Editorial

Una fractura a remendar

No solo hay broncas sordas entre sectores que arrancan quizás con el decreto de ocupaciones, sino que como es notorio, todos los empresarios del país solo piensan con razón, en dar trabajo solo en caso de extrema necesidad.

Más allá de la durísima herencia económica que dejará el gobierno, queda otra peor, la social, caracterizada por una fractura entre capital y trabajo, responsabilidad exclusiva del gobierno. En efecto, buena parte de sus miembros encabezados por el ministro de trabajo, se han dedicado a instalar el odio "de clase" y es muy posible que el daño a estas alturas sea irreparable.

En lo económico es claro que el desborde, si bien no alcanza los extremos argentinos, es muy probable que le termine costando al país su grado inversor, lo que deriva de su inconducta fiscal y muy especialmente de una información a la que se la ha dado poca importancia. En efecto, en un reportaje de Economía y Mercado a Standard & Poors, las razones que expone con total ingenuidad esta calificadora acerca de por qué sostiene el grado inversor uruguayo son erradas y se parecen más bien, a haber comprado un discurso oficial de impostada seriedad y números de fantasía. Así, con un candor digno de mejor objetivo el entrevistado dice: "Nosotros entendemos que el gobierno está comprometido con el ajuste"… lo que denota que le creen a Astori, que no leen a Murro, a Mujica, a Moreira, que no conocen al Pit-Cnt, etc. Y por cierto que no miran los números. En efecto es curioso que piensen que la economía crecerá 2,6 en 2018 y 3% en 2019, cuando ya nadie lo piensa así; en particular en 2019 sería casi un milagro si se supera el cero. Y —peor aún— basan la fortaleza de la recaudación precisamente en ese crecimiento que ya nadie estima en ese número. También sostienen, con una ingenuidad insólita por su explosión de lo políticamente correcto, que la expansión del gasto se sostiene si la economía crece, cuando ya es notorio que no va a ser así. Peor aún si se tiene clara la trayectoria de nuestro rígido gasto público, esencialmente explicada por el aumento de 70 mil empleados públicos más. Desquiciada la economía que recibirá el próximo gobierno, con un MEF de piloto automático queda, como señalamos, otra fractura peor que es la de capital y trabajo. Precisamente esta semana trascendieron no solamente el renovado listado de empresas en problemas, sino declaraciones respecto de intervenciones oficiales contra ellas. Una muy significativa es la del presidente del centro comercial de Cerro Largo quien dijo que Murro se cree rey, pretendiendo imponer condiciones a las empresas privadas en sus decisiones libres como por ejemplo, cerrar o ajustar su plantilla. Y que se sienten acosados por los sindicatos y el gobierno. Es así y no solo en Cerro Largo. Es lo que pasó con la estación de servicio de Santa Clara, o con el durísimo conflicto de Conaprole, o con la aberrante ocupación del frigorífico Las Moras, antes con el de Salto, o con los cortes al ferrocarril, la guerra a UPM, antes a Ence, los actos del Sunca, etc.

En todos esos casos recientes un sindicalismo desbordado y alentado por los murros, se ha puesto por encima de la libertad empresarial y de los derechos a la propiedad. Y como se sabe, el MTSS por teléfono mete la pesada cada vez contra los empresarios tal como denuncia el comerciante de Cerro Largo. Todos estos episodios de conflictos fogoneados por un ministerio de trabajo patotero están logrando lo peor: que hay cada vez más veneno e irritación. No solo hay broncas sordas entre sectores que arrancan quizás con el decreto de ocupaciones, sino que como es notorio, todos los empresarios del país solo piensan, con razón, en dar trabajo solo en caso de extrema necesidad. Si uno lee las pautas del gobierno para los consejos de salarios, sorprende que los empresarios se queden en la mesa de negociaciones y se entiende que desesperados busquen el modo de no contratar a nadie. Y si lo hacen será en base a un sentimiento de ofuscación contenida no solo contra el gobierno sino contra el mismo trabajo. No debe llamar la atención pues, que ante la menor dificultad un empresario cierre o se vaya del país o reduzca su actividad, todo ello sin demasiadas consideraciones humanas porque siente que está en guerra: no puede echar gente, le ocupan la empresa, le realizan planteos salariales con el apoyo del Ministerio de Trabajo, pero sin consideración a la rentabilidad de la empresa; "patotean" con apoyo oficial, reciben telefoneadas de puro "pesadeo", y llegan incluso al chantaje como cuando en el caso de Santa Clara, el MTSS amenazó con mandar la DGI.

A la lucha de clases habrá que enfrentar otra superadora de colaboración y entendimiento entre capital y trabajo, seguramente con otro tipo de actores, sin Murros, con más república, más democracia, más estado de derecho. Contra la patota y el gesto agrio de todos contra todos. Remendando la fractura en lo posible.

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