Editorial

La fiesta más cara

Los números asustan. El solemne acto de ayer de los ministros Cosse y Astori en el que se informó de la "intervención" de Ancap puso, entre otras cosas, blanco sobre negro el costo de la fiesta de derroche y dispendio que ha sido ese ente en los últimos años.

Para empezar, el Estado uruguayo, o sea, todos los que contribuimos con nuestros impuestos a mantener una estructura que supuestamente estaría para servirnos, volcará directamente unos 630 millones de dólares. A esto hay que sumar unos 250 millones de dólares más que vendrán de un préstamo externo que, aunque a veces no se explica tan claro, significará un aumento del endeudamiento externo del país. Casi 900 millones de dólares que será necesario volcar al ente emblema del Estado uruguayo para que este no baje la cortina.

Y eso no es todo. Según un estudio del economista Ignacio Munyo, lo que los ciudadanos hemos volcado a Ancap como sobreprecio del combustible en estos años, suma ya más de US$ 500 millones. Con lo cual la cifra de la fiesta en Ancap trepa a niveles de escándalo.

Pero, aunque parezca mentira, los números no son lo más indignante de todo esto. Es el hecho de que dos ministros de Estado anuncien públicamente esta situación inaceptable, pero que no haya ningún tipo de cambio en la conducción de la empresa, ni se informe al pueblo de quienes son los responsables de esta crisis onerosa e inexpiable.

De golpe, parece que llevar al filo de la quiebra a una empresa que vende un producto de primera necesidad en un régimen monopólico, tomando decisiones de inversiones ruinosas e inexplicables, es algo normal, comprensible, justificable. Si no, no se entiende que los ciudadanos debamos volcar todos esos millonarios recursos, que tanta falta hacen en otras áreas, para salvar a una empresa que va a seguir siendo gobernada por el mismo equipo que la llevó a su actual situación penosa.

Por ejemplo, así como a la pasada, la ministra Cosse anunció en la conferencia que se va a revisar el porcentaje de biocombustible que se mezcla a las naftas porque resulta demasiado caro. O sea que lo que está diciendo es que la millonaria inversión que se hizo en Alur no sirve para nada. Entonces, ¿quién es el responsable técnico que tomó la decisión de hacer esas inversiones? ¿Quién es el responsable político? ¿Ninguno va a pagar ningún costo por errarle de manera tan escandalosa a la hora de manejar la plata de todos los uruguayos?

Lo mismo pasa con la inversión en la planta de cemento, en el aumento de los costos de distribución, y tantos otros proyectos faraónicos que se acometieron en la última década por parte de Ancap, y que lejos de generar activos y nuevas fuentes de ingresos para el ente, solo suman pérdidas y números rojos a los ya de por sí complicados balances de la empresa. ¿Nadie se hace cargo? El intendente de Montevideo Daniel Martínez, el vicepresidente Raúl Sendic, el actual presidente de Ancap, José Coya, los gerentes que han tomado decisiones ruinosas con bienes públicos, muchos de los cuales encima se negaron a concurrir a la comisión investigadora del Parlamento. Ninguno parece tener el mínimo sentido de dignidad y amor propio como para salir a la palestra y pedirle disculpas a la ciudadanía, que deberá pagar ahora el costo de sus malas decisiones.

Pero por encima de esto hay dos figuras que resaltan por su peso político y su relevancia en los últimos años, cuya actitud no debería pasar desapercibida a los ciudadanos que pagarán esta fiesta: el actual ministro de Economía, Danilo Astori, y el senador José Mujica.

Ambos, por acción o por omisión, son los responsables políticos centrales de este drama que tuvo su epicentro en el período anterior cuando uno estaba a cargo de la economía del país, y el otro ocupaba la Presidencia. Ambos han distraído a la opinión pública con una pelea epistolar ridícula, echándose culpas por el desaguisado del que son responsables en partes equivalentes. Pelea que ahora parece haber quedado escondida solo por cálculo político.

El tiempo dirá si en todo este escándalo de Ancap han habido delitos, tráfico de influencias, o simplemente malas decisiones tomadas por gente ignorante, poco preparada, o negligente. Pero el pueblo, la ciudadanía, los contribuyentes que serán esquilmados para que "nuestra" Ancap siga navegando, deben saber que hay una responsabilidad superior que tienen derecho a exigir. Y esta se reclama en las urnas y con votos. Todos los que han tomado parte en este desaguisado deberían pagar el costo de su ineptitud. Si la gente no cobra esa cuenta, después no habrá derecho a queja que valga.

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