Feto no viable

De tanto en tanto es bueno detenernos en los grandes temas. En los asuntos de fondo. Sobre todo, cuando de vez en cuando surgen voces desnorteadas que los encaran con manifiesto error, por supina ignorancia. Tal es el caso del Poder Judicial y de la peregrina y muy peligrosa idea de volver a crear un Ministerio de Justicia, que recientemente ha vuelto a circular. Como se sabe, durante la execrable dictadura hubo un Ministerio de ese carácter, de muy infeliz memoria, que sólo sirvió para recortar fuertemente la independencia del Poder Judicial, no ascender a los jueces de notorias convicciones democráticas y aún cesarlos arbitrariamente. Tal fue el caso del Dr. García Otero, entre otros.

Los argumentos que se han dado, en favor de la errada iniciativa, son de pobreza franciscana. Así, el de que en otros países existe ese Ministerio. Ya hemos dicho, en otras ocasiones y con motivo de otros dislates, que "razonando" de tal suerte habría que restablecer en el país la pena de muerte, ya que la horrenda sanción sobrevive en otras naciones. O tratar a las mujeres como seres sin derechos que es lo que se estila en no pocos países del mundo islámico. Otra de las razones aducidas en pro de que resucite el Ministerio identificado con la tenebrosa figura del temible penalista y fiscal Bayardo Bengoa, es que conviene crearlo a fin de transferirle el cúmulo de funciones administrativas que ejerce la Suprema Corte de Justicia, con mengua del tiempo que dedica a dictar sentencias.

Uno de sus ministros, el Dr. Leslie Van Rompaey, ha salido al cruce de esta macana, informando que la Corte ha delegado en el jerarca de sus servicios administrativos la mayoría de esas atribuciones y que, en consecuencia, está emitiendo sus sentencias en tiempo razonable. Sobre todo, en los asuntos que le llegan por vía de casación. Pero, con ser ello cierto, como lo es, no hace sin embargo al nudo gordiano que imposibilita la institucionalización de un Ministerio de Justicia que, por imperativo constitucional, carecería prácticamente de competencias. No lo han advertido, quienes promueven la idea, en razón de que son poseedores de la "ignorancia vastísima" a que suele aludir la distinguida profesora Pérez Santarcieri.

En mérito de ella, que es absoluta e irrestricta en materia constitucional, desconocen que compete a la Suprema Corte de Justicia el nombramiento de todos los Jueces, -sin excepción alguna-, el de los Defensores de Oficio y el de todos los empleados del Poder Judicial, así como "Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial". Todo ello, de acuerdo al art. 239 de la Carta, numerales 4°, 5°, 6°, 7° y 2°. De manera tal, que el Ministerio de Justicia, a menos que previa reforma constitucional se le transfirieran, al menos, algunas de dichas atribuciones, sería un ornato institucional innecesariamente adosado al Poder Ejecutivo. Y su titular no tendría prácticamente nada que hacer.

Tanto es así, que para dotar de competencia al Ministerio de Justicia, quitándosela a la Corte -a la cual, además, le birló el calificativo de "Suprema"- la dictadura debió darle vacaciones a la sección XV de la Lex Magna y dictar el horrendo Acto Institucional N° 8, que la restablecida democracia se encargó de suprimir en 1985, de modo que la Constitución volviera a regir en su plenitud. Como también procedió, por ley, a eliminar el justamente vituperado Ministerio.

El Frente Amplio, en aquella sazón, acompañó ambas supresiones. Ahora, que es gobierno, surgen en su seno voces que abogan por lo contrario. Entre ellas, la de Felipe Michelini, autoproclamado candidato a ocupar la titularidad del Ministerio nonato, quizás en mérito a su histórica gestión en la subsecretaría de Educación y Cultura, a la que accedió como premio consuelo, en razón de haberlo privado el pueblo de su escaño parlamentario. No tiene conocimiento, como el inolvidable Dr. Chiarino, de que se trata de "un feto no viable", al decir de Justino Aréchaga.

También se ha dicho, desde sus tiendas políticas, que el Poder Judicial es el menos democrático de los poderes. No tiene porqué ser más -ni menos- democrático, desde que no es un poder político. Es, al igual que los otros dos, uno de los tres "poderes representativos que establece esta Constitución". Y es, fundamentalmente, un poder independiente, condición esencial que quieren menoscabarle los promotores del Ministerio de Justicia.