EDITORIAL

Si alguien creyó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (conocida como Ley de Medios), impulsada solo por la mayoría del FA, era un tema exclusivo de diarios, semanarios, radios o TV, estaba y está equivocado: es un instrumento para asegurar la permanencia de ese partido en el poder.

Su ámbito de aplicación es muy vasto e incide en muchísimos aspectos de la vida del país (políticos, sociales, culturales, etcétera).

Hace pocos días se planteó en la Asamblea General la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), órgano máximo de esa pirámide burocrática, integrado por cinco miembros (uno por designación directa del Presidente de la República y los otros cuatro elegidos por la Asamblea General), con amplísimas facultades. No solo puede fiscalizar a los medios de comunicación (de la capital y del interior), sino que puede sancionar y aplicar multas, revisar la contabilidad de los balances, monitorear sus programaciones y controlar la compra de publicidad de los partidos políticos.

Y bien, ese órgano de facultades tan amplias, el Frente Amplio pretendió integrarlo solo con sus candidatos, sin permitir a la oposición ni siquiera proponer los suyos. Se sostuvo que solo podían votarse los candidatos surgidos de la comisión parlamentaria que estudió el tema, donde el FA jugó fuerte con su mayoría y no “llevó” otros nombres que los que presentó. O los votaban a todos o no votaban a nadie. Prohibido proponer y prohibido desglosar.

El senador Álvaro Delgado, miembro informante por la minoría, junto con el senador Pedro Bordaberry encabezaron las críticas. Delgado, tras reiterar que se trata de una ley inconstitucional calificó el procedimiento seguido por el FA de autoritario, peligroso, claramente ideológico, y que será inmediatamente derogada en caso del triunfo blanco en las próximas elecciones. Bordaberry por su parte coincidió en las críticas y agregó que tener que votar solamente una lista confeccionada por el oficialismo es típico de partido único (como en Cuba) “y de partido único en reiteración real”. Por ahora, estas designaciones fueron postergadas.

Otro episodio amparado por la Ley de Medios fue denunciado el martes por Pablo da Silveira en su columna de opinión: la emisión por TV abierta, gratis, de un falso documental, bajo el rótulo de “campaña de bien público” que establece el art. 95 de la Ley de Medios, donde se relata “el renacer de una escuela gracias a la acción salvífica de OSE”. Nada muy diferente a lo que hacía la publicidad institucional de Ancap en tiempos de Raúl Sendic. Ocurre que quien decide si algo es “una campaña de bien público”, es el propio Poder Ejecutivo.

Y si a esto del “bien público” en manos del gobierno frenteamplista se agrega -en la propia Ley de Medios- el reparto de la publicidad gratuita para los partidos políticos durante la campaña electoral, tenemos el combo perfecto. El FA, con su mayoría de votos en el Parlamento, ha presentado un proyecto de ley -que ya fue aprobado en el Senado- para repartir esa publicidad de acuerdo con los resultados de la elección pasada: 40% para el FA; poco más de un 20% para el Partido Nacional; un 8% para el Partido Colorado y un 3% para el Partido Independiente. Los partidos nuevos (Partido de la Gente por ejemplo) y los menores, hacen cola por el 5% que deberán distribuir entre todos.

Se olvida -nada menos- que en una democracia todos somos iguales y en materia electoral no se puede permitir que unos (que son además los que tienen mayores recursos) se apoderen de la publicidad gratuita y de la posibilidad de que los más pequeños, o los que recién ingresan al ruedo electoral, expongan sus puntos de vista. Todos deben tener exactamente las mismas oportunidades y tiempos. La igualdad no es un principio que se acomoda a determinada ideología u oportunidad, ni es un tema de porcentajes. Es un principio democrático y debe aplicarse siempre; todos son -o deberían serlo- iguales ante la ley.

Ya existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre un artículo parecido declarado inconstitucional, porque “no solo viola el principio de igualdad, sino una de las bases del sistema democrático, esto es, la libertad de expresión de pensamiento de los partidos políticos (…). El principio debe ser que los partidos políticos participen en condiciones de igualdad y no discriminación”, pero insisten.

No hay dudas de que la sensación de derrota y el malhumor tienen al Frente Amplio en situación desesperada. Pero de ahí a arrasar con todo lo que se le cruce hay una gran diferencia. Este país se llama república y este país se llama democracia.

A no olvidar.