Las elecciones de mayo de 2015 en Maldonado tuvieron un resultado muy importante: luego de 10 años de gobiernos frenteamplistas, el pueblo fernandino decidió volver a dar mayoría al Partido Nacional.

Ya en 2010, Paysandú, Treinta y Tres y Florida habían vivido alternancias similares. Sin embargo, Maldonado es diferente por al menos dos motivos. Primero, por su peso económico y su vínculo estrecho con la inversión extranjera ligada al turismo internacional. Segundo, porque a partir de ese crecimiento se ha transformado en los últimos años en un polo de atracción de migración interna e internacional, tanto zafral, para los trabajos de verano, como de residencia permanente.

Es por todo esto que Maldonado sufrió antes que el resto del país la crisis económica regional y sobre todo el bajón argentino de los últimos años del kirchnerismo. La merma de inversiones y actividad, sobre todo en el mundo de la construcción, fijó un contexto particular para las elecciones de 2015 que no se verificó tan claramente en otros departamentos. Así, la ola progresista de 10 años en Maldonado se terminó igual que como viene muriendo en toda la región, es decir, cuando se acaba el viento económico internacional favorable.

El problema es que la conexión de Maldonado con esa ola progresista también incluyó el mal gobierno. En efecto, como en Argentina o en Brasil pero a su propia escala, los fernandinos van tomando cabal consciencia de la pésima gestión que caracterizó al Frente Amplio. Ella se evidencia con los resultados de la amplia auditoría independiente que fue encargada por el actual gobierno de Maldonado y que abarca sobre todo el período 2009- 2015.

Para Phoenix Auditores, empresa encargada de la tarea, la gestión del gobierno frenteamplista hizo que se materializaran "riesgos relevantes que provocaron el incumplimiento o cumplimiento con bajo grado de eficacia, eficiencia, economía y efectividad de los cometidos, y perjuicios económicos que impactan en el pasivo estructural y comprometen la calidad de la gestión presente y futura". En su trabajo señaló que "la falta de información confiable sobre la aplicación de fondos, los incumplimientos en la normativa, quitándole transparencia a la operativa, las irregularidades y falta de criterios uniformes en la ejecución de los procesos administrativos, impactan directamente en pérdida de imagen, confianza y reputación" de la Intendencia de Maldonado.

A raíz de esta auditoría el intendente de Maldonado dispuso ocho investigaciones administrativas internas, pero además radicó tres denuncias penales en los juzgados de Crimen Organizado de Montevideo.

Sobre todas ellas seguramente habrá más información en los próximos meses. Pero hay dos temas en esas investigaciones administrativas que llaman la atención porque vinculan estrechamente al gobierno frenteamplista con su brazo sindical.

En efecto, la intendencia frenteamplista otorgó al instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt un predio y dinero para que construyera su sede en Maldonado, pero las obras efectivamente no se iniciaron. Por otro lado, fueron cerca de 12 millones de dólares los que dispuso para el sindicato del comercio (Fuecys), para que se ocupara de la limpieza de los espacios públicos en Maldonado pero sin entregar facturas como contraparte, ya que se hizo a través del régimen de donación modal.

Lo que da a conocer en este sentido esta auditoría no es excepcional. Pasó, por ejemplo, en la Argentina de Kirchner. De forma general, el sistema funciona así: el poder sindical, alineado ideológicamente con el gobierno, en realidad lo está porque obtiene beneficios. Todos ganan y todo queda entre compañeros progresistas. Por un lado, desde los sindicatos, se hacen movilizaciones favorables al gobierno, sobre todo en períodos claves como las campañas electorales; por otro lado, desde el gobierno, se otorgan dineros públicos que fluyen hacia los sindicatos sin rendición de cuentas.

Aquí también el gobierno nacional ha tomado decisiones en favor de los sindicatos. Por el lado económico por ejemplo, al facilitar la mayor recaudación de dineros de afiliados para el Pit-Cnt; por el lado de las disposiciones más políticas, al dar mayor protagonismo a la central en la gestión de sectores claves del Estado, como ASSE por ejemplo.

Pero con la auditoría en Maldonado lo que quedó al descubierto es otra cosa. Se trata de la forma concreta que allí tuvieron los favores políticos a los sindicatos durante la era frenteamplista. Y lo que se supo es muy grave.

EDITORIAL