EDITORIAL

Gobernando con atraso

Con enorme retraso, a más de una década del plebiscito del agua, en el tercer gobierno del Frente Amplio se anuncia que empieza a mejorar la protección de la cuenca del Santa Lucía.

Con una década de atraso, el gobierno del Frente Amplio cumple parcialmente con la reforma de la Constitución impulsada para darle al Estado el control exclusivo del suministro de agua a la población. Con alborozo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente anunció que se logró una importante reducción de fósforo en aguas del río Santa Lucía, que abastece de agua a buena parte del país. Su informe es coincidente con uno similar de la Facultad de Ciencias.

Según un jerarca de la citada Dirección, el plan para proteger la calidad del vital elemento logró eliminar en su mayor parte los vertidos dañinos. Puso como ejemplo el caso de un frigorífico que en 2012 vertía 160 kilos diarios de nitrógeno y 22 de fósforo cosa que ya no hace, gracias a la aplicación de adecuados sistemas de prevención. La misma actitud adoptaron 21 industrias ubicadas en la zona, que invirtieron unos 30 millones de dólares para evitar la contaminación del Santa Lucía. “Se trata de plantas con reactores biológicos que eliminan nutrientes”, se explicó. Una acción similar se concretó con los tambos de la cuenca que rebajaron fuertemente el aporte diario de nutrientes con sistemas de gestión de efluentes de tambos.

Hasta acá todo muy bien, pero nadie podrá ocultar que el compromiso asumido por el Frente Amplio 13 años atrás fue incumplido en la mayor parte de ese lapso con los consiguientes perjuicios para la población. La reforma impulsada en 2004 por la izquierda y un grupo de ONG al grito de “el agua es vida” agregó media docena de párrafos al artículo 41 de la Constitución con el propósito de mantener ese servicio bajo la competencia exclusiva del Estado, lejos de las manos privadas. Uno de esos párrafos impuso la obligación de realizar “una gestión sustentable” para la preservación del “ciclo hidrológico” declarando que las unidades básicas a cuidar serían “las cuencas hidrográficas”.

Una vez llegado al poder, el Frente Amplio se tomó el tema con una calma contrastante con la apasionada urgencia con que impulsó el plebiscito del agua. Tanta calma que transcurrieron ocho años para que diversas instituciones públicas, entre otras el ministerio encargado del medio ambiente, tomaran las medidas necesarias. Por entonces había protestas por el mal sabor y peor olor del agua entregada por OSE, el ente declarado monopólico por el agrandado artículo 41 de la Constitución. Recién en 2013 se elaboró un plan integral para preservar la cuenca del Santa Lucía, víctima de los vertidos contaminantes de las industrias ribereñas, la depredación del monte natural en las orillas y el uso de agroquímicos en establecimientos rurales linderos.

El reciente informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente delata ese retraso colosal en cumplir con la Constitución cuando menciona el caso del frigorífico que hasta 2012, ocho años después de votada la reforma, seguía contaminando el río.

La desidia y el desinterés por el asunto terminó cuando la protesta popular por la mala calidad del agua creció hasta tornarse ensordecedora. Muchos recordaron el dramatismo que tiñó los discursos de aquella campaña “en defensa del agua y de la vida” propulsada por la izquierda y organizaciones ecologistas nacionales y extranjeras. “El agua es nuestra” clamaban tras denunciar el supuesto intento de multinacionales extranjeras por apoderarse de nuestros recursos acuáticos, entre ellos el acuífero Guaraní. Fue a iniciativa de las ONG que la reforma plebiscitada determinó que “los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos”. Esa obligación, como tantas otras en la materia, fue incumplida durante largos años.

Ni el gremio de OSE que tanto se movilizó para que el ente se tornara monopólico ni las ruidosas ONG que hicieron la campaña del 2004, denunciaron la omisión de los gobiernos frentistas en cumplir con el artículo 41. Guardaron cómplice silencio. Daba la impresión que todo aquel fervor estaba inspirado en desterrar del país a las empresas privadas que prestaban el servicio, particularmente en el caso de Maldonado. Lo sucedido en ese departamento fue expuesto como prueba de la inconveniencia de otorgarle el servicio del agua al sector privado. Sin embargo, dato sugestivo, Maldonado fue el único departamento en donde el plebiscito del agua no reunió los votos necesarios.

Así pasaron 13 años desde aquella reforma para que pudiera hacerse este anuncio de que tenemos una cuenca del Santa Lucía más limpia. En suma, una historia reveladora de la ineficacia con que se ha venido gobernando.

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