EDITORIAL

Las garantías electorales

“El proyecto del oficialismo contraría lo que el pueblo votó por gran mayoría en el plebiscito de 2009, cuando no habilitó a que se revisara una definición política clave del país, como es la del voto exclusivamente dentro del territorio nacional”.

En pleno proceso electoral importa recordar que el Frente Amplio sigue firme en su idea de impulsar una reforma legal que permita el voto en elecciones nacionales desde el exterior.

El proyecto frentista contraría claramente lo que el pueblo votó por gran mayoría en el plebiscito constitucional de 2009, cuando no habilitó a que se revisara una definición política clave del país, como es la del voto exclusivamente dentro del territorio nacional. La gente se expresó sin ambages. El Frente Amplio, como con el caso de la ley de caducidad dos veces ratificada por el pueblo en 1989 y 2009, decidió ir en contra de lo definido por la voluntad popular.

La idea frentista es ir por el camino de transformar a los consulados uruguayos por el mundo en mesas receptoras de votos el día de la elección nacional. Para eso, se señala la conveniencia de que la Corte Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores lleguen a un acuerdo con el fin de que esos mismos consulados puedan también emitir credenciales para habilitar el voto. Incluso, el Frente Amplio ha planteado que se simplifiquen trámites de forma de que el registro electoral, que depende de la Corte Electoral, pase a integrarse con el registro civil.

No puede llamar la atención la maniobra frenteamplista. Primero, porque ya ha presentado antecedentes de no hacer caso alguno a lo que el pueblo define en voto libre y secreto.

Segundo, porque muestra un desprecio importante por la vieja tradición forjada en casi un siglo de avances institucionales, que sitúan al Uruguay dentro de las mejores democracias del mundo con respecto a las garantías que otorga para que los resultados electorales sean el fiel reflejo de la voluntad popular libremente emitida.

Esas garantías electorales son fundamentales para nuestra calidad democrática. La independencia de la Corte Electoral con relación a los poderes del Estado; la presencia de la representación partidaria al momento del escrutinio de los votos el día de la elección; la autonomía completa en la formación de un registro electoral que no dependa de voluntades políticas ligadas el Poder Ejecutivo: todas garantías bien pensadas por nuestro sistema institucional que el Frente Amplio, con su iniciativa, pretende deshacer en un arranque de autoritarismo político disfrazado de demagogia inclusiva en favor de los uruguayos radicados en el exterior.

La izquierda procura así cambiar las bases mismas de nuestra convivencia democrática a partir de las próximas elecciones de 2024. Cambiar, en definitiva, las garantías que a todos los actores brindan tranquilidad en el sentido de la legitimidad de los resultados proclamados. Porque, ¿qué garantía real podrá tener un partido de oposición de que efectivamente se lleve adelante correctamente la inscripción de los ciudadanos en el registro electoral, si los funcionarios destinados a esa tarea dependen políticamente del Poder Ejecutivo, como sería el caso de un consulado en el exterior? ¿Qué garantías tendrán del fiel reflejo de la votación obtenida en tal o cual consulado, si no pueden disponer allí de su propio delegado partidario como veedor que les de tranquilidad el día de la elección?

¿Acaso nadie se da cuenta de que se están generando las condiciones para que pueda haber fraude electoral y que, por tanto, se pongan en tela de juicio los resultados de los comicios y se pierda así el sustento de legitimidad más importante con el que cuenta nuestra democracia?

La izquierda parece no darse cuenta de que si aquí hubo una aceptación de resultados negativos por parte de una dictadura en 1980; una aceptación pacífica de resultados en los que la diferencia entre el primero y el tercero no fue de más de 35.000 votos, como ocurrió en 1994; o una aceptación de no ir al balotaje en 2004 por causa de unos pocos miles de votos en favor de Vázquez, fue porque, cada vez, todo el mundo confió en las garantías institucionales del sistema que dirige la Corte Electoral. En cualquier otro país, esos tres resultados podrían haber generado gravísimos enfrentamientos con muertos y heridos.

Son esas garantías las que el Frente Amplio quiere eliminar con su proyecto. Es sabido que blancos, colorados, independientes y partido de la Gente presentaron una acción de inconstitucionalidad en diciembre pasado por este tema ante la Suprema Corte de Justicia.

Pero más allá de esta respuesta institucional, importa tener claro cuál es el objetivo del Frente Amplio, a pocos días de que se inicie un ciclo electoral muy importante para el futuro del país.

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