EDITORIAL
diario El País

El gasto público

Una de las discusiones de fondo que tiene la economía política en cualquier sociedad es cuál es la mejor forma de alcanzar los objetivos que todos consideran deseables.

Vale decir, todos estamos de acuerdo en que queremos vivir en una sociedad segura, con buena educación, excelente sistema de salud, acceso a viviendas dignas y todo aquello que hace a la calidad de vida de las personas. Las diferencias aparecen cuando se discuten los caminos para alcanzar estas metas.

Asumiendo que vivimos en algún grado de economía mixta, en la que coexisten Estado y mercado, tenemos básicamente dos opciones: una economía en que la solución provenga básicamente del sector privado o que provenga fundamentalmente del Estado. Es cierto que existe una tendencia estadística a que el porcentaje del producto que se lleva el gasto público suele ser creciente a medida que aumenta la riqueza de un país. Esto se debe a que tiene más recursos disponibles y muchas veces los destina a planes estatales, no que se llegue a la prosperidad con un Estado grande desde la pobreza como muchos parecen creer poniendo la carreta delante de los bueyes.

A medida que una sociedad se va estatizando, en el sentido de que dedica más recursos al gasto público, necesariamente quiere decir a mediano plazo que deberá incrementar la carga impositiva sobre la población en una relación similar. Vale decir, durante algún tiempo podrá manejar el déficit fiscal emitiendo deuda o dinero, pero más temprano que tarde las cuentas se pagan. Este mayor estatismo hace una parte creciente de la población esté bajo el régimen burocrático del sector público y una parte decreciente en el sistema de libertad del sector privado.

Esto implica que cada vez más gente se dedica a tareas rutinarias en que toma decisiones en el peor de los mundos: maneja recursos que no le pertenecen para fines que no le incumben en la mayoría de los casos. A su vez, el sector privado se va asfixiando bajo el peso de los impuestos y cada vez hay menos espacio para la creatividad y la cooperación voluntaria entre las personas para llevar adelante sus propios proyectos. Es un hecho estilizado que las sociedades que avanzan son las que logran innovar y las que logran innovar son las que generan innovadores que surgen en la libertad de la sociedad civil y no en una oficina de una oscura repartición estatal.

Estos argumentos son suficientes para comprender que el incremento del gasto público tiene un límite racional más allá del cual genera más problemas de los que soluciona, aunque siempre que se discute sobre un problema se termina cayendo en la idea de que es necesario aumentar el gasto público para solucionarlo. Es muy curioso cuando se discute por ejemplo el presupuesto de un país que se ve como evidentemente positivo incrementar el gasto en educación o en salud, ignorando que ese mismo incremento implica un menor gasto en esos mismos rubros decidido por las personas con sus propios ingresos.

Pero existe otro argumento más practico y cercano por el cual es claro que el incremento sostenido del gasto público es inconveniente y se puede comprender con ejemplos de nuestra propia historia y del presente. Los problemas macroeconómicos en Uruguay comenzaron a mediados de la década de 1950. A partir del estancamiento económico producto del estatismo y el proteccionismo, vale decir, del dirigismo, el incremento sostenido del gasto público mientras los ingresos fiscales no podían seguirle el ritmo llevó a que aparecieran el déficit fiscal, la emisión de dinero, la inflación, la emisión de deuda y el combo que conduce a la inestabilidad macroeconómica.

El incremento del gasto del Estado es incremento de impuestos, aunque esta última parte no se mencione hasta que se vuelve inevitable.

El siglo XXI también nos depara ejemplos muy gráficos. Hasta 2019 un Estado que prácticamente duplicó su gasto en términos reales en 15 años llevó a que se crearan nuevos impuestos como el IRPF o el IASS, que esos mismos impuestos que recaudaban mucho más de lo proyectado tuvieran que ser aumentados y que la presión fiscal, en definitiva se disparara. Uruguay fue mucho más rico en términos del producto pero eso no se sintió en la misma magnitud en la sociedad por lo que dilapidaba el Estado.

El incremento del gasto es incremento de impuestos, aunque esta última parte no se mencione hasta que se vuelve inevitable. Por eso también es que es tan relevante haber quebrado esta tendencia el año pasado, porque si no hubiera sido absolutamente inevitable una nueva suba de impuestos. Y como dijo Astori aunque no fuera consecuente con sus palabras, el Uruguay no soporta más impuestos.

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