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Un golpe a la democracia

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EDITORIAL

“La amenaza del gremio de Ancap de no sumistrar combustible a Petrobras es un hecho gravísimo que deja en evidencia una escalada de prepotencia sindical, ante la cual el gobierno no puede seguir mirando para el costado”.

El hecho parece no haber sido medido en su justa gravedad ni por el gobierno, ni por el sistema político, ni por la propia Ancap, que no ha emitido palabra. Tal vez esto se deba a la paulatina insensibilización a la que nos somete el goteo diario de desbordes sindicales, cada vez más agresivos respecto a las reglas constitucionales que rigen este país. Pero la amenaza del gremio de Ancap, de no suministrar combustible a la empresa Petrobras, porque no le gusta la manera en que una filial ha manejado un conflicto laboral interno, es una directa amenaza al sistema democrático del país.

El primer desborde preocupante fue cuando el sindicato del gas, enfrascado en un conflicto delirante desde hace años, decidió ignorar una decisión de un juez legítimo y apropiarse de la gestión de la empresa MontevideoGas. Algo que incluso contó con la velada complicidad del ministerio de Trabajo, y de algunos legisladores del oficialismo, que fueron a legitimar con su presencia, una decisión que se da de cara con las garantías constitucionales del país.

Ahora, el gremio de Ancap dice que, en solidaridad con sus colegas del gas, puede decidir que no se le entregue más combustible a Petrobras, propietaria de MontevideoGas, como forma de presión o de sanción, por su actuación en este conflicto. La cantidad de normas y principios legales y democráticos que viola esta amenaza, es demasiado larga para enumerar. Pero veamos algunos.

Para empezar, el gremio de Ancap es representativo de un grupo de trabajadores sindicalizados de una empresa pública, que presta un servicio básico y estratégico para la economía del país. ¿Quién les dio el derecho a definir quien puede disponer de combustible para trabajar y quien no? Resulta que un grupito de trabajadores se va atribuir el derecho a decidir esta cuestión, ¿en nombre de quien?

En segundo lugar, Uruguay es un país democrático, con instituciones que representan a todos los ciudadanos, como el Poder Legislativo, o el Poder Judicial. ¿En qué momento esos poderes quedaron relegados ante la decisión de un sindicato? ¿Cada sindicato va a decidir arbitrariamente sobre a quien se provee de lo que produce la empresa para la cual trabajan sus afiliados? ¿Alguien se puso a pensar cual puede ser la consecuencia de algo así?

En tercer lugar, la constitución nacional, el texto legitimado por toda la sociedad y que regula la convivencia entre los uruguayos, prevé la libertad de comercio, la igualdad ante la ley, y el derecho a la libre competencia y a la no discriminación. ¿Cómo cree el sindicato de Ancap que puede coexistir eso frente a semejante amenaza? ¿O creen que su derecho a la huelga implica el derecho a controlar una empresa estatal y a definir cómo y con quien trabaja?

Hay un cuarto tema, que no es formal, pero si de fondo. ¿Cómo puede funcionar la economía de un país donde cada sindicato se siente libre de tomar decisiones de este tipo? ¿Quién estaría dispuesto a invertir y a apostar a un país donde un sindicato, que no tiene ninguna regulación en cuanto a su funcionamiento interno, a su representatividad, a nada, es amo y señor de tomar medidas de este tipo? Nadie por supuesto. Y lo que es peor, todo el resto de la sociedad deberemos hacernos cargo de las pérdidas, tanto por la salida de inversiones, como de las eventuales sentencias judiciales en contra del estado, por permitir que cosas así, notoriamente ilegales, afecten el trabajo de una empresa.

Pero hay una cuestión ideológica de fondo también. Este es el tipo de sociedad que los extremismos fascistas y marxistas (por igual) siempre ambicionaron. Una sociedad donde lo que vale no es el derecho individual, sino que los intereses son siempre colectivos y difusos. Entonces lo que puede pasar el viernes es que el gremio de Ancap no le venda combustible a Petrobras en “solidaridad” con el gremio del gas. Luego los estacioneros no venderán combustible a nadie en “solidaridad” con Petrobras, ya que mañana les puede tocar a ellos. Y así seguiremos en una escalada sin fin, que terminará en el caos general, que ya hemos visto en todos los países que se han querido organizar de esta manera.

Lo más grave es que algo así ya pasó. El sindicato de Ancap hizo algo parecido con la intención de perjudicar a una empresa de supergas hace no mucho. Y la actuación del gobierno ante semejante atropello fue tímida, hasta cómplice.

Un nuevo episodio de este tipo es inaceptable. Por el bien de la sociedad en su conjunto, el gobierno debe intervenir, y poner las cosas en su lugar. En un país serio, democrático, no hay espacio para este tipo de acciones.

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