Estaba visto que al nuevo gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou no le iba a ser fácil enderezar un estado al que el gobierno saliente lo dejaba con un 5% de déficit, fruto del monumental gasto público que el FA no hizo más que aumentar irresponsablemente, en el tiempo de las vacas gordas.

Sin haber tomado ningún resguardo para cuando las extraordinarias condiciones económicas internacionales que le tocaron en suerte a las administraciones frentistas durante casi quince años se desinflaran y se frenara el viento de cola que empujó al país todo ese tiempo. Inesperada bonanza que permitió el aumento de bienestar de buena parte de la población, por más abusos, despilfarro de los dineros públicos y errores de conducción que se cometieran.

Sin embargo, el descontento de la gente por la falta de seguridad fue creciendo sin parar al tener que sufrir una delincuencia envalentonada por la impunidad reinante. El hartazgo de la ciudadanía por tener que vivir en una continua zozobra, se hizo cada vez más fuerte y notorio.

Fue creciendo el reclamo de las personas cansadas de vivir un país donde te asaltan mientras estás en la parada o aún dentro del ómnibus. Que puedes morir a manos de cualquier desalmado al volver a tu casa en moto luego de la jornada laboral o llevar algún pedido. Que tener un comercio o trabajar en un almacén de barrio es como jugar a la ruleta rusa; te toca o no te toca, que te roben o te metan un tiro que te deja muerto o discapacitado. Y qué decir de las bandas de narcotraficantes, de las bocas de expendio de drogas, a vista y paciencia, del vecindario amedrentado además de los recurrentes tiroteos que hasta acaban con la vida de una niña que juega despreocupadamente en su hogar. El no poder salir de tu casa si no hay quien te la cuide, el temor de que tu hijo no llegue de su empleo o del centro de estudios. El tener que convertir las viviendas en una especie de cárcel, rodeadas de rejas, perros, alarmas, guardias, (costos que se suman a la batería de impuestos o tasas para quien pueda pagarlos) más las cifras demenciales de asesinatos y femicidios.

Mientras en Argentina, durante el período de Patricia Bullrich al frente de la Dirección de Seguridad se logró abatir el crimen hasta llevarlo en 2019 a ser el segundo país con menor índice de criminalidad en Latinoamérica, con un índice de 5,3% homicidios cada 100.000 habitantes en 2018, en Uruguay, el dato en ese mismo año se ubicó arriba del 11% cada 100.000 habitantes.

La descomposición social que se percibe hoy en Uruguay y la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos en la actualidad, a pesar del crecimiento económico experimentado a lo largo de tantos años, demuestra que no solo se trata de más dinero para que ocurra un completo desarrollo. La fractura cultural, de la mano de la decadencia en la educación pública son dos grandes fracasos de la administración frenteamplista.

Si algo estaba claro al momento de las elecciones, era que la gente que cumple con la ley no quería seguir viviendo bajo la ley de la selva. Esa fue una de las razones por las que votaron por el cambio. Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional junto a la coalición de cuatro partidos que lo acompañan, tomaron cuenta de la desesperación de la sociedad. Prometieron dar respuesta y de inmediato, la población pudo percibir que el reclamo de mano dura para con las políticas de seguridad había sido escuchado y era correspondido. No en vano, la reforma constitucional impulsada por el hoy ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sumó más de un millón de votos. Casi un 47% de los sufragios apoyó la iniciativa.

Al día siguiente de la transmisión de mando, a las 9 de la mañana, el nuevo presidente se reunió con la cúpula policial, acompañado de las autoridades de la cartera. Se dio la señal inequívoca de cual sería la actitud del presente gobierno frente al delito. Desde entonces, la población ha sido feliz testigo del despliegue y la actividad de las fuerzas policiales que han ido en busca de los delincuentes y los reductos de venta de droga. Ya de entrada se incautaron estupefacientes valorados en más de US$ 80 mil y tampoco los individuos sospechosos han quedado al margen. Por su parte, el ministro de Defensa Javier García ha sacado de la inercia la legislación que prevé la vigilancia de las fronteras por las FF.AA. y el propio presidente, a diferencia de su antecesor, enseguida se presentó a darle sus condolencias a la familia de la mujer policía asesinada, otro agente del orden ultimado por un forajido.

Sin embargo, desde la izquierda no hay ni un reconocimiento. Solo críticas y voces de alarma contra la policía.