En 12 años de gobiernos de izquierda la plantilla estatal está próxima a contabilizar los 300.000 funcionarios públicos, unos 70.000 más de los que había en vísperas de la llegada del Frente Amplio al gobierno.

El 31 de diciembre de 2004, vísperas de la llegada al gobierno del Frente Amplio, las personas que trabajaban para el Estado eran 229.454. Aun no se conoce la cantidad exacta de funcionarios públicos al 31 de diciembre de 2016, pero se estima que el total no está lejos de los 300.000. En 12 años de irrefrenable crecimiento de la burocracia la coalición de izquierda pobló las oficinas públicas con casi 70.000 nuevos funcionarios.

Salvo el clientelismo y la demagogia no hay otra razón para explicar tal exceso. Un incremento de esa magnitud no se justifica diciendo que el Estado uruguayo diversificó sus funciones y que reforzó la educación y la seguridad, dos sectores en donde sus fallas son flagrantes. Tampoco puede argumentarse que unos pocos miles de ingresados a la función pública en los últimos años ya trabajaban como contratados y que luego se formalizó su situación.

Desde la oposición la izquierda denunciaba el clientelismo de los partidos tradicionales. Alegaban que un burócrata más era un probable voto para blancos y colorados el día de las elecciones. Sin embargo, el pasado reciente dice otra cosa: que entre 1990 (gobierno de Luis Alberto Lacalle) y 2005 (gobierno de Jorge Batlle) el total de funcionarios se redujo de 261.122 a 229.454. ¡Treinta y tantos mil funcionarios menos! En conclusión, si la teoría es cierta fue el Frente Amplio y no los partidos tradicionales quien más ventajas electorales quiso sacar ensanchando la planilla estatal.

Primero Tabaré Vázquez y después José Mujica cargaron el presupuesto oficial de manera irresponsable. Casi a razón de 30.000 nuevos cargos por quinquenio se reparten las culpas entre ambos. En el caso de Vázquez recuérdese que propuso reformar el Estado, la nunca cumplida "madre de todas las reformas", según la llamó. Hablaba de racionalizar la administración sin agrandar la legión de burócratas. Se hizo lo contrario, muchas veces sin concurso y a dedo. En 2007 ¡una década atrás! Vázquez designó a Enrique Rubio como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el cometido expreso de concretar esa reforma. Rubio anunció entonces la creación de "un Estado más moderno, con menos funcionarios más capacitados, más eficiente, más cercano y más rápido". Da pena cotejar esas promesas con la realidad de hoy.

Mujica por su parte admitió en campaña electoral que "la madre de todas las reformas" no se había logrado en el primer gobierno del Frente Amplio ("no se hizo nada", dijo en tono burlón y lapidario). Y luego sentenció: "Si llego a ser gobierno este problema me puede llevar a la tumba, te lo garantizo... lo voy a encarar". Si lo encaró se notó muy poco pues el publicitado estatuto del funcionario público promovido por su administración apenas rozó la superficie del problema mientras la masa de funcionarios desbordaba los cauces. Ni siquiera se consiguió llevar adelante el plan de dotar a los administradores de la prerrogativa de destituir a funcionarios incumplidores por causas bien justificadas. Lamentable.

Ahora, cuando llegamos al filo de los 300.000 funcionarios actuales cabe preguntarse si al menos ese aluvión produjo resultados tangibles porque si así fuera al menos quedaría el consuelo de saber que el aumento de la burocracia no fue totalmente en vano.

Es sabido que la mayor porción de los ingresos se dio en la enseñanza pública, algo que a un observador poco informado le permitiría suponer que en los 12 años transcurridos se verificaron grandes progresos en el sector. No fue así sino que por el contrario, bajo los gobiernos frentistas la enseñanza fue decayendo a extremos inimaginables como lo prueban datos tan crueles como el que hoy indica que entre los uruguayos con 18 años cumplidos solo uno de cada cinco completó los cursos de enseñanza secundaria. Baste este solo ejemplo para demostrar las elevadas cotas de ineficiencia alcanzadas por el Estado uruguayo bajo los gobiernos frentistas.

Con ese lastre de burocracia creciente sin productividad visible es fácil comprender la razón del incremento tributario aplicable a partir del pasado 1º de enero, ese ajuste fiscal que Vázquez prometió que no haría y que finalmente hizo. También explica la suba de tarifas y el incesante afán recaudador de ese Leviatán hambriento de recursos para pagar los sueldos de la invulnerable legión de funcionarios públicos. Todo lo cual se descarga en el sector privado, el 80% de la fuerza de trabajo, que seguirá tirando del carro mientras el dispendio, la manga ancha y el más desaforado clientelismo siguen siendo las marcas registradas de la izquierda en el poder.

EDITORIAL