EDITORIAL
diario El País

La herencia del porro

Una de las malas herencias que deja el Frente Amplio en el poder es todo el tema de la regulación del mercado del cannabis. La última encuesta de la Junta Nacional de Drogas en este sentido lo es muy clara.

En primer lugar, los datos oficiales señalan que el consumo de marihuana viene aumentando sin parar desde inicios del siglo. Crece en todos los niveles de consumidores: quienes probaron esta droga alguna vez en su vida, quienes lo hicieron en los últimos 12 meses o quienes fumaron en los últimos 30 días.

En concreto, en 2018 el 30,2% de encuestados declararon haber consumido una vez en la vida, un 14,6% en los últimos 12 meses, y casi el 9% dijo ser consumidor frecuente ya que lo había hecho en los 30 días anteriores a la encuesta. La ley del FA de fines de 2013, que empezó a regir en 2014, no significó un cambio en un sentido de bajar el consumo de marihuana: entre 2014 y 2018, por el contrario, el crecimiento de su consumo se mantuvo.

En segundo lugar, desde que en julio de 2017 se habilitó la posibilidad de comprar marihuana con 40 gramos como máximo por persona y por mes, ya hay más de 39.000 individuos que se anotaron para hacerlo. Y eso a pesar de que las farmacias de expendio son muy pocas en total: 17 en todo el país.

En cualquier caso, no solamente los inscriptos no paran de crecer, sino que a ellos hay que sumar cerca de 8.000 personas habilitadas para cultivo doméstico, y más de 4.000 como miembros de clubes de cannabis.

A pesar de todos estos datos, la ley de 2013 no logró en cuatro años terminar con el consumo ilegal del producto: según cálculos del Observatorio Uruguayo de Drogas, entre quienes consumieron cannabis en los últimos 12 meses sólo el 27% de la droga provino del mercado legal. Esto quiere decir que casi tres de cada cuatro “fasos” de marihuana que se fuman en el país siguen teniendo un origen en el narcotráfico ilegal, o sea, se trata de los que se conocen como los porros “prensados paraguayos”. Atado a eso, hay que tener presente que al menos hay una hospitalización por consumo de marihuana cada tres días en todo el país.

¿Qué conclusiones se pueden sacar entonces sobre estos datos del porro frenteamplista? Por un lado, la normalización de la marihuana ha sido nefasta. En vez de promover fuertes campañas que dejaran en claro el gran daño a la salud que su consumo frecuente implica, el resultado del cambio de normativa de 2013 ha dejado entender que no pasa nada grave si se fuma marihuana. Además, no se logró cambiar la tendencia de largo plazo del aumento del consumo. Finalmente, las vías para hacerse de la droga son incluso más variadas hoy que antes: está la opción legal pero también se mantiene la ilegal, que por cierto sigue siendo la mayoritaria.

Por otro lado, a cinco años ya de aprobada la ley y con el cambio de gobierno que llegará en marzo, cabe hacerse las dos siguientes preguntas elementales: ¿debe el Estado ocuparse de producir y repartir marihuana? ¿Con qué objetivo lo hace, si no ha mejorado la salud pública con campañas de información que neutralicen el aumento del consumo, ni ha logrado tampoco frenar el narcotráfico que sigue siendo el principal proveedor de esta droga?

No se trata de ir hacia la penalización del consumo de marihuana, algo que tampoco era el escenario previo a 2013. Pero tampoco es posible aceptar una herencia frenteamplista tan mala, y renunciar a cambiar una ley que, notoriamente, no ha dado los resultados esperados.

Antes de esta ley de la administración Mujica, el actual presidente electo y por entonces diputado Lacalle Pou había presentado un proyecto de ley enormemente innovador sobre este tema.

Desde una perspectiva liberal, permitía por un lado la existencia de clubes de cannabis, y por otro lado entendía perfectamente que lo que estaba en juego era un tema de salud pública. Atacaba por tanto el problema de raíz, previendo campañas de información que explicitaran los riesgos de consumir marihuana, y enfrentando al narcotráfico con mucha decisión.

La iniciativa de Lacalle Pou fue de 2011. Casi una década más tarde, es claro que el problema del narcotráfico es mucho más grave que antes, y que la iniciativa frenteamplista de regularización del cannabis resultó un fiasco. Sin prisa pero sin pausa, será importante que el nuevo gobierno revise esta pésima herencia de la izquierda en el poder y que, con perspectiva moderna y liberal, enfrente mejor este problema de salud pública.

Cuenta con herramientas legales y con mayorías parlamentarias. Y sobre todo, con el apoyo decidido de la gente.

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