay una campaña de mentirle a la población. Acá hay una política de presencialidad a bajo costo porque hubo un recorte presupuestal y están mintiendo”.

La insensibilidad ante todo. Poco les importaba lo que podía ocurrir con sus alumnos y sus familias, como poco les ha importado ahora si los chicos se alimentan o no. Lamentablemente los sindicatos de la enseñanza se caracterizan por sus reclamos y las medidas para sostenerlos, que no reparan en daños, ni en niños o jóvenes a la hora de plantearlos. Lejos de asumir la gravedad de la situación y buscar y dar garantías a sus educandos, sus caprichos los llevan a situarse en la vereda de enfrente.

Y ni que hablar del derecho a estudiar como única manera de superarse: la historia dice que invariablemente queda relegado y que la manera de presionar por sus reclamos es justamente cercenar ese derecho.

La ideología puede más que la vocación y la responsabilidad docente. Así nos va.