EDITORIAL

"Vamos a hacer auditorías a lo largo y ancho de todo el Estado para decirle a los uruguayos cómo está su país y sus instituciones”, fue uno de los anuncios de Luis Lacalle Pou cuando pedía el voto (que recibió) a los ciudadanos para acceder a la Presidencia.

Y en el mismo sentido se pronunciaba la gran sorpresa electoral y actual senador Guido Manini Ríos: “Auditorías en las reparticiones del Estado y con los responsables del mal manejo de los dineros ante la justicia”.

Este país tuvo una época en que creció a “tasas chinas” como decían las autoridades de la época, aunque no fue por méritos propios sino a impulsos de una de las más formidables bonanzas económicas de la historia que tuvo el mundo. Esa época coincidió con la llegada del Frente Amplio al poder y fue factor determinante para sus quince años en la Torre Ejecutiva y sus mayorías automáticas en el Palacio Legislativo.

Mucho dinero ingresó al país en ese tiempo, pero no tanto como el agujero que quedó luego como estela del pasaje frenteamplista: elevado déficit fiscal, alta tasa de desocupación, inflación en subida, seguridad y educación por el suelo y futuro complicado.

A lo largo de ese proceso, hay muchas cosas que fueron muy onerosas que no han quedado claras y pueden haber más. Las auditorías son hoy un reclamo general. La gente quiere saber cómo se pasó de la opulencia a la miseria en tan poco tiempo. Si fue solo por la incapacidad de los gobernantes de turno o hubo mal manejo de los dineros que los ciudadanos aportan con sus impuestos de primer mundo.

Allí están la Regasificadora, los negocios con Venezuela, Ancap y el Fondes. Son los grandes emblemas del manejo desprejuiciado del dinero con casos de corrupción ocurridos y comprobados. Pero también hay negocios o actuaciones que merecieron las observaciones del Tribunal de Cuentas y nunca fueron atendidas, o las hicieron escapar del Tribunal de Cuentas. Y en esos terrenos todo puede suceder.

En la primera categoría se encuentran el Mides y el Ministerio del Interior. El Mides -un Ministerio baluarte político creado en el 2005 con el advenimiento del FA y que hoy tiene más de 1.500 funcionarios y contrata a innumerables ONG- ha recibido más de 230 observaciones del Tribunal y las ha ignorado olímpicamente. En tanto el Ministerio del Interior ha tenido negocios con “China Xingxing Import & Corporation”, que fueron observados por el Tribunal, pero le pusieron la etiqueta de “secreto”. Incluso el entonces senador Lacalle Pou no tuvo suerte con sus pedidos de informes para conocer de qué se trataban esos convenios.

En la segunda categoría están las sociedades de derecho privado que funcionan en la órbita de las empresas públicas, manejan dinero del Estado, carecen del control del Tribunal y ni siquiera rinden cuentas. Es lo que Mujica llamaba el “estadito paralelo”, lo criticaba duramente, pero bien que se encargó de multiplicarlo y protegerlo. Esas sociedades, que hoy andan por las treinta y pico han procreado, a su vez, hijos y nietos con su mismo ADN. El total no se conoce, como tampoco cuántos funcionarios tienen, qué sueldos perciben, cuántos y quiénes son sus directores, sus retribuciones y beneficios. Ni siquiera -en muchas- cuáles son sus números finales.

A modo de ejemplo se puede describir la situación de Ancap y sus numerosas sociedades anónimas de acuerdo a un informe de agosto de 2017, como consecuencia del trabajo de la comisión investigadora del Senado que terminó con las denuncias penales y el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic. Veamos: 1) ALUR y su hija Agroalur SA; 2) Gasoducto Cruz del Sur SA: distribución de gas en Montevideo; Ancap tiene el 20%; 3) Gas Uruguay (Gasur) SA: distribución de supergás, Ancap tiene el 40% y el resto Acodike y Riogas; 4) Conecta SA: distribución de gas en todo el país con excepción de Montevideo, Ancap tiene el 45% y Petrobras el 55%; 5) Pamacor SA: se trata de la cantera de caliza La Sanducera en Paysandú; 6) Cementos del Plata SA: comercializa cemento clinker y otros productos; 7) Asistencia Técnica y Servicios SA: consultora. 8) Ancsol SA: firma que tiene Ancap en la Argentina; 9) Petrouruguay SA: exploración y producción de gas y petróleo en Argentina. Ancap tiene un 61,1% de las acciones y su hija Anasol el 38,7%. 10) Carboclor SA: también en Argentina, en proceso de cierre. 11) Ducsa: distribución de combustible en el país. Tiene numerosa descendencia, nietos de Ancap: a) Celemyr SA; b) Winimax SA; c) DBS SA; d) Abigale SA, e) Canopus Uruguay LTDA. Se dio de baja a Gas Sayago S.A., la Regasificadora, donde Ancap tenía el 20% y UTE el 80%.

¿Qué podrán descubrir las auditorías si a esto le sumamos UTE, Antel, OSE, Banco República, Corporación para el Desarrollo y alguna otra de menor porte? ¿Cuántas Sociedades Anónimas más operan en el Estado y los uruguayos no tienen la menor idea de su existencia?

Que vengan las auditorías. Y si son ya, mejor.