EDITORIAL

Un golazo de la democracia

A pocos días de las elecciones y con la maquinaria de autopromoción del gobierno funcionando a todo vapor, a pedido de un partido político minoritario, la Justicia le pone un freno a los desbordes del poder.

Cuando pasan estas cosas, se reaviva el orgullo por la democracia uruguaya. A escasos días de las elecciones y con la maquinaria de autopromoción del gobierno funcionando a todo vapor, a pedido de un partido político minoritario, la Justicia le pone un freno a los desbordes del poder.

En conducta ejemplar, el Partido Independiente presentó un recurso de amparo ante la flagrante violación a la neutralidad en que incurrió el portal web de noticias de Presidencia, por bajar a la arena proselitista y agraviar a la dirigente nacionalista Azucena Arbeleche.

Al juez Carlos Waldemar Aguirre no le tembló la mano a la hora de emitir un fallo adverso al Poder Ejecutivo. Significativamente, el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma respondió con una denuncia administrativa al magistrado, poniendo de manifiesto una incalificable presión de un poder del Estado sobre la independencia de otro.

Pero la jugada de Toma evidencia lo que será un tiro por la culata.

La ciudadanía no se deja engañar así nomás y cunde la indignación por el uso desmadrado de los medios públicos y privados, por parte de un gobierno que debería respetarnos a todos y cuyos recursos pertenecen a todos, para llevar agua al molino del Frente Amplio.

Ojalá este acertado fallo de la Justicia marque jurisprudencia y, más temprano que tarde y sin esperar al 15 de febrero de 2020, la desafortunada Ley de Servicios Audiovisuales caiga por su propio peso.

Esta ley chavista, que toda la oposición concuerda en derogar, habilita al gobierno a disponer de quince minutos de publicidad gratis por cada medio televisivo y radial (desde los canales abiertos de alcance nacional hasta cada uno de los que emiten por cable en todos los departamentos del país, así como también las emisoras), supuestamente para hacer "campañas de bien público". En realidad, ninguna de ellas ha informado sobre temas de verdadero bien público, como la importancia de una alimentación saludable, de hacer actividad física, de no fumar ni beber alcohol en exceso (del cannabis ni hablamos, porque prácticamente usaron la ley para promover su consumo). Tampoco se utilizan para concienciar sobre los accidentes de tránsito o el ejercicio responsable de la sexualidad para evitar enfermedades y prevenir el embarazo adolescente, o la apelación a realizar denuncias cuando se verifican casos de violencia basada en género. Nada de eso, para qué.

Utilizan esa ley nefasta para practicar un autobombo sin límites, vendiendo versiones edulcoradas de los resultados de la educación pública, a contrapelo con el desastre que demuestran las auditorías nacionales e internacionales.

La emplean para divulgar testimonios de gente humilde agradecida con el gobierno, a los que solo faltaría cerrarlos con el logo y la musiquita del FA.

Es tan desfachatado ese uso y abuso de recursos públicos que un jerarca de un canal de televisión ha comentado en forma reservada que estas campañitas, solo en el medio que él dirige, ocuparon nada menos que 22 horas de tanda publicitaria a lo largo del año 2018. Un empresario de comunicación, por su parte, reconoce que ni la empresa privada más próspera del país ha tenido semejante cantidad de aire de publicidad audiovisual. Por lejos, el gobierno es el anunciante número uno en utilización de espacios. No los paga, lo que constituye en sí mismo una expropiación a los medios, que se ven impedidos de comercializarlos. Y cuando se hace esa observación, saltan quienes dicen que las ondas pertenecen al Estado, por lo que este tiene derecho a disponer de ellas sin dar más explicaciones, por una supuesta apelación al “interés general”. Primero: ese “interés general” es en realidad la conveniencia electoral de poco más de un 30% de la ciudadanía, según las encuestas, así que no parece muy general que digamos. Segundo: si los inquilinos del poder tuvieran derecho a disponer de los espacios que comercializan los medios, a su antojo, entonces tendrían que hacerse cargo también de las pérdidas, cuando estos tienen que pagar sueldos e impuestos y no los pueden afrontar por sus magros resultados de ventas.

Pero quienes mantienen las orejeras ideológicas del colectivismo marxista difícilmente lo acepten: para ellos, los medios de comunicación forman parte de la "oligarquía" que se enfrenta al "pueblo", como sostienen sin tapujos.

Ojalá se multipliquen los recursos de amparo contra tanta arbitrariedad liberticida. Y ojalá el Poder Judicial siga demostrando estar a la altura de las circunstancias.

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