El nuevo gobierno y la aparición de la pandemia llegaron prácticamente juntos. Solo 12 días separan a uno y otro.

El presidente Lacalle Pou y la coalición republicana estuvieron condicionados desde un principio para actuar; enfrentaron un camino desconocido, sembrado de amenazas imprevisibles y peligrosas que obligaron día a día a tomar decisiones de fondo, sin tiempo para pensar y actuar en profundidad.

Sin embargo, un año después, el Presidente mantiene más del 64% de aprobación a su gestión que recibió tras el primer mes de asumir. Es muchísimo en este escenario que vivimos.

Este porcentaje es más valioso cuando se observa que se ha alcanzado debiendo lidiar día a día con una oposición que no digirió nunca su derrota, que funciona cargada de revanchismo y con la marca de mala perdedora. Que solo aporta piedras y cascotes al camino del país. Es lo que ha hecho el Frente Amplio y su fiel compañero el Pit-Cnt. Desde un principio buscaron las formas de obstaculizar al gobierno o golpear en algunos de sus integrantes. Y en esta tarea, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, se convirtió en uno de sus principales objetivos. Hace unos meses se “indignaron” y arremetieron porque había declarado en su carácter de perito en el juicio de Aratirí con el Estado uruguayo. En aquel momento las acusaciones y críticas vinieron de parte de Lucía Topolansky, Carolina Cosse y el inefable Javier Miranda, más el tradicional ataque militante a través de las redes sociales. Ahora vuelven a la carga con otro protagonista.

El “nuevo” Partido Socialista, engrupido con su abrazo al vetusto y fracasado marxismo de otros tiempos, salió a reclamar la renuncia de Alfie y de la ministra Azucena Arbeleche porque una empresa del director de la OPP fue exonerada de impuestos en el marco de los beneficios tributarios de la ley de inversiones y acusó que el gobierno “viene implementando una política clasista y antipopular que beneficia a sectores minoritarios de la población, a los que pertenecen los propios gobernantes y perjudica a la mayoría. Esta orientación ha sido acompañada de varios actos que tienden a beneficiar directamente a integrantes del gobierno, los cuales se ha intentado justificar o encubrir cuando se hacen públicos”.

Vayamos por partes: la ley de Promoción de Inversiones es la N° 16.906 del año 1998. Ha tenido varios decretos reglamentarios para su aplicación. Establece en términos generales una puntuación para distintos ítems que puede tener una inversión: gestión de empleo (creación de nuevos puestos de trabajo, presencia de mujeres y menores de 25 años entre otros); descentralización (no es lo mismo invertir en Montevideo que en Artigas, por ejemplo); aumento de exportaciones; tecnologías limpias; inversión en investigación y desarrollo; indicador sectorial. Sobre esa bases y, si se alcanza determinada puntuación, corresponden las exenciones tributarias. Es un tema técnico y cuasi matemático.

Además, esta Ley “clasista y antipopular que beneficia a sectores minoritarios de la población”, nunca fue derogada por el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno con mayorías parlamentarias automáticas. Lejos de eso, se aprobaron en ese período cuatro nuevos decretos reglamentarios para ajustarla a sus exigencias, ideología o a su antojo: en el 2007 (primer gobierno de Tabaré Vázquez), 2012 (gobierno de José Mujica), 2015 y 2018 (segundo gobierno de Vázquez). Lo de “clasista y antipopular que beneficia a sectores minoritarios” nunca le preocupó al Partido Socialis- ta mientras estuvo en el gobierno, pero sí se rasga las vestiduras ahora en la oposición.

Alfie, que no tuvo problemas en desistir de esos beneficios tras un diálogo con el presidente Lacalle Pou, había presentado su solicitud de exoneración tributaria en el año 2019 cuando aún era gobierno el FA. “Entre mediados y fines de 2019 realicé una inversión en mi estudio profesional y en diciembre de ese año, dentro de la ley y al amparo de una decreto del año 2007, como es usual y cualquiera puede hacerlo, presenté el proyecto para obtener los beneficios generales de la ley”, describió el jerarca.

La solicitud de Alfie pasó a una comisión técnica multidisciplinaria encargada de pronunciarse sobre las propuestas. Las acepta o las rechaza y se pronunció ahora. Su cargo no tuvo nada que ver. Y eso lo sabe y lo sabía el Partido Socialista, pero no le importó. Lo suyo es tratar de embarrar la cancha, crear feas sospechas y ensombrecer la imagen del gobierno.

Así les va y así les va a ir.